Probables escenarios para Chile y el Gobierno

Tras las reuniones sostenidas por separado durante la jornada de ayer, con sus respectivos antecesores, tanto el Canciller Heraldo Muñoz como la Presidenta Michelle Bachelet, se preparan para recibir este jueves la respuesta de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sobre su competencia o incompetencia para conocer la pretensión boliviana de acceso soberano al océano Pacífico.

Los escenarios probables que se abren a partir de la decisión de los jueces, no solo serán de importancia estratégica en términos de la preservación o pérdida de soberanía territorial para Chile, sino que resultarán clave para el futuro político inmediato, y de algún modo, para el futuro remoto.

Si este jueves la CIJ se declara incompetente para conocer la demanda altiplánica, ello implicará un reconocimiento explícito de los argumentos chilenos respecto a la vigencia de los límites entre los dos países, establecidos en el Tratado de 1904; misma instancia que se refiere al acceso marítimo de Bolivia por territorio chileno (que incluye la construcción del Ferrocarril Arica-La Paz y el uso del puerto de Arica), y que evidencia el apego de Chile a los tratados.

En consecuencia, de declarar que no tiene jurisdicción para conocer el fondo de la reclamación boliviana, la CIJ daría por concluida la tramitación del libero y procedería a cerrar el caso. Los argumentos de Chile se basan en sostener que la CIJ no tiene competencia para conocer la demanda, pues, en virtud del Pacto de Bogotá, no habría temas pendientes entre Bolivia y Chile, por tratarse de un tema resuelto en un tratado anterior a la suscripción del pacto en 1948.

Si este fuese el caso, miel sobre hojuelas, Chile podría respirar tranquilo. El asunto sería archivado y Bolivia tendría que decidir si desestima su reclamación, o busca otra instancia para reponerla. Tal decisión de la Corte no solo traería tranquilidad a la diplomacia chilena, sino al propio Poder Ejecutivo, y en particular, a la Presidenta Bachelet, quien más que anotarse un triunfo diplomático de proporciones, evitando que el país ceda parte de su territorio, bien podría descontar algunos errores no forzados, en especial, en el ámbito de la confianza perdida y de su cuestionado liderazgo.

En definitiva, frente a un veredicto favorable, el Gobierno podría abocarse a sus tareas internas, para lo cual dispone de un plazo de más de dos años.

Complicaciones

El asunto podría traer complicaciones si la CIJ decide que sí tiene jurisdicción para conocer y fallar la demanda boliviana, pues, ante un resultado adverso para Chile, que lo obligue a entregar territorio, con o sin soberanía, sería un problema que la administración Bachelet traspasaría a los siguientes gobiernos, cuestión que por estos días resulta de difícil pronóstico, toda vez que la propia Bachelet pasa por su peor época en materia de aprobación ciudadana y de falta sintonía política con sus opositores. No solo eso: si la CIJ decide intervenir, ello abre un nuevo e impredecible flanco para Michelle Bachelet, así como para la diplomacia nacional.

Si Chile se ve expuesto a una instancia procesal de larga duración, como suele acarrear este tipo de litigios internacionales, resulta difícil predecir cómo ella afectaría la marcha del Gobierno y el curso de los próximos escrutinios municipales previstos para un año más, así como las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2017.

A diferencia del diferendo con Perú –visto por la misma Corte Internacional de Justicia, y que implicó la pérdida de 22 mil kilómetros cuadrados de mar para Chile– en esta oportunidad lo que se arriesga es la pérdida de tierra, y en el peor de los casos, de soberanía sobre ese territorio.

Escenario en extremo complejo para el Gobierno, el que en poco más de 18 meses de gestión, ha demostrado poca habilidad para resolver asuntos internos de menor calado. Que una Corte decida administrar justicia entre dos países limítrofes, como Chile y Bolivia, implica el riesgo de una decisión salomónica, la que no siempre es justa. Si Chile es conminado a darle salida al mar a Bolivia, independiente de las consecuencias históricas, será el Gobierno el que deba implementar esa decisión. Y será, como nunca antes, la sociedad civil la que escrutará el manejo del Gobierno.