Proceso constituyente en Bolivia: La Refundación de un País

Cuestión de estilo. La bandera boliviana tiene tres colores y un escudo; la wiphala tiene ocho que se reparten en cuadros pequeños. Los aymaras dicen que representa la unidad en la diversidad. No por nada en Bolivia hay 36 nacionalidades que conviven. “Tres colores es fome –comenta un anciano quechua– si hay tantos”. Los colores estallan en gorros, aguayos y cintillos; representan a los cuatro suyu y es la representación de las actividades diarias del hombre andino en el tiempo y en el espacio. Hay quienes sostienen que el emblema se usa desde hace más de dos mil año

Sobre esta tradición se erige el actual proceso de refundación de un país de población mayoritariamente indígena que jamás había sido gobernado por un moreno, desde su independencia en 1825, sino hasta la llegada al poder del dirigente cocalero Evo Morales el 2006, proceso que instaura la necesidad de refundar el país a través de una Asamblea Constituyente. Claro que la idea no era nueva. Entre 1952 y 1985 el pensamiento operante entre los dirigentes bolivianos fue la recuperación de las riquezas económicas. Se nacionalizaron las minas, hubo reforma agraria, voto universal y reforma educativa, desde una óptica de nacionalismo revolucionario.
La iniciativa surge luego de la aguda crisis provocada desde que en 1985 se implementaran políticas neoliberales parecidas a las operantes en Chile. Diversos sectores sociales a principios de la actual década acusaron a la dirigencia boliviana que ocupaba el Estado, de no asumir la responsabilidad política de ser garante del bien común y promotor del ejercicio y protección de los derechos humanos y la justicia social, la exclusión de las naciones originarias y su ausencia en el desarrollo social, económico y cultural del país. “El resultado de estas políticas fue la precarización de las condiciones de vida y trabajo de muchos, incrementó la desigualdad social, la exclusión y la debilidad institucional del Estado, institucionalizó las relaciones clientelares de los partidos políticos tradicionales generando mecanismos de corrupción en la repartición de los cargos públicos de todos los poderes”, acusa a El Ciudadano Saúl Apaza, dirigente de regantes y cocaleros.

EN LAS CALLES Y EN LA CONSTITUYENTE

La Asamblea Constituyente deberá consensuar y redactar el texto de la nueva Constitución, sobre la base de acuerdos mínimos de convivencia pacífica y un Estado incluyente. La demanda partió con movilizaciones de comunidades campesinas e indígenas en 1990 y 2003. A juicio de Lino Poma Comanac, del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Collasuyo, la oportunidad dada con Morales en el poder catalizó el proceso ya socializado en las bases sociales. “Nos eleva que un hermano nuestro esté en el gobierno. Antes éramos discriminados en el acceso de poder, no se daba cabida a gente indígena y no accedíamos a ocupar cargos públicos; ahora los indígenas estamos participando en el proceso constituyente, hemos aprendido a exigir derechos y saber usar las movilizaciones”, explica Poma.
Ya el 2006 aprobaron la Ley de Reconducción de la Tierra, que apunta a dotar de propiedades colectivas de tierra a pueblos y comunidades campesinos, además de eliminar el tráfico de ella. Esto, según Poma, “tiene que ver con la cosmovisión indígena de propiedad colectiva de la tierra y no a título individual. Los títulos comunitarios no permiten que las tierras se negocien y así nadie lucra con ellas y la usa la propia comunidad”.
En la década del ’90 surgen los Instrumentos Políticos por la Soberanía de los Pueblos, IPSP, instancias de convergencia de las diversas organizaciones que propugnaban un cambio. La Agenda de Octubre, firmada luego de la caída de Lozada el 2003, planteó como primera acción llamar a la constituyente. Las consignas fueron: una democracia más directa, la nacionalización de los recursos naturales y más presencia indígena en la estructura del Estado.
“Si en un año logramos cambiar 3 presidentes, en un hecho insólito para el movimiento social –comenta el dirigente paceño Jorge Vilca- había gran conciencia del pueblo de su capacidad de lograr cambios. Aún tenemos claro que el proceso nos pertenece y no a los partidos políticos. Por eso estamos vigilando que el gobierno de Morales no se desvíe un milímetro a la derecha”.
Cecilia Uraesca, dirigente vecinal de La Paz agrega que “Bolivia no es una sola nación. En ella habitan diversas naciones, pueblos y culturas con derecho a una convivencia solidaria y pacífica. Por ello proponemos fundar un Estado plurinacional unitario en el que haya pluralismo jurídico, político, cultural y lingüístico; descentralizado y con autonomías territoriales”

TROPIEZOS EN EL CAMINO

Eduarda Villa, de La Paz, cuenta que “la diferencia con los gobiernos anteriores no es tanto la raza, sino que se hagan bien las cosas, que haya una buena gobernación, que no se explote a nadie y no se vendan los recursos naturales. Los gobiernos anteriores vendieron el gas, Entel, la empresa de ferrocarriles. Si sentíamos que a nosotros mismos nos vendieron. Evo ha parado eso”.
Delia Terceros, de la Federación de Regantes Bartolina Sise, comenta que “el proceso constituyente ha sido largo, pero está rindiendo sus frutos. Como la actual Constitución ha sido copiada de un país europeo, como ocurre en muchos otros países, queremos una constitución propia, en que participemos todos en su formación. No queremos una que sirva para vender el país y manejar a los bolivianos. Por eso partimos por defender la diversidad. Todos queremos ser partícipes: chicos, grandes y viejos”.
La Asamblea Constituyente vio a luz el 2005 con 255 representantes de las distintas regiones del país. Pese a que recientemente ha tenido importantes tropiezos, como con la pugna abierta por algunos asambleístas que quieren dirimir si Sucre o La Paz es la capital o las antiguas pretensiones de las provincias del norte, como Santa Cruz de la Sierra, de obtener completa autonomía. Uraesca plantea que “a diferencia de lo que proponen esas provincias, nosotros queremos autonomía para todos, no sólo para las grandes urbes”.
Juana Marca, de la Federación de regantes, sostiene que “el proceso nos ha costado porque las leyes no eran para nosotros, los pueblos originarios. La derecha ha parado el proceso constituyente porque no quiere la nueva ley. Queremos un cambio total para nuestra descendencia y que la ley favorezca a los pueblos originarios”.

RECHAZO AL TLC

ampesinas e indígenas de Bolivia han consensuado un documento de propuestas a la Asamblea Constituyente para que en la nueva constitución boliviana se explicite la protección a acuerdos de libre comercio. La idea surgió el 2004 en La Paz, en el Tercer Encuentro Boliviano contra el ALCA, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, y el TLC, Tratado de Libre Comercio, promovido por Estados Unidos y firmado sólo por Chile en la región. La propuesta maduró en sucesivos encuentros en Cochabamba y Oruro.
“El peligro que vemos en los TLC’s es que dos terceras partes de ellos se ocupan de asuntos ajenos al intercambio de mercancías entre países y abracan muchos otros ámbitos que atañen a la vida de las personas, como la salud, educación, medio ambiente, agricultura y recursos naturales”, acusa Cecilia Uraesca, dirigente vecinal de La Paz. Poma Comanac, del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Collasuyo agrega que “estos tratados más que apostar por la vida humana, apuntan a proteger el capital y convertir a nuestros países en lugares atractivos para la inversión extranjera. O sea, se da una protección privilegiada al capital a través de legislaciones y tribunales especiales para los inversores, políticas de protección intelectual que van en desmedro de la circulación de conocimientos, libre circulación de semillas y alimentos transgénicos y el patentamiento de seres vivos, plantas y animales”.
Por ello el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración de los Pueblos, explicitó 7 principios para el debate y negociación de cualquier acuerdo internacional. El primero apunta a hacer irrenunciable en toda negociación y firma de acuerdos la transparencia, el control y participación social y la preservación de los derechos humanos.
El segundo punto dice que cualquier inversionista debe regirse por principios bioéticos de responsabilidad con las generaciones futuras, transferir tecnologías en el lugar de su inversión y utilizar mano de obra y profesionales nacionales. El tercer y cuarto punto apuntan a que el Estado asuma el control del comercio exterior evitando el monopolio y que prevalezca la lógica social y no mercantil en la gestión de servicios como el agua y energía.
Los otros puntos persiguen que las leyes sean soberanas por encima de cualquier acuerdo internacional, que la salud es un derecho humano y que el Estado debe comprar productos preferentemente nacionales.

Roberto Machaca, cocalero:
«La hoja de coca es la madre del poder político

El movimiento cocalero que llevó al poder en Bolivia a Evo Morales, surge luego de la promesa del presidente Hugo Banzer a los norteamericanos, a mediados de los ’90, de erradicar totalmente los cultivos de coca en Bolivia. Una marcha inicial de los cocaleros de 600 kilómetros desde Cochabamba a La Paz generó tal apoyo popular a su paso y un ingreso con vítores a la capital boliviana. Pese a que obtuvieron un acuerdo de parte del gobierno, al regreso al trópico los militares volvieron a atacar las plantaciones de coca, planta de uso milenario y considerada sagrada por los pueblos aymará y quechua.
Roberto Machaca, presidente del Tribunal de Honor del Movimiento al Socialismo, MAS, y dirigente cocalero comenta que “nuestros antepasados tuvieron un respeto fundamental a la sagrada hoja de coca. Y nosotros la seguimos utilizando como un símbolo de respeto, de dignidad y por los múltiples uso que tiene”.

-¿De qué forma se intentó erradicar los cultivos de coca?

-Desde 1984 el gobierno quiso erradicar la coca, prohibiendo desde el almácigo. En las zonas cocaleras del Chapare los gobiernos neoliberales trataron de extirpar el cultivo de la hoja de coca, con la llamada campaña Coca Cero. Se trajeron proyectos para reemplazar cultivos, como plátanos, camote o palmitos, cosa que no resultó. Pero la acción más malévola fue la intervención armada en las comunidades, con muchas muertes y violencia, de parte del Ejército boliviano y miembros de la DEA norteamericana. Esa militarización generó un enfrentamiento entre bolivianos, entre padres e hijos.

-¿Qué importancia tiene la hoja de coca en el origen del actual proceso en Bolivia?

-La hoja de coca es la madre del poder político que hemos logrado en Bolivia, es la madre del instrumento político que hemos resuelto. A través de los sindicatos y las 6 federaciones del trópico de Cochabamba hemos defendido el uso de la hoja de coca.

-¿Por qué hay una Comisión Coca en la Asamblea Constituyente?

-En la constituyente queremos hacer respetar como una hoja sagrada y milenaria a la coca. Hay que generar un marco de respeto a una tradición nuestra.

-Se menciona la industrialización de la hoja de coca ¿qué iniciativas hay al respecto?

-Como queremos despenalizar a la coca a nivel internacional el 2009, en la próxima Convención de Drogas que se hará en Viena debemos probar los diversos usos que tiene esa planta. Sabemos, por ejemplo, que tiene más fósforo que el pescado. Se instalarán tres plantas de industrialización en Chulumani, Coripata y el trópico de Cochabamba, las que procesarán mate, licor y harina de coca. Además en el norte de La Paz se han instalado fábricas de jabones y productos medicinales a partir de la hoja. En nuestros mercados ya hay una demanda y hay mucho interés en otros países de conocer estos productos. Por ahí va el camino.

LA EXPERIENCIA DE AGUAS DEL TUNARI

En la discusión un punto central ha sido la propiedad y gestión de recursos como el agua y la energía. Saúl Apaza, de la Asociación Nacional de Regantes y Sistemas Comunitarios de Agua Potable de Bolivia, comenta que “partimos definiendo que el agua es un derecho humano universal y no una mercancía. Además su gestión debe ser con participación de las comunidades que viven de ella. El dominio del recurso es de todos los bolivianos. Son más de 9 artículos dentro de la comisión y para que hagan uso del agua mineras o petroleras, debe pasar por una consulta a los pueblos dueños de ese recurso”.
La experiencia la habían ganado luego del rechazo en Cochabamba a un contrato firmado en 1999 con el acuerdo de todas las autoridades municipales y estatales, que entregaba la propiedad del agua a la empresa extranjera Aguas del Tunari, pese a que toda la inversión a realizar se financiaría con el dinero de los consumidores. Es decir, se apropiaba del agua potable sin poner un peso.
La acción generó un importante rechazo de la población y una subida del cien por ciento en la tarifa del agua potable fue la gota que rebalsó el vaso. La resistencia al acuerdo fue a partir de la convocatoria a cabildos abiertos que guiaron la movilización y levantaron un sólido frente social, que en octubre de 2000, luego de una protesta de siete días, lograron la partida de Aguas del Tunari y parar una ley de privatización del agua.
Marca recuerda que “el proceso sirvió para que nos planteáramos la gestión de los recursos. Hoy en Cochabamba se constituyó una empresa público social para administrar el recurso agua con un directorio en donde participa la ciudadanía”
Eufrosina Rozas, regante de Cochabamba, considera que “el agua es un recurso más para nuestras vidas, para el riego y la producción. Por eso Aguas de Tunari la rescatamos de los empresarios que se habían adueñado de ella. Tenemos lagunas y pozos cerca de nuestras comunidades, agua que tiene que mantenerse siempre para los regantes”.

COMISONES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE BOLIVIANA
Para ordenar la discusión acerca de la nueva Constitución y el rol del Estado boliviano, se dividió en 21 comisiones el trabajo constituyente de Bolivia. No tienen copyright, por lo que se pueden copiar a este lado del mapa.

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Por Mauricio Becerra

+ Info:
www.boliviasoberana.org
www.constituyente.bo