¿Proceso constituyente o volador de luces?

Se dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. A la luz de los hechos y reacciones en torno a una nueva Constitución, por estos días el dicho cobra vigencia. En efecto, desde que en abril pasado –tras recibir el informe de la Comisión Engel–, la Presidenta Michelle Bachelet anunció en La Moneda que en septiembre se iniciaría un ‘proceso constituyente’, no fueron pocos los que desde la sociedad civil se ilusionaron con la idea de contar con una nueva Constitución, moderna y democrática, y por tanto, capaz de desarticular cualquier resabio autoritario, brindando garantías a todos, no obstante las más de 150 reformas realizadas a la Constitución del 1980, en los últimos 25 años.

Una Carta Fundamental de la que se espera mucho (o todo): no sólo que sea democrática en su esencia, sino participativa en su génesis e inclusiva en su articulado. Desde ya el anuncio presidencial genera expectativas con miras a una inclusión ciudadana inédita en materia constituyente en el país. Sin embargo, la medida también desata temores y rechazos de amplio espectro, partiendo por la oposición –vinculada de principio a fin a la Constitución guzmaniana, y beneficiada por ella, mediante su sobrerrepresentación, y su endémico afán de no efectuarle cambios sustanciales–, hasta esa parte de la ciudadanía poco informada, desinteresada e indiferente, que suele encogerse de hombros al momento de ejercer su soberanía.

Las expectativas aumentaron cuando en abril Bachelet habló de una fecha concreta para el inicio del proceso. “La tarea que hoy emprendemos se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una nueva Constitución”, sin especificar quiénes la redactarían, ni mucho menos, quiénes la aprobarían, o si ambos verbos serían conjugados por una Asamblea Constituyente y su consecuente Plebiscito, o en último término, solo por el Congreso Nacional. Luego agregó: “Por eso quiero anunciar que en septiembre daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos merecemos”.

Sin embargo, solo recién este lunes 3 de agosto –tras el mediático cónclave de la Nueva Mayoría, que definió el itinerario para lo que resta de gobierno– Bachelet reflotó el proceso constituyente, reiterando su compromiso con él, ocasión en la que precisó que en una primera etapa los esfuerzos se enfocarán en la educación cívica, con el objetivo que la ciudadanía comprenda de qué se trata el proceso. Con todo, al interior de la Nueva Mayoría evitan hablar de ‘proceso constituyente’, y prefieren hablar de ‘nueva Constitución’, como una suerte de reconocimiento explícito del escaso crédito con que cuenta el primero.

Proceso constituyente

“(Un proceso constituyente) es la forma en que se aborda una reforma, o la generación de una Constitución. En el caso chileno siempre debe hacerse a través del Congreso Nacional”, explica el senador RN Andrés Allamand (LUN, 2/5/15). En el mismo medio, el abogado constitucionalista Rodrigo Delaveau, al responder la pregunta ¿quién es la persona encargada de redactar la nueva Constitución?, afirma: “Los que proponen reformas constitucionales son los parlamentarios, o el Presidente de la República, y eso se somete a la discusión del Congreso, y cuando se adquieren los consensos necesarios se redacta la Carta Fundamental”.

Ambas respuestas se alinean con la hegemonía de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la hora de emprender la creación de las normas jurídicas, marginando al ciudadano común y corriente de cualquier iniciativa. Una muestra evidente de la nula voluntad de abrirse a la posibilidad de una Asamblea Constituyente. No solo eso, las referidas afirmaciones representan el sentir más conservador del país. “Una visión oligárquica, sesgada, absolutamente elitista del tema constitucional; hay una desconfianza profunda, incluso entre los partidos de izquierda, el PPD y el PS, respecto a una Asamblea Constituyente, el propio Camilo Escalona habló ‘fumadores de opio’ en referencia a quienes la queremos”, comenta el senador Alejandro Navarro.

En tanto, el propio ministro del Interior, Jorge Burgos, recién asumido su cargo le cerró la puerta a una Asamblea Constituyente. “El mecanismo como tal, no está en el programa de gobierno (…) cualquier cambio constitucional pasa por hacerlo dentro de las reglas, y eso pasa por el Congreso”, ha dicho, aun cuando reconoce la necesidad transversal de una nueva Constitución, no obstante elogiar las bondades de la actual: “Ha sido eficaz” (La Tercera).

Jorge Burgos

Frente a ello, la sociedad en su conjunto aspira a cambios reales, mediante una Constitución que se haga cargo de sus demandas, que se adapte a los cambios sociales, y que sea capaz de garantizar la necesidad de una mejor democracia. Todo ello en el marco de la mayor crisis de confianza política del último cuarto de siglo, donde la ciudadanía y el mundo político protagonizan un quiebre terminal, evidenciada a través de la altísima abstención, cercana al 60 por ciento en los comicios de 2013.

A lo anterior se suma un elemento que está llamado a establecer la diferencia: la ciudadanía dejó de ser pasiva. “La sociedad civil está mucho más activa que antes, quiere mecanismos participativos en la toma de decisiones, los partidos políticos perdieron el monopolio en el ejercicio de la política”, explica el senador independiente Alejandro Guillier.

Las pulsiones de la Nueva Mayoría

Que el lunes 3 de agosto Michelle Bachelet haya mencionado entre sus prioridades para lo que resta de gobierno aspectos como la ampliación de la gratuidad a algunas universidades privadas, seguridad ciudadana y crecimiento, sin referirse al proceso constituyente como una tarea clave de su mandato, abre un flanco a nivel de la desconfianza pública que genera su anuncio de abril. No solo en la gente, también en el oficialismo, donde en privado muchos lo miran con recelo, incluso, optan por no hablar, como el caso del senador Ignacio Walker, quien declinó esta entrevista, aduciendo problemas de agenda.

“No hay que desconocer que existe la posibilidad que la oposición se empodere del proceso a nivel de las organizaciones sociales; es un riesgo, pero hay que avanzar”, aseguran voces al interior de la Nueva Mayoría, reconociendo que “la UDI, en particular, ha hecho una pega fuerte en los sectores poblacionales”. Por ello prefieren enfocarse en las cifras “que por cierto, nos preocupan, por lo que el gobierno se abocará a cuestiones específicas, como transporte público, por ejemplo, sin dejar de lado la necesidad de una nueva Constitución”.

Aunque en el oficialismo existe cierta voluntad de apoyar a la Presidenta en la consecución completa de su programa, respecto al proceso constituyente las aguas tienden a separarse, dando cabida a múltiples matices, desde los que lo apoyan de modo irrestricto hasta quienes van más allá, como el senador Alejandro Navarro, quien está convencido que durante este gobierno no habrá nueva Constitución.

Tras el último encuentro oficialista el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, se refirió a la voluntad política de la Presidenta en materia constituyente. “Siempre lo dijimos: nueva Constitución, así está establecido en el programa, el que (sin embargo) no señala que la nueva Constitución va a estar editada y promulgada durante el actual gobierno”.

“Como partido queremos una nueva Constitución, que sea validada por la soberanía ciudadana, con profundo conocimiento de causa de qué cosas están en juego, con pronunciamientos inequívocos que representen esa voluntad ciudadana”, afirma el secretario general del Partido Comunista, diputado Lautaro Carmona, quien descarta involucrarse en un mecanismo conducente a cambios secundarios, que no apunten al fondo del asunto. “Lo primero es dar cuenta de una Constitución que se impuso bajo una dictadura”.

Carmona asegura que en materia constituyente su partido está por dar cuenta histórica “de la peor y más limitada manifestación de la voluntad ciudadana en lo que fue la Constitución del año 80, que fue la refundación del capitalismo más extremo, pero que tiene repercusiones en la política, en la expresión social; desaparecen los derechos sociales”.

El parlamentario afirma que todo lo anterior “es batallar en la forma y en el contenido la expresión más reaccionaria de concebir una sociedad, una sociedad de privilegios para una minoría. No es posible que sigan en el mercado el agua y la energía”, dice. El propósito de plantearse una nueva Constitución por la vía de superar la actual “es profundamente democratizador y democrático, es de la esencia de la democracia que la va a ensanchar”. Y agrega: “Si la batalla de ideas es de calidad, (ésta) nunca le tiene temor a nada, y por eso que el mecanismo más cercano es la Asamblea Constituyente”.

“Aquí lo que vale –responde Lautaro Carmona– como también en otras materias, es que la diversidad de pensamientos, miradas y acercamientos que tengan las figuras políticas, está subordinada a la convocatoria de lo que decida la Presidenta; de modo que cuando el ministro Burgos opina, lo hará, cuando más, en su condición de ministro del Interior, pero no a nombre de la Presidenta”.

Por su parte, la senadora DC por Magallanes, Carolina Goic, asume la iniciativa presidencial como un compromiso irrevocable. “El proceso constituyente es una necesidad de nuestro país, es un compromiso que asumimos y tenemos que cumplir; las encuestas de hoy no nos preocupan, por el contrario, lo que hacen (las cifras negativas en la aprobación de la Presidenta) es reafirmar la necesidad de abrir espacios vinculantes de participación para discutir la validez democrática de una nueva Constitución”, asegura, y reconoce que la necesidad de una nueva Constitución estaba desde un principio en el programa de gobierno de la Nueva Mayoría. “La Presidenta nunca le ha hecho el quite, esto tiene que ver con una gestión de cuatro años, donde hay una serie de compromisos que cumplir; en eso ella ha sido clara en entregar un itinerario, ayer (lunes) lo reafirmó. Cabe recordar que modificamos el sistema binominal, que representa una mejora política sustantiva en favor de la representación de los ciudadanos en el Parlamento; la propia reforma tributaria, el acuerdo de unión civil; en fin, hay una serie de iniciativas que hemos concretado”.

En esa misma línea el presidente del PDC, senador Jorge Pizarro, sostuvo: “Vamos a iniciar el proceso con la ciudadanía y los distintos actores que puedan aportar en esta materia, como se definió en el cónclave, con una etapa previa de educación cívica; siendo realista, una nueva Constitución la tendremos en un próximo gobierno. Lo más importante ahora es avanzar en el debate ciudadano, y comenzar a hablar de los contenidos, qué derechos van a estar resguardados, qué tipo de régimen político nos regirá, si vamos a seguir con un sistema presidencial, o uno semi presidencial…”

El senador DC asegura que el apoyo de la Nueva Mayoría al proceso constituyente fue definido en el cónclave del lunes 3. “El ministro del Interior va a hacer de cabeza de este proceso, y nosotros le haremos propuestas de cómo debemos desarrollar este debate, tendremos que buscar fórmulas que permitan motivar a la gente a través de los gobiernos locales, de los municipios, las universidades, los centros de pensamiento, cabildos abiertos, todo lo que sea necesario.

Pese a que diversos parlamentarios de la Nueva Mayoría consultados por El Ciudadano en la sede del Congreso en Valparaíso, se mostraron consecuentes con el apoyo dado durante el cónclave al proceso constituyente de la Presidenta, ninguno de ellos demostró tener claridad sobre la forma precisa y los plazos para ejecutarlo, por lo que resulta comprensible que éste aún no consiga elevar el nivel de entusiasmo ciudadano.

¿Será acaso que el escaso 26 por ciento de aprobación le está pasando la cuenta a la Mandataria para emprender esta iniciativa? El senador socialista Carlos Montes es taxativo respecto al capital político con que cuenta Bachelet. “Frente a esa inquietud, (ella) es la Presidenta de Chile”. Firmeza con la que sale a relativizar el momento de la medición de Adimark. Sin embargo, Montes, en la misma tónica de sus colegas, tampoco habla con precisión, tanto del proceso en sí como de su etapa previa, anunciada como instructiva en materia de educación cívica-constitucional. “No lo sé, ella tiene que definirlo; hay muchas alternativas, entre ellas, la de Islandia, con mil 600 delegados elegidos al azar; lo importante es generar un debate lo más amplio posible”. El parlamentario PS no se cierra a una Asamblea Constituyente y reconoce que su partido la contempla como posibilidad. “Es una alternativa, que tendría que ser refrendada por el plebiscito respectivo”.

En rigor, aun cuando en abril la Presidenta Bachelet habló de “diálogos, debates, consultas y cabildos”, a menos de un mes del estreno de dichas instancias, por el momento no hay nada material que evidencie el interés concreto del Ejecutivo en echar a andar el proceso. ¿Será que la Presidenta lanzó la piedra en pleno otoño y acabará escondiendo la mano en la primavera?, ¿habrá previsto las reales consecuencias de convocar a una instancia de participación ciudadana tan rimbombante, sin estar dispuesta a afrontarlas?, ¿tendrá piso político para darle vida a su proyecto, o éste no es más que un recurso publicitario?

Sea que lo prometido se haya ido desdibujando, entre otros factores, por la sostenida baja en la popularidad de la Mandataria –que en agosto llegó al 26% de aprobación, en tanto que el rechazo alcanzó el 70%, según Adimark); sea porque el Gobierno se ha concentrado en otros flancos, como las reformas (laboral y educacional), o acaso la Nueva Mayoría ha reevaluado el proyecto al considerarlo más como amenaza que como oportunidad de cercanía con el electorado –o que no responda a las expectativas–, lo cierto es que cuesta entender que el referido propósito siga ocupando un lugar preferente en la agenda de La Moneda y de la Nueva Mayoría, no obstante que la ciudadanía continúa aguardando ilusionada que se concrete la invitación a aportar sus ideas.

Respecto a la viabilidad del proceso, el senador independiente Alejandro Guillier, sostiene: “Creo que la Presidenta está mucho más convencida que la propia Nueva Mayoría, incluso, más que su equipo político y colaboradores. En muchas materias me he encontrado con esa realidad; en descentralización y regionalización, por ejemplo, es ella quien está empujando el carro. Ella intuye, como pocos políticos, los cambios en la sociedad chilena. En este cónclave la vi muy decidida, además supe que le había dado especiales instrucciones al ministro (Nicolás) Eyzaguirre para trabajar con el ministro (Rodrigo) Valdés a objeto de sincerar bien los números; ella quiere que se le caiga la menor cantidad posible de proyectos. Ella sabe que apostó, que está cruzando el Rubicón, por lo tanto, no hay vuelta atrás, recogerlas (las reformas) sería un desastre, hay que cumplir con lo que se le prometió a la gente, pero mejorando y haciéndolo bien; probablemente haya que jerarquizar un poquito, porque el Estado chileno no ha sido capaz de manejar tantos proyectos complejos al mismo tiempo”, lo cual se explica, según Guillier, por las restricciones presupuestarias, cuestión que no afecta al proceso constituyente.

“Es cierto que la Presidenta quiere llegar a una nueva Constitución, pero yo creo que nadie en el Gobierno tiene claro el camino, y por lo tanto, se está jugando al tanteo, que es crear un estado de discusión a través de lo que ella anunció para septiembre mediante los cabildos, que es como empezar a discutir el tema, y a partir de eso ir tanteando el ambiente; mi impresión es que el horizonte que tiene es dejarle esta tarea al próximo gobierno. No está dentro de las prioridades de corto plazo”, dice Guillier.

Guillier explica que la mayoría de los parlamentarios, incluidos los de la Alianza, coinciden en que Chile requiere descentralizarse. “Para avanzar a la descentralización hay que asumir que se necesita un nuevo Estado, unitario, descentralizado, por lo tanto, hay que establecerlo en los principios constitucionales del Estado, pues, cada vez que haya conflicto entre autoridad local y autoridad nacional, va a prevalecer la autoridad nacional; no hay reforma significativa de descentraliza el poder si no existe un marco constitucional diferente, en consecuencia, la Constitución del 80 no es un tema ideológico, como algunos piensan, ni es como ajustar cuentas con lo que fue el régimen militar, es que la Constitución del 80 está en un contexto de Guerra Fría, de economías muy arrinconadas, la chilena en particular, un sistema político muy cerrado. Hoy día el país quiere potenciar sus regiones, ellas están reclamando su lugar, los partidos políticos, aunque no lo hayan percibido, perdieron el monopolio del ejercicio de la política. Las organizaciones sociales, sin tener vocación del poder en sí mismo, quieren tener protagonismo en la toma de decisiones y en la definición del desarrollo del país. Hoy se habla de administrar una enorme diversidad de intereses, y ella necesita una camisa nueva; la Constitución del 80 inhibe todos estos procesos y la política no está funcionando”, concluye.

Cualquiera sea el resultado del ‘proceso constituyente’ del que trata este reportaje, y si éste acaba o no abriéndole paso a una gran Asamblea donde los ciudadanos puedan acicalarse con el perfume de una auténtica democracia, al final habrá que evaluar –parafraseando al comediante Daniel Alcaíno–  si todo no se trató más que de un proceso ‘emífero’, una promesa tan burda como los mediáticos Presupuestos Participativos que se ‘discutían’ en Santiago Poniente, donde el queque venía cortado desde la alcaldía familiar, tan canalla como prometerle a un niño llevarlo al parque, a sabiendas que el parque no existe.