Los intentos de censura de la oposición a la decisión de la mesa de la Cámara de Diputados al admitir la moción que busca la anulación de la nefasta ley de Pesca (también conocida como Ley Longueira) fue ayer rechazada por 62 votos en contra, 24 a favor y 11 abstenciones. El reclamo de la derecha, que apoya la ley de pesca junto a los gremios empresariales, estuvo dirigida contra quienes conforman la Mesa, los diputados Marco Antonio Núñez (Presidente), Patricio Vallespín (Primer Vicepresidente) y Denise Pascal (Segunda Vicepresidenta).
Defendiendo a la directiva de la Corporación, el diputado Ricardo Rincón (DC), jefe de la bancada DC, criticó que la UDI «pretende por la vía del Reglamento censurar las posturas políticas del programa de gobierno y legislativas del programa de la Presidenta Michelle Bachelet. Nuevamente otro error, toda vez que la censura es a la Mesa y no al gobierno de la Presidenta porque no hay facultad para hacer esa censura».
Por su parte, el diputado Manuel Monsalve (PS), jefe de la bancada PS, defendió la autonomía de la Mesa y de la Cámara, recordando el apoyo entregado ante la decisión de declarar admisible la moción que propone anular la Ley de Pesca. «No pueden las instituciones democráticas de Chile seguir funcionando como si en Chile no hubiese pasado nada», afirmó.
«Presidente (Núñez), aquí se ha hecho alusión a la autonomía. La autonomía de la Cámara de Diputados tiene que hacerse uso no para responder a los intereses de un grupo de diputados. Usted tiene la obligación constitucional de usar esa autonomía para defender los intereses de los chilenos», manifestó el legislador.
Ayer las críticas a la decisión de la Mesa coparon las informaciones de los medios del duopolio y otros afines al gran empresariado y a Chile Vamos. El presidente de la Sofofa, Hermann Von Mühlenbrock,), dijo que la iniciativa presentada por los diputados del partido Comunista Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez carece de toda legalidad y que marcaría un precedente sumamente negativo para futuras leyes.
«Nos preocupa la transgresión de esta iniciativa a la normativa vigente y su impacto en la seguridad jurídica», comentó el líder de la Sofofa y añadió que «esta es una ley que cumplió con todos los trámites legislativos correspondientes, siendo el mismo Congreso quien la aprobó por mayoría y donde se determinaron las condiciones bajo las que operaría el sector en los próximos años».
Pero no solamente entre la derecha y el empresariado. También las críticas han venido desde el gobierno. El Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dijo ayer que «vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad.
«Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine«, señaló este ministro democratacristiano.
Otra opinión levantó el diputado y presidente de la Izquierda Ciudadana, Sergio Aguiló, quien acusó a la UDI de intentar, a través de la censura a la mesa de la Cámara Baja, declarar inadmisible el proyecto de ley, impulsado por la Bancada PC-IC que anula la Ley de Pesca N°20.657 y que se consiguió junto al esfuerzo de las organizaciones de pescadores artesanales del país – COREPA y CONDEPP- que reunieron 80 mil firmas en señal de rechazo a la mantención de esta nefasta legislación.
El parlamentario responsabilizó a la oposición de elaborar una fallida estrategia para levantar un juicio político al programa de reformas de la Presidenta, Michelle Bachelet. “No sólo eligieron un mal camino, sino que en su mensaje acusó a la mesa de la Cámara de Diputados de ser cómplices de una agenda de transformaciones, a las que se oponen”.
Sergio Aguiló emplazó a la Unión Demócrata Independiente a responder sobre la complicidad que tuvo el senador, Jaime Orpis, calificado por la Fiscal a cargo del Caso Corpesca, Ximena Chong, de ser virtualmente un empleado de esa empresa. “Tanto Orpis como la UDI son cómplices de una ley que se aprobó en 2012, a través de un ilícito como es el cohecho”, dijo.
El presidente de la Izquierda Ciudadana emplazó también a SONAPESCA y, en particular, a su presidente, Francisco Orrego a “hacer negocios limpios antes de involucrarse en la actividad política contingente y calificar de manera incorrecta un acto absolutamente constitucional, como es la facultad y el legítimo derecho del que gozan los parlamentarios de presentar mociones de ley que han sido declaradas admisibles por la mesa de la Cámara Baja, como en este caso puntual el proyecto de anulación de la “Ley Longueira”.
El parlamentario de la Nueva Mayoría advirtió que “se ha violado la soberanía popular al momento en que intereses empresariales, de industriales de la pesca, pagaron para conseguir una legislación que los beneficiara en perjuicio de 80 mil familias que viven de la pesca artesanal. Le pregunto a Francisco Orrego, ¿hay Estado de Derecho cuando se financia a un senador y se transforma en un empleado de CORPESCA?”.
Aguiló también emplazó al diputado Nicolás Monckeberg (RN) a hacer declaraciones con sentido y criterio lógico, debido a sus dichos en el sentido de que con la admisibilidad de la anulación de la Ley de Pesca, se está habilitando a que cualquier parlamentario, en cualquier momento de la legislación vigente pueda (a cualquier proyecto) por una mayoría circunstancial declararlo nulo de derecho público. “Las mayorías no son circunstanciales. El pueblo de Chile que, cada cuatro años vota en las elecciones parlamentarias, le da mayoría a unos u otros. Las únicas mayorías circunstanciales que han existido en Chile fue cuando hubo senadores designados y no había expresión soberana de representación en el Parlamento”.
El diputado, Sergio Aguiló afirmó, en forma categórica, que “Nicolás Monckeberg se equivoca al expresar que el 62% con el que ganó la Presidenta Michelle Bachelet y que la mayoría parlamentaria que hay, hoy en día, es circunstancial. Él no está respetando la democracia y el veredicto que la ciudadanía hace cada cuatro años”.