El presidente de la República Gabriel Boric promulgó la mañana de este jueves la cuestionada Ley Naín-Retamal dentro de un paquete de normas de la agenda de seguridad aprobadas en los últimos días por el Congreso.
En un acto reservado en La Moneda, el Mandatario y los titulares de Interior, Carolina Tohá; vocera de Gobierno, Camila Vallejo; de Defensa, Maya Fernández, y de Justicia, Luis Cordero, guardaron un minuto de silencio antes de firmar la promulgación de las leyes.
Además de Naín- Retamal, Boric promulgó la modificación a la Ley sobre Control de Armas, para aumentar la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos.
También la que modifica el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro en determinados casos y la que refuerza las competencias de Gendarmería de Chile y crea un delito general de extorsión.
Cabe recordar que durante el segundo trámite constitucional, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó ayer a ley el cuestionado proyecto Naín-Retamal, que refuerza y protege la función de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, así como de la policía marítima y de aeronáutica civil.
La normativa endurece las sanciones penales para quienes agredan y, especialmente, maten a un carabinero, detective o gendarme. De igual modo, restringe los beneficios carcelarios para los inculpados.
También contempla la presunción de la legítima defensa, manteniendo dicha regulación en el Código Penal y no en el Código de Justicia Militar. El texto definitivo acota esta presunción, en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
Con la aprobación y despacho de la Cámara , el texto quedó en condiciones de ser promulgado como ley, siempre y cuando no se recurra al Tribunal Constitucional (TC).
Apruebo Dignidad sin piso para recurrir al TC
Cabe destacar que la promulgación de estas leyes -que ahora pasan a Contraloría para la toma de razón- ocurren pese a la oposición manifestada por Apruebo Dignidad a la ley Naín-Retamal. Y si bien en la coalición se había anunciado que llevarían la norma al Tribunal Constitucional por los artículos que elevan penas o restringen beneficios carcelarios a quienes atenten contra policías, esta mañana, la diputada de Revolución Democrática y segunda vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, descartó esta opción, debido a la decisión del Ejecutivo de acelerar su promulgación, lo cual acotó los márgenes para ir al tribunal.
Añadió que “cambia el plan a partir de lo que ha anunciado el Gobierno hace unos momentos, que ha definido promulgar un paquete de medidas legislativas entre las cuales se encuentra Naín-Retamal, otras importantes también como el control de armas”.
Esto “inmediatamente descarta la alternativa del Tribunal Constitucional y nos hace más bien cambiar el rumbo hacia el trabajo en otras medidas que efectivamente contribuyan a proteger a Carabineros de Chile y a la población”.
Consultada sobre si sus dichos representan el sentir toda la coalición, la legisladora indicó que estaba hablando “por todos, porque en los hechos no podríamos hoy introducir el requerimiento al TC, dada la promulgación”, consignó Emol.
Precisó que “la oportunidad para presentar la inconstitucionalidad en el TC es cinco días después de despachada la ley y siempre antes de promulgada la ley. Entonces, en la práctica, es imposible presentar el requerimiento ante el TC si el Gobierno anunció la promulgación para hoy”.
Ley sumará más violencia e impunidad
El despacho del Congreso y ahora la promulgación por parte de Boric de la controvertida ley ha generado una lluvia de críticas y rechazo por parte de ciudadanos y académicos que catalogan esta iniciativa como una carta blanca para la impunidad de Carabineros frente a las agresiones contra la población.
El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, criticó el acuerdo alcanzado en el Senado el pasado martes.
Cabe recordar que en la votación en general, la moción contó con 40 votos a favor, 5 en contra de Fabiola Campillai (IND), Esteban Velásquez (FRVS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD) y cero abstenciones.
Según Nash, se trata de algo “parecido al 15 de noviembre, un acuerdo en la noche sin control, que no se discute” y que terminó por favorecer a los partidos de derecha.
“Mediante algunas indicaciones, que más que indicaciones eran aberraciones, la derecha logró tensionar el debate a tal nivel que luego en la negociación le permitió una síntesis que la satisface plenamente”, señaló en declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile.
“¿Por qué? Porque negoció esas aberraciones, como era excluir al alto mando de responsabilidad, o el tema de reconfigurar normas sobre tortura. Se hace del acuerdo y en la síntesis, que parece dejar a todos felices en el Senado, se mantiene la base del proyecto de ley”.
A juicio del académico, el acuerdo dejó casi igual la figura de la legítima defensa privilegiada, el elemento que, justamente, ha sido la fuente de mayores cuestionamientos.
“Tenemos un acuerdo sobre una ley que establece la legítima defensa privilegiada, eso se mantiene. Se mantienen las objeciones que uno podía formular y que lo había hecho la academia, Naciones Unidas, sobre la figura de estas leyes de gatillo fácil. Eso no se modificó, y por último, y ahí está la guinda de la negociación de anoche, se incorpora a esta presunción legal de legítima defensa privilegiada, ni más ni menos que a las Fuerzas Armadas”, manifestó.
Sobre la actuación y maniobras políticas del gobierno, Nash consideró que este hizo un “buen negocio”, porque logró sacar las indicaciones más controvertidas, y al mismo tiempo evitó tener que recurrir a otras herramientas como el Tribunal Constitucional o el veto presidencial.
“En este momento punitivista que vive el país, una decisión de ese tipo por parte del Gobierno era aún más costosa que los indultos de hace un tiempo. No tenemos un gobierno con las espaldas políticas para hacer algo así. Al final, el Gobierno saca estas aberraciones, lo del alto mando y otras cuestiones vinculadas con la tortura, pero que nunca estuvieron en el corazón del proyecto, el corazón del proyecto es una ley de gatillo fácil”, afirmó
Criticó el hecho de que el Ejecutivo terminó sumándose a la agenda punitivista de los partidos de derecha, una vía que, estimó, terminará por revictimizar a los sectores populares.
“Aquí los muertos en materia de uso ilegítimo de la fuerza los van a poner los mismos sectores que sufren de una manera brutal la delincuencia y la violencia estructural del Estado cotidianamente. A eso le vamos a sumar nuevas violencias y más impunidad. Y yo creo que haberse comprado esa agenda por parte del Gobierno, es un error brutal porque no va a traer soluciones. Al contrario, ese camino siempre está asociado a mucho dolor, esa ha sido la experiencia comparada, y no tendría por qué ser distinto en Chile”, advirtió.
Ley incluye norma que son un peligro potencial para la población civil
A juicio profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, la Ley Naín-Retamal, contiene normas que no contribuyen a solucionar el problema de la violencia.
“El proyecto Naín-Retamal, sobre todo en algunas normas que tiene especialmente respecto de la legítima defensa, no contribuyen a solucionar un problema como el que hemos visto anoche”, señaló la académica, refiriéndose al asesinato del cabo primero, Daniel Palma, quien murió la madrugada de este jueves tras ser baleado durante un procedimiento de fiscalización en la comuna de Santiago. Un hecho que puede servir como argumento del apremio de La Moneda en promulgar la cuestionada iniciativa que ha despertado críticas por parte de Naciones Unidas y organizaciones defensoras de dereechos humanos.
Indicó “el carabinero Palma ni siquiera alcanzó a reaccionar. Entonces, ahí no hay ninguna situación en la que él hubiese podido si quiera usar su arma de servicio y, desde esa perspectiva, me parece correcto que se avance en un refuerzo de las protecciones policiales. Me parece una irresponsabilidad si tenemos este nivel de violencia, estar mandando policías sin protección adecuada a las calles a realizar estos controles y mucho menos a estas comunas, donde se cometen la mayor cantidad de delitos violentos”.
En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Villegas alertó que la ley incluye «normas que pueden traen un peligro potencial para la población civil».
«Yo creo que es la cuestionable, es precisamente la de legítima defensa. Ciertamente, hubo avances y retrocesos en la discusión parlamentaria, desde el texto que había salido de la comisión de Seguridad Pública del Senado y hubo un cambio en esa formulación, pero que todavía no está exento de errores”, apuntó.
l respecto, explicó que “el peligro que tiene la norma es que la redacción que tiene la técnica legislativa induce a mucha confusión. Entonces, si usted suma un aumento de la conflictividad social y de la violencia en la calle, al dolor que nos ha ocasionado la muerte de tres carabineros en un mes y a la preocupación que eso genera, le suma una norma que otorga más facultades a la policía, que es confusa y que les dice a los policías que se va a entender que cuando utilizan su arma de servicio para repeler una agresión (…) actúa de manera racional, creo que eso puede llevar a error a las policías y creer que tienen una especie de licencia para matar”.
“Cuando se responde con este tipo de medidas, lo que ocurre es que se van a generar probablemente enfrentamientos armados en comunas, en poblaciones, en lugares donde pudieran llegar a ser alcanzados civiles. Ese es uno de los riesgos y sobre todo cuando estamos frente, por ejemplo, al derecho a manifestarse. Eso es muy complejo, porque la norma que se establece para la legítima defensa tiene un alcance general, no es una norma que está establecida específicamente para un tipo de criminalidad, que es el crimen organizado”, advirtió.
Para la académica, “la pregunta que nosotros nos hacemos es si acaso no es suficiente con las normas que ya existen, porque las que ya existen son aplicables y, por lo demás, el artículo 410 del Código de Justicia Militar ya contempla una legítima defensa de los carabineros que usan su arma de servicio y eso está desde hace tiempo”.
“Yo creo que eso contribuye a una mayor confusión, lo que tenemos que hacer es tratar de pensar de manera racional y hay que llamar a la cordura, por eso las medidas que está adoptando el Gobierno en relación al reforzamiento de la protección policial cuando salen a patrullar a las calles me parece adecuado”, indicó la profesora.
Jadue advierte atentado contra los derechos humanos
El alcalde de Recoleta advirtió que la Ley denominada «gatillo fácil» constituye es un atentado contra los derechos humanos y va a permitir en el futuro la impunidad.
Recordó que incluso Naciones Unidas ha planteado su preocupación por el futuro de los derechos humanos en nuestro país.
Por tal moti9vo, en declaraciones a El Ciudadano cuestionó y llamó a reflexionar a todos aquellos «que se dicen socialistas y demócratas están actuando en contra de las advertencias del Consejo de derechos Humanos de la ONU».
Alertó que la controvertida ley «intenta imponer una situación de orden a rajatabla poniendo en peligro la vida de los ciudadanos chilenos».
«Recuerden que en este país hemos sufrido tremendas violaciones de derechos humanos sin esta ley», cerró.
Sigue leyendo:
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
Relacionados
10 mil personas en inminente peligro de desalojo: El llamado desde macro campamento en San Antonio
Hace 1 mes
Película inspirada en la vida de Matías Catrileo se estrena en Santiago: “Algún día las raíces”
Hace 3 meses
