Proponen aumentar plazo para presentar acusaciones constitucionales contra Presidentes y ministros

Senador Antonio Horvath presentó una reforma constitucional que triplica el tiempo en que se puede perseguir la responsabilidad política de un jefe de Estado y lo cuadruplica en el caso de los secretarios de Estado.

Aumentar de seis meses a un año y medio el período para acusar constitucionalmente a un Presidente de la República después de terminado su mandato, propone la reforma constitucional que presentó el senador Antonio Horvath y que fue remitida a la Comisión de Constitución del Senado para su estudio.

La enmienda constitucional, también propone incrementar de tres meses a un año el plazo para perseguir la responsabilidad política de los ministros de Estado, los ministros de Corte, del Contralor General de la República, los generales o almirantes de las Fuerzas Armadas, los intendentes y gobernadores, una vez que hayan cesado en sus cargos.

Según el senador Horvath “esas autoridades tienen un plazo mínimo para responder políticamente de los distintos hechos en los que les pueda caber responsabilidad y es sabido que por las decisiones que toma la autoridad, muchas veces se requiere de un mayor tiempo para ver si pueden o no haber causado un perjuicio. Y lo importante es que el castigo político de la acusación constitucional es que después quedan inhabilitados para acceder a cargos públicos”.

Cabe recordar que actualmente la Constitución Política establece que una acusación política contra un Presidente de la República puede interponerse mientras esté en el ejercicio de sus funciones y en los seis meses siguientes a haber terminado su mandato.

En tanto, las acusaciones en contra de los ministros de Estado, los ministros de los tribunales superiores, los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, el Contralor, los intendentes y gobernadores, se pueden interponer mientras estén en el ejercicio de sus funciones y hasta tres meses después de haber expirado sus cargos.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Según manifestó el senador Horvath, en un Estado de Derecho, el principio de responsabilidad está íntimamente vinculado a la naturaleza de las potestades que ejercen quienes se encuentran en los más altos cargos de la República.

Por ello, precisó, que “quienes han o hayan ejercido tales cargos deben responder por sus actuaciones y el ordenamiento jurídico tiene que establecer un marco normativo que permita, en términos realistas, hacer efectiva esa responsabilidad, cosa que hoy día no ocurre”.

Junto con aclarar que esta iniciativa no está dirigida a nadie en particular y es válida para las autoridades de todos los sectores políticos, el senador Horvath reiteró la importancia de poder perseguir las responsabilidades políticas de quienes ocupan los más altos cargos en el país, sobre todo el de Presidente de la República.

“La posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad política de quien ha ejercido la primera magistratura de la República por un acotado período de seis meses posteriores a su expiración en el cargo, impide en los hechos que se pueda hacer valer. Más aún, porque resulta poco realista pretender que se logren conocer cabalmente aquellos actos ilegales e inconstitucionales que haya cometido durante su periodo, dentro de seis meses posteriores a su expiración en el cargo”, señaló.

Agregó que al aumentar el período en que se puede presentar las acusaciones constitucionales se posibilita que las facultades que tiene la Cámara de Diputados se puedan ejercer de manera efectiva y fundada.

Fuente: Senado