Proyecto que criminaliza las tomas fue impulsado por la Cámara de Comercio

A mediados de septiembre la Cámara de Comercio envió un proyecto de ley al Ejecutivo destinado a endurecer las sanciones por agresiones contra la policía y atentados a la propiedad privada. El texto tiene muchas semejanzas con el anuncio de Piñera y Hinzpeter que apunta a criminalizar las tomas de colegios. Mientras la UDI aplaude la iniciativa, para organizaciones de derechos civiles es una señal preocupante.

Era domingo, día raro para una alocución presidencial. Pero allí estaban, en el llamado patio de los cañones del Palacio de La Moneda el presidente Sebastián Piñera; su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y algunos diputados fetichistas del orden como María Angélica Cristi y Alberto Espina. La cita era para anunciar un proyecto de ley destinado a convertir en delito tomarse un colegio, increpar a un policía o rayar una micro.

Lo grandilocuente del anuncio contrasta con que a la hora de requerirse el texto que modifica el Artículo 269 del Código Penal al Ministerio del Interior nadie sabe nada. Cero transparencia. Pero al revisar las medidas anunciadas, que son tipificar las agresiones a carabineros, endurecer las penas para el saqueo de locales comerciales y delitos contra la propiedad, se evidencia que la iniciativa más que del Gobierno proviene de la Cámara Nacional del Comercio (CNC).

El 16 de septiembre, la CNC envió un proyecto de ley redactado por el abogado Miguel Otero, militante y ex senador de Renovación Nacional. En forma textual propone: “Tipificar como delito los destrozos o daños materiales a bienes muebles e inmuebles pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad y castigar a quienes, con motivo de alteraciones del orden público, ataquen, destruyan o saqueen propiedad fiscal, municipal o particular o se tomen dichas instalaciones impidiendo su normal funcionamiento”.

La CNC reclama que la legislación actual considera dichas acciones como atentados y desacatos contra la autoridad, lo que implica que la pena contemplada sea asimilable a un daño con una multa para el infractor. Por ello reclama “eliminar la posibilidad de penar a los infractores sólo a través de multas y establecer la cárcel efectiva como castigo”.

También la CNC persigue “sancionar efectivamente a quienes injurien u ofendan  de hecho o de palabra a un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones” y que se amplíe el concepto de armas a “las bombas molotov, ballestas, arcos, hondas y elementos similares, todas ellas herramientas regularmente utilizadas en actos vandálicos con ocasión de marchas y manifestaciones” -según rezan en un comunicado difundido el 22 de septiembre.

Cualquier semejanza con el anuncio de Piñera y Hinzpeter es más que coincidencia.

La CNC envió a fines de la primera quincena de septiembre al ministro Hinzpeter este proyecto y fue presentado por su presidente, Carlos Eugenio Jorquiera; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Región Metropolitana (Sideco), Juan Manuel Pozo, y el gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Chile, Claudio Hohmann, quien fuera ministro de Transporte de Eduardo Frei.

UNA LEY CONTRA LAS MOVILIZACIONES SOCIALES

La iniciativa emerge a tres meses de que acabe un año marcado por la protesta social, que integra demandas de ambientalistas -por la instalación de Hidroaysén-; de estudiantes -por la exigencia de una educación pública-; de minorías sexuales -por la integración social-, y de ciudadanos agrupados espontáneamente contra abusos del sistema y servicios públicos  deficientes -como los usuarios del Transantiago que se tomaron la calle molestos por la baja frecuencia del recorrido de la línea 405, o como la protesta de los magallánicos contra el alza de las cuentas de electricidad o de los calameños por obtener recursos permanentes del cobre.

La medida más polémica del proyecto es la que convierte en delito las tomas de colegios.

El hermetismo respecto del texto definitivo de la modificación al Código Penal ha sido total.  Incluso la senadora Lily Pérez -de la misma bancada del Presidente- declaró haberse enterado por la prensa de la iniciativa y aseguró que aún no se le ha entregado al Parlamento un documento escrito de la ley.

El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Jaime Quintana, afirmó que “no parece sensato dar respuestas criminales a problemas sociales y políticos”, como lo es la movilización estudiantil.

SONRISAS PARA LA UDI

El proyecto fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera como una herramienta más para combatir la “llamada lucha contra la delincuencia” tras asistir, el pasado primer fin de semana al Consejo General de la Unión Demócrata Independiente (UDI) -sector de la derecha cuya relación con el Ejecutivo estaba con pucheros luego de que el mandatario enviara al Congreso iniciativas como la regulación de la convivencia de personas del mismo sexo y la potencial despenalización del aborto terapéutico.

Así, el endurecimiento de las penas por “alterar el orden público” y “paralizar servicios” como el transporte y la salud –con medidas punitivas que alcanzarían los tres años de cárcel- es un “guiño” a la ultra derecha del país, que representa a lo más un 25% de la población, tres puntos por encima del apoyo que le va quedando al Presidente-empresario, pero que a estas alturas es imperioso recuperar.

Dentro de su partido, Piñera, también cosechó elogios. El timonel de Renovación Nacional (RN), Carlos Larraín, dijo que el proyecto vendría a rescatar al movimiento ciudadano de los “inútiles subversivos”.

MAYORÍA SIMPLE

Para que esta idea se convierta en ley sólo requiere  mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los senadores que el día de la votación asistan a la sesión. Hasta ahora, el Gobierno no se ha pronunciado acerca de plazos para la iniciativa, aunque se adelantó que le pondrá suma urgencia.

Para la abogada Alejandra Arriaza, legislar sobre delitos que ya existen es innecesario. “Las conductas que se deriven del contexto de movilización y sean ilegales, ya están reguladas en el Código Penal, como puede ser la usurpación o la destrucción de mobiliario público”. Tal como explica Arriaza, se ha determinado que las tomas de establecimientos no son ilegales por tratarse de ocupaciones transitorias, en palabras legales, no hay dolo de por medio, elemento fundamental para que haya delito.

El movimiento estudiantil y organizaciones de derechos humanos concuerdan que el Gobierno y el Ministerio Público están usando el derecho penal como instrumento político, no sólo al penalizar las tomas, también al criminalizar deliberadamente toda manifestación de descontento por medio de policías infiltrados en las marchas que, según los mismos manifestantes, incitan los desmanes; también de los testigos “sin rostro”, utilizados cuando se juzga bajo la ley antiterrorista, y de pruebas proporcionadas por los mismos acusadores, como registros audiovisuales hechos por Carabineros, sin mediar en que podrían ser producto de un “montaje”.

La nueva iniciativa penal del Ejecutivo faculta a los uniformados, precisamente para tomar esos registros sin la orden previa de un fiscal.

INFORME DE DERECHOS HUMANOS

El Informe Anual de Derechos Humanos en Chile 2011, lanzado el lunes 3 de octubre por la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, considera que la iniciativa es una señal  “preocupante”, al tiempo que califica el actuar de Carabineros durante las últimas movilizaciones como “cuestionable”, acusando a sus efectivos de usar “fuerza innecesaria”.

Al foro, que fue dirigido por el abogado y director del Informe, Jorge Contesse,  asistieron como panelistas la ex defensora nacional, Paula Vial; la senadora RN e integrante de la comisión de derechos humanos de la cámara alta, Lily Pérez y la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Ana Piquer.

Piquer señaló que la represión de la protesta es una violación a un ejercicio pleno de derechos humanos, pues el acto engloba el derecho a expresión, a reunión y a opinión. La abogada enfatizó que “una vez más el Estado chileno no está en línea con los tratados internacionales a los que adscribe en materia de derechos fundamentales de las personas”, recalcando que estos “son obligaciones y no meras recomendaciones”.

LA ESQUIZOFRENIA DEL DISCURSO PÚBLICO

Paula Vial, quien asumió la defensoría con la presidenta Bachellet y fue despedida por el actual ministro de Justicia, Teodoro Ribera, aseguró que el discurso del Gobierno es esquizofrénico: “Por un lado lamentan la situación de hacinamiento de los recintos penitenciarios chilenos, puesta en la palestra luego del incendio de la cárcel de San Miguel en 2010, pero por otro, prometen reclusión a todo aquel que altere el orden público”.

El debate de cómo el Estado enfrenta las desviaciones sociales y la medida de encarcelamiento como única medida punitiva a la infracción de la ley, es atingente. Bajo este criterio, el proyecto de ley impulsado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ve al manifestante como un desviado social y avala la metodología del hostigamiento y la persecución como forma de “buscar responsables”, lo que según Vial no ha dado buenos resultados, recordando los “bochornosos” casos Cañete y ‘Bombas’.

De hecho, este martes fueron sobreseídos 14 jóvenes que estuvieron ocho meses presos acusados de actos terroristas por el caso Bombas, el tribunal condenó a la Fiscalía Sur a pagar por todos los gastos en defensa que incurrió tanto el Estado como las familias de los acusados, pero de indemnización a los afectados, nada se ha dicho.  Jorge Contesse explicó que hay un vacío legal que no castiga las falsas acusaciones. “Hay una regulación del error judicial que establece medidas compensatorias para los afectados, pero en este caso, la equivocación viene desde el ente acusador” -el Ministerio Público-, para ese tipo de errores no hay legislación ni reparación estipulada, explicó el abogado.

De aprobarse esta iniciativa del Ejecutivo, el protestar o simplemente encarar a la Fuerza Pública podría caer bajo la categoría de delito. En un intento más por “preservar la paz social”, los futuros procesados por este “crimen” -probablemente estudiantes- serán los nuevos presos políticos del Estado chileno.

Por Paula Figari Rojas – Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano