El pasado 1 de agosto el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, recibió una carta enviada por la Asociación Nacional de Ingenieros Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, ANIOP. En ella, los profesionales le exponen al secretario de Estado una serie de reparos técnicos y legales a la construcción del Puente Chacao que pretende conectar la isla de Chiloé con el continente chileno, específicamente a su licitación y contrato con el consorcio que lo construye. Junto con ello, realizan un contundente consejo: «Evaluar seriamente la opción de poner término al contrato».
Dicha carta es al menos la tercera que los ingenieros del MOP le han hecho llegar a Undurraga. En junio de 2014 y noviembre de 2015, la ANIOP le había enviado detallados informes en donde se realizan las mismas observaciones que ahora los llevan a demandar el término del contrato con el Consorcio Puente Chacao S.A.
La respuesta del ministro de Obras Públicas ha sido simplemente plantear que “este es un puente que cumplió con todas las formalidades de los procesos de evaluación de proyectos», destacando, además, que «fue aprobado por la Contraloría General de la República”, según declaró a Radio Bío Bío el 6 de agosto pasado.
Ministro Alberto Undurraga
«Rechazo y preocupación»
Una respuesta que no dejó satisfechos a los ingenieros del MOP, pero tampoco a los abogados de ese ministerio, quienes al igual que los primeros decidieron el 24 de agosto hacer llegar a Alberto Undurraga una carta en donde exponen su «rechazo y preocupación por el actuar administrativo» del ministerio, en las gestiones realizadas recientemente respecto del contrato para la construcción del puente sobre el Canal de Chacao.
La Asociación de Abogados de Ministerio de Obras Públicas plantea su «disconformidad» con las modificaciones a las bases de licitación de dicho contrato por parte de la Dirección de Vialidad del MOP «sin que a la fecha esté concluida y aprobada la etapa de diseño». Estos cambios, aseguran, «contravienen principios jurídicos que gobiernan la contratación pública».
Un hecho que -de acuerdo a los abogados- «resulta aún más grave» si se considera que el Consorcio que se adjudicó la construcción de la mega obra -Puente Chacao S.A- ha solicitado un aumento del monto del contrato en aproximadamente 70 millones de dólares. Esto -argumentan- «resulta improcedente en un contrato a suma alzada y en el cual la elaboración del diseño se encuentra a cargo de la misma empresa».
Extracto carta abogados
Multas y financiamiento irregular de la política
Los abogados suman un agravante más a todo este escenario, recordando que dicho Consorcio ha sido incorporado al boletín de deudores por el no pago de multas «que la Dirección del Trabajo le ha cursado por incumplimiento de obligaciones laborales».
También destacan el hecho de que la empresa OAS, uno de los miembros con mayor participación en el Consorcio Puente Chacao S.A, «ha sido objeto de investigaciones en América Latina por eventuales financiamientos irregulares de la política». Esta situación -añaden- «debe ser considerada por cuanto podría afectar gravemente la imagen de esta secretaría de Estado y, por ende, la de sus funcionarios, incluyendo a nuestros asociados».
Los abogados terminan la misiva insistiendo en su preocupación por la disposición de la Dirección de Vialidad del MOP de impulsar «a cualquier costo» la mega obra, «actuando incluso en contrario de nuestra normativa sectorial y la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República».
Junto a ello, reiteran su «profundo rechazo» a una posible modificación de las bases de licitación del contrato, solicitando que se adopten las medidas administrativas pertinentes para que «el diseño de la obra se entregue conforme a los plazos contractuales, se fiscalice el cumplimiento de las obligaciones del Consorcio (…) aplicando las normas que correspondan y corregir cualquier irregularidad en la gestión de la obra».
Daniel Labbé Yáñez
El Ciudadano
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