Tres hitos ha protagonizado la Asamblea Nacional (AN) para intentar dar un golpe institucional al poder ejecutivo presidido por Nicolás Maduro. Las corporaciones mediáticas y aliados políticos de la MUD, por supuesto, no reconocen estos tres intentos de golpe en menos de seis meses que resumimos a continuación:
Primero intento de golpe: Juicio político contra el presidente legítimo de Venezuela
El 25 de octubre de 2016, la AN acordó el inicio de un juicio político al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Un recurso que no existe en la Constitución y que intentó desestabilizar la institucionalidad democrática del país.
Como sabemos, declarando un «golpe de Estado» supuestamente perpetrado por el presidente Nicolás Maduro el pasado mes de octubre, Misión Verdad explicó que el antichavismo desde la Asamblea Nacional había emprendido un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro, además de exigir la remoción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral. Decretaron de manera espuria una aplanadora al poder Ejecutivo, Judicial y Electoral. Es decir, técnicamente decretaron un golpe de Estado y la supresión de los cargos representantes de tres poderes del Estado.
Hubo claramente un acto de incitación pública al golpe en una reunión con mayoría de representación de la MUD en el Hemiciclo, un delito que la oposición aún no piensa reconocer. Además el antichavismo intento usurpar funciones del Tribunal Supremo de Justicia, lo que es básicamente el intento de un golpe institucional contra el Estado venezolano y la soberanía nacional.
Segundo intento de golpe: Acuerdo de abandono del cargo por parte del Presidente venezolano
El 9 de enero de 2017, otra vez la AN llegó a un acuerdo, esta vez para decretar el abandono del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro.
En vista del fracaso con respecto al primer intento de golpe («el juicio político»), la AN -aún en posición de desacato constitucional- decidió darse un respiro político ante los grandes titulares de la prensa corporativa internacional al declarar el abandono del cargo del Presidente. Lo que no tomaron en cuenta -por evidente omisión deliberada- fue que según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 232 y 233, los únicos supuestos de hecho para declarar el abandono de cargo o falta absoluta del Presidente de la República son la violación a la soberanía nacional, a la integridad territorial y a la defensa de la nación, o a su revocatoria popular, muerte, renuncia o la incapacidad física o mental certificada por el TSJ. El parlamento depende del dictamen del máximo ente judicial del país, no al revés.
Al no cumplirse ninguno de los supuestos constitucionales y la situación de desacato de la Asamblea Nacional, dejó dicha declaración sin efecto jurídico vinculante. Aunque sí quedó en evidencia el intento de utilizar el parlamento venezolano como un activo institucional para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Tercer intento de golpe: Exigencia de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra Venezuela
El reciente 21 de marzo de 2017, la AN aprobó otro proyecto de acuerdo que viola la Constitución venezolana, en el que oficializó el respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra el país.
Al no poder derrocar al Gobierno Bolivariano por haber derrochado todos sus cartuchos y agotado su capital político, la oposición que hace mayoría en el parlamento hizo gestos de convocatoria a la injerencia foránea con la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, como principal pivote para la aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela. Julio Borges, desde el parlamento venezolano en desacato, lideró esta insólita moción de apoyo que guardaba como principal argumento que la Carta Democrática estaba por encima de la Constitución.
El argumento del dirigente de Primero Justicia y actual «presidente» de la AN en desacato consiste en que Venezuela debe subordinarse a los dictámenes de la OEA, aunque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aparezca explícitamente como principio señalado que el país no debe someterse a ningún tratado, acuerdo o dictamen que vulnere la autodeterminación, la soberanía y la institucionalidad nacional. Esto significó, una vez más, un flagrante desconocimiento del orden constitucional y de los poderes del Estado de Derecho por parte de la MUD y sus aliados a lo interno e internacionalmente, utilizando la Asamblea Nacional como cobertura institucional para legitimar un asalto a la soberanía nacional y en desconocimiento del poder ejecutivo.
Tres intentos de derrocar al presidente Nicolás Maduro en menos de seis meses. El TSJ, con sus últimas dos sentencias, protege la Constitución y al Estado venezolano de este poder autoanulado y con un nítido expediente de intentos de golpes de Estado.
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