No. El tema no va del histórico partido que nos dio a Pedro Aguirre Cerda y ese lema del cual uno puede sentirse legítimamente orgulloso: “Gobernar es educar”. Sino de lo que puede y debe ser percibido como una adecuada respuesta a las cuestiones que se le plantean al país, a la nación.
Concertación y Alianza no vislumbran ningún camino distinto al que forma parte del legado del pinochetismo. Institucionalidad y modelo económico en vigor forman parte de un acervo común, de una plataforma compartida por ambas coaliciones, en la que algunos elementos pueden recibir una prioridad mayor, un acento particular, pero que de todos modos debe ser perennizada como garante de la “gobernabilidad”.
Y que de paso les asegura el poder que comparten en modo excluyente. Excluyente de la sociedad civil, de asociaciones, de sindicatos, de movimientos sociales y estudiantiles, de las fuerzas vivas de la nación, de quienes crean la riqueza con su trabajo y se ven excluidos de su distribución.
El carácter radical de nuestra respuesta tiene que ver con la necesidad de atacar los problemas en su raíz.
Somos cada vez más numerosos quienes sostenemos que ni la institucionalidad vigente ni el modelo económico constituyen una respuesta a los problemas que aquejan a la inmensa mayoría del pueblo de Chile.
No es ni esta institucionalidad ni este modelo económico los que aportarán una respuesta al marasmo de la educación de generaciones enteras de jóvenes chilenos. Ni al escándalo de una previsión concebida como una sinecura para quienes estafan a los futuros jubilados aprovechando el ahorro que debiese asegurar una vejez segura. Ni a las notorias insuficiencias de un sistema de salud que trata al ciudadano no en función del mal que le aqueja sino de su nivel de riqueza. Ni a los sistemas de transporte público urbano concebidos como fuente de lucro a cambio de servicios indignos. Ni a la destrucción del medio ambiente. Ni al irrespeto secular de los derechos de los pueblos indígenas. Ni al secuestro de los derechos ciudadanos, conculcados por la Constitución espuria de 1980. Ni al manejo de la cosa financiera como un instrumento de usura.
La institucionalidad y el modelo económico en vigor SON el problema.
La radicalidad de nuestra respuesta tiene que ver con la necesaria ruptura respecto de la herencia de la dictadura.
Herencia disfrazada de transición hacia una democracia limitada, vigilada, cercenada, amputada, controlada, reprimida, manipulada.
Herencia compartida por la costra transversal que ve en la “gobernabilidad” un sinónimo de impunidad, amenizada de la paz social que necesita para prolongar, eternamente, su dominación excluyente.
Radicalismo es lo que espero de Jorge Arrate y de las fuerzas que movilizaremos detrás de su nombre para devolverle a Chile la dignidad de una República.
Por Luis Casado