A punto de cumplirse el año de la constitución de las Cortes tras las elecciones del 26 de junio de 2016, Rajoy ha solventado las dificultades parlamentarias, ha aprobado un Presupuesto y tiene encauzado el siguiente. Solo perdió una votación importante, la de convalidación del decreto sobre los estibadores —pero luego lo solventó con apoyo del PDeCAT— y ha logrado frenar las iniciativas legislativas de la oposición para desmontar el legado normativo de la legislatura de la mayoría absoluta del PP, con la única excepción de la reforma de RTVE, a la que incluso terminó por sumarse.
Mañana martes, en el último pleno del curso, Rajoy reafirmará la mayoría que le puede permitir sacar adelante en otoño los Presupuestos para 2018. En esa mayoría destaca el pacto con Ciudadanos, que sólo se resquebraja cuando se trata de asuntos de regeneración política y que ahora se fundamenta en la promesa de rebaja del IRPF. El PNV aún no ha confirmado el sí, pero ya apoyó el anterior techo de gasto y los Presupuestos de 2017 y mantiene un acuerdo con partidas y concesiones diferidas para los próximos años. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha confirmado el voto favorable; y Pedro Quevedo (Nueva Canarias) está pendiente de la reunión hoy de la ejecutiva de su partido para confirmar el sí o la abstención. El apoyo de estos dos últimos se basa en la decisión de Cristóbal Montoro de dar más margen al déficit de las autonomías, acogida favorablemente por el Ejecutivo canario.
Los 176 votos de esa suma, en torno al cuestionado y reprobado ministro de Hacienda, garantizan la estabilidad del Gobierno, al menos la presupuestaria. El período de sesiones se cierra con el triunfo del Gobierno al impedir iniciativas de la oposición con 34 vetos —porque, supuestamente, afectan a los Presupuestos— y con el uso sin freno de las prórrogas de los plazos de enmiendas. De hecho, hay otras 25 iniciativas de los grupos que han sido admitidas a trámite en el pleno, pero que el PP ha logrado congelar al alargar los plazos.
Fuentes del PP admiten, no obstante, que en septiembre, cuando se reanude la actividad, les será difícil mantener esos diques. Un ejemplo claro es la iniciativa sobre la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ley mordaza—, que fue admitida en pleno en marzo y desde entonces no ha avanzado. Coincide esa impresión con la de la nueva dirección socialista, que asegura que una de sus prioridades en septiembre será negociar cada artículo de la ley mordaza, claro ejemplo de norma de la legislatura de la mayoría absoluta del PP.
Hay casos conflictivos, como la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para eliminar el mecanismo de aplicación de sus sentencias, que fue aprobada por el PP para hacer frente al proceso soberanista en Cataluña. El cambio de esta ley ha sido promovido por el PNV y apoyado en el pleno por todos los grupos, salvo el PP. Pero lleva ya más de 20 ampliaciones de plazo de enmiendas, pese a ser una proposición muy sencilla, de artículo único.
El PSOE admite las dificultades para apoyar la aprobación de esa reforma, pese a que la comparte, en pleno proceso independentista. Y confía en que cuando se vote ya no sea necesaria su aplicación en Cataluña.
La minoría del Gobierno se ha percibido más en la función de control; por ejemplo, en la comisión de investigación sobre financiación ilegal del PP, en la que comparecen el jueves todos los tesoreros del partido de Rajoy.