Referéndum independentista catalán: Entre la reivindicación para decidir y las trabas de la “democracia” española

Desde 2015, cuando las organizaciones políticas independentistas reunidas en la transversal coalición Junts pel Sí (Juntos x el Sí), con el apoyo de los anticapitalistas de la CUP, lograron la mayoría en el parlamento de Cataluña, el gobierno catalán ha impulsado la demanda de realizar un referéndum de carácter vinculante que permita decidir a las catalanas y catalanes sobre su soberanía respecto de España.

El ejecutivo catalán, presidido por el ex alcalde del municipio de Girona, Carles Puigdemont, propuso en enero de 2016 una agenda legislativa que apuntaba a tener en 18 meses una plataforma legal base para el estado catalán. Pero en septiembre de 2016, viendo los procesos que se daban en la sociedad catalana, optó por plantear un referéndum –esta vez, a diferencia de otro intento llevado a cabo en 2014, vinculante-. «Con esto (la celebración del referéndum), cumpliremos el mandato recibido el 27 de septiembre de 2015, y culminaremos la legislatura en los términos y los tiempos a los que me comprometí», anunció entonces Puigdemont.

El presidente catalán llamaba a la unidad de la mayoría independentista cuando señalaba que «yo no fallaré, pero yo no podré cumplir sin una mayoría en el Parlament, sin fisuras y sin la gente movilizada cuando haga falta que se movilice». Cohesión que se ha logrado, a pesar de las importantes diferencias políticas e ideológicas que existen dentro del bloque soberanista catalán.

Una de las tareas de los responsables políticos catalanes fue, desde ese instante, desarrollar la arquitectura legal para concretar el proceso y, al mismo tiempo, intentar entablar conversaciones con el gobierno español para garantizar la realización de la consulta. Ante la negativa constante del ejecutivo, encabezado por Mariano Rajoy, que argumenta que la iniciativa es anticonstitucional, las autoridades catalanas decidieron, en junio de este año, poner fecha al referéndum: El próximo domingo 1 de octubre.

Pese a que la administración del Partido Popular parecía no hacer mucho caso de las demandas catalanas, su postura se ha ido endureciendo con el paso de los días: acusaciones al Tribunal Constitucional contra las instituciones de gobierno catalanas, investigaciones judiciales abiertas contra alcaldes que presten sus municipios en favor de la consulta, censura a los medios de comunicación, congelamiento de las cuentas del gobierno catalán, son algunas de las respuestas que hasta ahora ha presentado Mariano Rajoy.

La última, y la más dura, concretada en la mañana de este miércoles 20 de septiembre, es la detención de 14 funcionarios del gobierno de Cataluña por parte de la Guardia Civil y el decomiso de casi 10 millones de papeletas que serían usadas el domingo 1 de octubre. El argumento del jefe de gobierno español es decidor: «No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas; estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país”.

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A su turno, el gobierno catalán, en voz del presidente Puigdemont, fue directo al expresar que «el Govern ha sido víctima de una agresión coordinada para evitar que el pueblo de Cataluña se pueda manifestar con libertad el 1 de octubre». Y recalcó: “En estas horas, el Estado español ha suspendido de facto el autogobierno catalán y ha decretado un Estado de Excepción».

Manifestación de este miércoles 20 en La Rambla contra las detenciones ordenadas por el gobierno

«Hay apoyo político y social mayoritario al referéndum»

Uno de los elementos que ha caracterizado al proceso de independencia de Cataluña es el alto interés ciudadano por participar y poder hacer efectiva la posibilidad de decidir respecto del futuro de la nación, sin importar cuál sea la postura a la hora del sufragio. Este hecho ha permitido abrir la voluntad de ser parte de este esfuerzo tanto a quienes están a favor o en contra de la soberanía, lo que a la larga ha fortalecido a la consulta dentro de la sociedad catalana.

Diputada Adriana Delgado i Herreros (ERC)

La operación política-judicial concretada la mañana del miércoles provocó una fuerte reacción ciudadana, que ha salido a las calles a manifestar su repudio contra las acciones llevadas por el Gobierno y la Justicia española. En medio de las protestas ciudadanas, la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Adriana Delgado, conversó con El Ciudadano para exponer su análisis del momento: «La mayoría de la población quiere votar, expresar su opinión, y tenemos el derecho a hacerlo», señaló la parlamentaria.

En este sentido, la diputada defiende el trabajo que ha realizado el parlamento catalán hasta ahora desde enero de 2016, declarando a este medio que «el Parlament es soberano para tirar adelante leyes que buscan mejorar la vida de sus ciudadanos», y en ese mismo sentido agrega que el «referéndum es la vía, después que el Estado español y tribunales a su cargo eviten debate y acuerdo».

A pesar de que la adhesión ciudadana por participar en el referéndum del próximo 1 de octubre es del 80%, ese apoyo al derecho a decidir respecto de su soberanía no es considerado ni por el Estado español ni por los medios de comunicación que llevan la batuta de la campaña comunicacional del reino.

Al respecto, la diputada Delgado recalca que «hay apoyo político y social mayoritario al referéndum» y, además, sostiene que las manifestaciones ciudadanas son serenas a pesar de las provocaciones del gobierno de Rajoy, agregando que «el ambiente es pacífico, con claveles y gritos por la democracia y la República Catalana».

Al ser consultada sobre la actitud del gobierno de Mariano Rajoy, es clara en señalar que lo que ha instalado es «un Estado de Excepción de facto, cosa que es inaceptable». Al mismo tiempo, haciendo alusión a la dictadura franquista, recalca: «La represión y las actitudes pre-democráticas del Ejecutivo español, que recuerdan otros momentos, nos ha hecho salir a la calle».

Las manifestaciones a favor del referéndum aumentarán en la medida que se acerque su realización. Lo mismo que las medidas políticas y judiciales del gobierno de Rajoy, que apuntan a cercenar la capacidad de decisión de las catalanas y catalanes.