El Tribunal Electoral de O’Higgins decidió remover a Juan Ramón Godoy Muñoz (exPS), de su cargo como alcalde de Rancagua, quien se encuentra en prisión preventiva.
Esto tras un requerimiento interpuesto por los concejales Valentina Cáceres, María Orueta, Hugo Guzmán y Emerson Avendaño contra Godoy quienes argumentaron que Godoy cometió graves contravenciones a las normas de probidad administrativa y un notable abandono de deberes.
La sentencia establece que el ahora exjefe comunal incurrió en causales de cesación del cargo, razón por la también se encuentra inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante los próximos cinco años.
En su dictamen, el TER de O’Higgins plantea que, una vez ejecutoriada la sentencia, se procederá a nombrar un reemplazante conforme a la ley. Asimismo, tan pronto sea notificada la sentencia, a Juan Ramón Godoy será suspendido de su cargo, y se designará un alcalde suplente, según lo estipulado en el artículo 62 de la Ley N°18.695.
De este modo, el concejal Emerson Avendaño (Ind-FA) asumió temporalmente como alcalde suplente hasta que sea ratificado su nombramiento como alcalde titular de Rancagua.
Alcalde de Rancagua en prisión preventiva
Cabe recordar que el pasado 4 de junio, el Juzgado de Garantía de Rancagua determinó mantener la prisión preventiva para Juan Ramón Godoy, por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho reiterado, malversación de caudales públicos y administración desleal.
La investigación se remonta a más de un año atrás, cuando el ente persecutor pusiera en la mira las sospechosas transacciones del jefe comunal de Rancagua, entre las que destacan licitaciones y tratos directos con proveedores del municipio.
Según ha trascendido, la Fiscalía e O’Higgins,tiene más de siete mil páginas con evidencias para imputar a Godoy por delitos de corrupción. Sin ir más lejos, en marzo del 2023, personal de la PDI allanó el domicilio del alcalde, donde encontraron casi $6 millones en efectivo.
En la audiencia en que se fijó la prisión preventiva de Godoy, se indicó que serían $2.300 millones los defraudados por la autoridad.
Según señaló Godoy, el dinero estaba destinado para comprar medicamentos, sin embargo, la PDI indicó que estaba destinado para pagar el pie de una propiedad que pensaba comprar.
Por otro lado, un cercano al alcalde, señaló que financió su campaña con $4 millones a cambio de contratos públicos para su empresa.
A Godoy se le sumaron Diego Barba Oliva y Carlos Rodríguez Cajas, quienes también quedaron con la misma cautelar mientras dure la investigación, la cual se extenderá por 90 días.
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