Existen tres sectores clave en el desarrollo del proyecto Reforma Laboral, por esa razón diferentes representantes de organizaciones, empresas y trabajadores expresaron su opinión con respecto a la iniciativa y manifestaron pros y contras de la situación durante otra de las rondas de audiencias que la Comisión de Trabajo y Previsión Social realizó para recibir a más de veinte entidades influyentes e importantes en la toma de decisiones con respecto al proyecto.
Eléctrico:
Patricio Vásquez, secretario de la Federación Nacional Sindicatos de Empresas de Distribución eléctrica Afines y otros manifestó que no temen el derecho a huelga por el tipo de giro, pero que existe un arbitraje obligatorio que no facilita la posición por criterio que se usa para fijar las tarifas de los árbitros.
Vásquez también señaló que las empresas que se consideran servicios básicos se les niega irse a huelga y aprobó la propuesta que aumenta la fiscalización de la Dirección del Trabajo (DT).
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., cree que existen servicios que no pueden reemplazarse, como los suministros estratégicos o lo relacionado con seguridad nacional, pero reconoció que no significa que no existan herramientas para que los trabajadores ejerzan su derecho a huelga y aclaró que los pagos propios deben resolverse equitativamente y asistir al DT o los arbitrajes adecuados sería lo menos injusto para las empresas y trabajadores.
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Generadoras de Chile, Daniela Gorab dijo que la prohibición de reemplazar a trabajadores en huelga podría generar impactos negativos en la productividad, por lo que propone como alternativa que se permita el reemplazo con trabajadores internos mientras que el empleador asume los costos de equipos de emergencia.
Transporte:
Héctor Moya, presidente de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano de Superficie (ACTUS), exige que se considere al transporte público como un sector estratégico y declaró que el 80% de los trabajadores participa de un sindicato y el 100% tiene un contrato colectivo, además pidió la eliminación de los notarios públicos como ministros de fe por la cantidad de sindicatos falsos e hizo un llamado a evitar la informalidad en la elección de delegados sindicales y de esa forma el DT chequería los quórum sindicales para sancionar la violencia si es necesario.
El presidente del Sindicato de Trabajadores Unidos de Subus Chile S.A., del Transantiago, Cristián Martínez dijo que no existe un contrato específico para estos trabajadores, quienes ejercen bajo condiciones precarias su labor.
“Somos objeto de agresiones, provocando depresión en los compañeros por problemas de estrés (…) Por eso estamos de acuerdo con la senadora Muñoz, quien ha dicho que esta reforma es un piso mínimo (…) Necesitamos garantías de que tendremos derecho al descanso y de un baño”, manifestó Martínez.
Finalmente, Javier Insulza, gerente general de ACTUS pidió establecer pactos de jornada para que no quede afuera el transporte urbano o rural, además declaró que no han compatibilizado la vida laboral y familiar “porque el descanso en el domicilio es relativo”.
Pesquero:
Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, SONAPESCA, destacó que existen altos niveles de sindicalización y bajos de conflicto, pero que preocupación recae en la incorporación de elementos que entorpezcan la situación.
Por otro lado, declaró que la reforma es un golpe para las PYMES pesqueras por la imposibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga debido a la especificación de su labor y la propuesta de representación de sindicatos ajenos.
Felipe Sandoval, presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile habló de los efectos que provoca en los peces una paralización de actividades y dijo que la moralidad produce diseminación de patógenos que afectan la salud de las personas, considerando los procesos y etapas de producción.
A diferencia de otros voceros, Sandoval considera que el DT no debería definir el proceso que se utilizará para los servicios mínimos, que aquello debe fijarlo el cuerpo de trabajadores con el gerente o a través de una instancia técnica, considerando en el proyecto lo clave que puede ser el rol de terceros.
Juan Montenegro, presidente de la Federación de Trabajadores Pesqueros (FETRAPES), declaró que existe una caída importante de trabajadores desde 2007 a la fecha, producto de la Ley de Pesca.
Durante la ronda final de preguntas, los senadores Juan Pablo Letelier y Andrés Allamand preguntaron sobre los servicios mínimos y la adaptabilidad laboral, expresando distintas visiones con respecto a la necesidad de un sistema de mediación especial para resolver conflictos en los servicios básicos considerados estratégicos, explicaron que el concepto “servicio mínimo” no es compatible con una huelga que tiene por objeto detener la producción.