Revelan que Patricio Crespo, expresidente del SNA y férreo opositor a la reforma del Código de Aguas, se suma a los financistas del rechazo

Luis Patricio Crespo Ureta, expresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) entre 2013 y 2017, se sumó a la lista de políticos y empresarios que se encuentran financiando la campaña de la opción del Rechazo a la nueva Carta Magna.

De acuerdo con un reportaje publicado por Interferencia, el también presidente de la Federación de Juntas de Vigilancia de O’Higgins, «reaparece como el nuevo financista del Rechazo, aportando $3 millones de pesos a la organización Alimentos para Chile».

En concreto, según datos del Servicio Electoral (SERVEL), de cara al Plebiscito de Salida del 4 septiembre los comandos han recibido 364 donaciones, de las cuales; 295 son para la opción de Rechazo, a la fecha ha obtenido aportes por un total de 180 millones de pesos; mientras que la opción del Apruebo solo lleva un total de cuatro millones de pesos.

Entre los donadores para la opción del Rechazo se encuentran «el exministro de Economía, Félix de Vicente (UDI), el ex consejero de la Cámara Chilena de la Construcción, Luis Bravo, uno de los mayores socios individuales de Colún, Carlos Momberg, y el Presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, uno de los leones de Sanhattan y amigo de Sebastián Piñera»; refiere Interferencia.

De acuerdo con el citado medio, Crespo también encabeza la junta de vigilancia del Estero Chimbarongo, dueño de equivalente 13.800 cúbicos por año del agua de la zona.

«Según consigna la Dirección General de Aguas (DGA), Crespo obtuvo estos derechos en marzo de 1979. Es decir, en plena dictadura y solo meses después de dejar el cargo de alcalde de Chépica, puesto en el que fue nombrado por Augusto Pinochet en 1977. A esto se suma otro lote de derechos por 56 litros por segundo obtenidos en 2004 del río Tinguiririca», cita Interferencia en su investigación.

Pese a que no hay un pronunciamiento oficial del empresario, este fue consultado en su momento por la inclusión de un articulado en la propuesta constitucional, de poner fin al uso de los derechos del agua como garantía; tal y como lo establece la Carta Magna vigente y promulgada por la dictadura.

Al respecto – detalla Interfencia -; Crespo manifestó su «preocupación» y aseveró que esta propuesta generaba incertidumbre «para el acceso a fuentes de financiamiento de proyectos. Para los inversionistas que quieran seguir desarrollando proyectos nuevos y renovando proyectos que entran en obsolescencia”.

Crespo, férreo opositor a la reforma del Código de Aguas

Además de ser uno de los financistas del Rechazo a la propuesta de la nueva Carta Magna; redactada por la Convención Constitucional; Crespo es conocido por ser un férreo opositor la reforma del Código de Aguas, que se estaba tramitando en el año 2020.

Cabe recordar que Interferencia reveló un conversación de WhatsApp entre Crespo a dirigentes y propietarios con derechos de aprovechamiento de aguas, en la que defendió su postura contra esta reforma.

«Estas medidas se traducen en lobby con parlamentarios y el gobierno, acciones comunicacionales y la preparación de una arremetida ante el Tribunal Constitucional en caso de que este proyecto sea aprobado en el Senado», refiere la investigación.

Cabe recordar que, hace algunos meses, el presidente Gabriel Boric promulgó la reforma del Código de Aguas,  luego de 11 años de tramitación.

La nueva legislación reconoce como un derecho humano esencial e irrenunciable el acceso al agua y al saneamiento. Además, contempla el recurso como un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes.

Sobre esto último, la normativa consagra la prioridad del abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.