La tarde de este miércoles, a las 20:15 horas de Chile (11:15 horas del jueves en Nueva Zelanda), el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, suscribirá el Acuerdo Transpacífico o TPP (Trans-Pacific Partnership) junto a las autoridades de otros once países. Luego de esto el tratado será enviado a los parlamentos de cada país, para su aprobación o rechazo en un plazo máximo de dos años.
Según ha trascendido, el proyecto debiera ingresar a primer trámite constitucional a la Cámara de Diputados antes de julio de 2016, trasladándose probablemente a las comisiones de Economía o Relaciones Exteriores.
Sin embargo, una vez allí los parlamentarios sólo podrán aprobar o rechazar el TPP. Esto responde a una regla general que se aplica a los tratados internacionales, de acuerdo a la cual los diputados y senadores solo pueden decir sí o no. Es decir, el Ejecutivo los negocia como parte de la conducción de las relaciones internacionales y el Congreso tiene simplemente que aprobarlos y rechazarlos.
Esto está establecido en el Artículo 54 de la Constitución Política, donde se explicita que es atribución del Congreso «aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su ratificación».
«Monarquía presidencial»
El senador y miembro de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, Alejandro Navarro, sostiene que esto «es la ratificación plena de la monarquía presidencial en que Chile vive con su Constitución del ’80 y que es urgente cambiar», agregando que «el excesivo poder del Presidente de la República termina subyugando la soberanía popular». Para el parlamentario, esto va «generando un tipo de gobierno que se contrapone a un clamor ciudadano de participar, de ser tratados como iguales y, particularmente, tomar decisiones que los afectan, teniendo por lo menos derecho a opinar y decidir».
Navarro agrega que espera que este tratado de libre comercio sea el último que se firme bajo esta Constitución, porque -dice- «es inaceptable para los estándares democráticos que todavía persista este procedimiento».
Observaciones «insignificantes»
El Artículo 54 de la Constitución plantea, además, que el Congreso «podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional».
No obstante, Navarro desestima esta opción por no ser vinculante, poniendo como ejemplo lo ocurrido con el Convenio 169 de OIT firmado por nuestro país. «Se aprobó con algunas observaciones y Chile lo ratificó con estas observaciones, pero que son insignificantes, muy poco relevantes y no son obligatorias; es más bien un téngase presente«, explica el parlamentario.
La salud, la propiedad de las semillas, las libertades en el uso de Internet y los derechos de los ciudadanos en general, son algunos de los ámbitos que se verán afectados con este acuerdo, cuestionado además por haber sido negociado en absoluto secreto por el gobierno de Chile, de espalda a la ciudadanía y en donde, asegura Navarro, «hubo un lobby muy fuerte de Estado Unidos». El TPP «va a hipotecar la soberanía de Chile y en materia de Internet y farmacéutica va a transformarse en una pesadilla para las futuras generaciones», advierte el parlamentario.
Por Daniel Labbé Yáñez
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