¿Saldrá este año la reforma laboral?

SALA SENADO CONGRESO NACIONAL VALPARAISO

Según Mensaje del Ejecutivo, la reforma laboral tiene por objetivo “ampliar la cobertura de la negociación colectiva a los trabajadores que hoy están excluidos de su ejercicio, particularmente respecto a los trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje y a las organizaciones que afilien a trabajadores contratados exclusivamente para trabajar en una obra o faena transitoria”.  Respecto a la regulación de la titularidad sindical, el mismo Mensaje expone las normas generales aplicables, la regulación de la titularidad sindical de organizaciones sindicales distintas al sindicato de empresa y la titularidad sindical del sindicato interempresa. Del mismo modo, expone que la iniciativa apunta a reconocer al sindicato como el sujeto principal de la negociación colectiva en representación de sus afiliados, con plenas garantías al principio de libertad sindical.

Una vez expirado el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo, la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado se encuentra a punto enviarlo a la comisión de Hacienda, tras lo cual la iniciativa legal debiese quedar lista para ser llevada a la Sala del Senado. Se estima que ello debiese ocurrir antes de fin de año. Aún no se discute la huelga y el reemplazo. Hasta el 14 de septiembre se registraron 423 indicaciones, tras escuchar a expertos, organizaciones de trabajadores, y al propio Gobierno.

En su paso por la primera comisión las indicaciones fueron aprobadas por los votos de los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD); sus colegas Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI) votaron en contra.

Hernán Larraín y la titularidad sindical

“Me parece que el proyecto es restrictivo porque impide que los trabajadores que no están en un sindicato puedan tener una negociación colectiva. Hoy la ley permite que grupos negociadores se constituyan entre trabajadores no afiliados para poder negociar condiciones de remuneraciones y otras a su voluntad; a mí me parece que esto es restrictivo de la libertad de asociación sindical porque es una manera de obligar a los trabajadores a sindicalizarse”, explica a El Ciudadano el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín.

A su juicio, ¿esto se condice con la extensión de beneficios a los que pueden acceder los trabajadores no sindicalizados?

Es exactamente la consecuencia de lo anterior. Como no los dejan negociar, tampoco les permiten extender los beneficios, salvo que tengan la voluntad del sindicato, y eso también es restrictivo, pues, los contratos son acuerdos de voluntades entre el empleador y el trabajador, y no se ve por qué ambos no pueden llegar a un acuerdo similar al que se obtuvo en el convenio colectivo. Al impedir la extensión de los beneficios estamos causándoles un daño a los trabajadores no afiliados, que solamente van a poder hacerlo si el sindicato los autoriza, o si se incorporan al sindicato. Yo entiendo la voluntad de fortalecer los sindicatos, pero no me parece que sea justo hacerlo a costa de la voluntad y las libertades de los trabajadores no afiliados.

Que estos trabajadores no afiliados puedan beneficiarse de los derechos obtenidos por el sindicato por el mero hecho de afiliarse con posterioridad, ¿en qué medida no es una práctica que incentiva no pertenecer al sindicato?

(El proyecto) plantea situaciones muy complejas. Imaginemos un supermercado en que la mitad de los cajeros está sindicalizado y la otra mitad no, y negocian aquéllos y logran beneficios, si no se extienden a los otros cajeros se va a generar una situación de desigualdad muy grande entre los trabajadores, y el empleador no va a poder extender los beneficios porque depende de la voluntad del sindicato, y si éste no quiere, vamos a tener una situación de desigualdad o de discriminación muy absurda, sobre todo si el empleador está disponible para darle esos beneficios a los otros trabajadores.

Entonces…

Yo entiendo que se pueda interpretar que los que hicieron el esfuerzo tengan los beneficios, eso me parece comprensible humanamente. Pero, desde el punto de vista de los trabajadores no afiliados los estamos obligando a entrar al sindicato, y si ellos no pueden negociar por su cuenta porque no los dejan tener un grupo negociador, la posibilidad que puedan beneficiarse también queda restringida.

Larraín explica que lo anterior vulnera los principios de la OIT, entre los cuales se consagrada la libertad de asociación, así como principios constitucionales chilenos.

El proyecto de ley del Ejecutivo incluía el adjetivo ‘pacifico’ para referirse al acto de la huelga legal, cuestión que fue sacada durante la revisión en la Cámara de Diputados, en este sentido, cuando se discuta la huelga en el Senado, ¿usted está por reponer ese adjetivo para que forme parte del texto definitivo de la reforma laboral?

Nosotros presentamos indicaciones para asegurar que las huelgas excluyan la violencia, me parece que en un Estado democrático de derecho legitimar acciones de violencia o agresivas en circunstancias que estamos regulados por la ley y por el principio de respeto a todas las partes, deberíamos incorporar y asegurar que las huelgas siempre deben ser pacíficas.

El adjetivo ‘violento’ es interpretable, en rigor, cualquier cosa que hagan los trabajadores en el contexto de una huelga en la calle, como sacar un cartel, gritar ¿podría ser interpretado como una acción violenta?

No. Todos sabemos que las manifestaciones y movilizaciones en sí mismas no son violencia, pero la destrucción de bienes que son patrimonio público o privado, ya lo es, por cierto hay que tener (entender) esto en sentido amplio. Me parece que todas maneras tenemos que asegurar y precisar en la ley que el derecho a huelga no incluye el derecho a la violencia.

Cantidad de trabajadores para formar sindicato

Dentro de los llamados senadores ‘pro pymes’ (Felipe Harboe, Ricardo Lagos Weber, Andrés Zaldívar, los hermanos Walker, el presidente de la DC Jorge Pizarro y Eugenio Tuma), cunde la idea de facilitar el desarrollo de este tipo de emprendimientos. El senador Tuma es partidario de la exigencia de 25 trabajadores para formar sindicato.

“Apoyamos a las pymes, pero, en mi caso, con mucha fuerza el planteamiento de los trabajadores. Es posible que lleguemos a un acuerdo equilibrado entre el legítimo derecho a sindicalizase y la realidad económica y productiva de una micro y pequeña empresa”, dijo el senador Ricardo Lagos Weber en La Segunda, luego de un almuerzo con los ‘pro pymes’.

“La ley chilena exige 25 trabajadores para formar un sindicato, el promedio en Latinoamérica es de 20 trabajadores, en la Ocde es sobre 25 –explica el senador Eugenio Tuma a El Ciudadano–; nosotros tuvimos una modificación a la ley por razones excepcionales ya que se estaba burlando la legislación al constituir los mismos dueños distintas empresas, distintos Rut para no tener el número de 25 trabajadores, por eso se bajó a ocho; una vez que se legisló el multiRut ya no tiene efecto haber bajado de 25 a ocho, toda vez que desde que se modificó la legislación a ocho trabajadores, solamente el tres por ciento de las pymes han constituido sindicatos”.

El legislador del PPD asegura que “esto significa que formar sindicatos no es prioridad para los trabajadores, tiene otras. Nuestras indicaciones (al proyecto de ley) tienen que ver con la búsqueda de un equilibrio, más que con el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, lo que me parce bien para la gran empresa, para las pymes tiene otro objetivo. Ahí hay que repartir la escasez, no la riqueza como se va creando en las grandes empresas”.

A su juicio, ¿cuál es el objetivo del fortalecimiento de la negociación sindical y de la huelga?

Obtener mayor parte de la distribución de las utilidades. Como las pymes prácticamente no tienen utilidades, de lo que se trata es darle un tratamiento especial a las pymes a través de estas 25 indicaciones, dándole más plazo para informar, dándoles apoyo para tener una contraparte equilibrada entre el pequeño y el micro empresario y sus trabajadores.

En la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado estiman que tras concluida la discusión del Presupuesto 2016, la Reforma Laboral debiese pasar a la comisión de Hacienda, y luego a la Sala para ser despachada como ley entes de fin de año.