Sanciones a funcionarios venezolanos: Medida unilateral de ataque internacional

Las sanciones impuestas por la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac) de los EEUU, en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios,  trasciende el aparente objetivo individual de dañar la imagen del líder político y estadista latinoamericano con una resolución internacional.

La medida unilateral, así como otras de gobiernos de países europeos y de Canadá, en contra de un promedio de 40 funcionarios venezolanos de alto cargo del Estado, incluido su Jefe de Estado y el Vicepresidente de la República, se constituyen en un flagrante ataque en contra de la soberanía de ese país y de su pueblo, pues persigue minar la estabilidad política y económica de Venezuela.

En América Latina, en el período de postguerra, las sanciones económicas fueron usuales para “castigar”, extorsionar y desestabilizar a gobiernos que plantearon algún tipo de obstáculo a la expansión de intereses público-privados estadounidenses (el caso del gobierno de Arbenz en Guatemala, el caso de Cuba, el caso del gobierno de Joao Goulart en Brasil o el del gobierno de Salvador Allende en Chile)

Las sanciones son  «un mecanismo más” impuesto por el gobierno de los EEUU, Canadá, algunos europeos. Acciones “aplaudidas” por algunos países de  de América Latina que adversan a la revolución bolivariana, aseveró el docente universitario  Camillo Di Cola.

La sanción, dijo, “Está concebida como un mecanismo para quebrar los Estado-naciones, desde diversas perspectivas, incluyendo la económica”.

Y agregó que “A ese objetivo atienden las sanciones, que carecen de todo fundamento, sin pruebas reales (en contra de los funcionarios a los que se les aplica). Sólo buscan vulnerar la credibilidad, la moral”, en este caso, de los líderes y funcionarios del Estado venezolano, y que conducen la revolución bolivariana, aseguró el docente.

Se trata, también, de “actuar psicológicamente en el ámbito de lo social,  a través de mecanismos mediáticos y redes sociales, para vulnerar así la percepción que tienen los ciudadanos del país y de otras naciones” de los líderes y de la revolución venezolana.

Estados Unidos aplica éste «soft power» con un mecanismo de ahorque sobre Venezuela.  Entre una intervención militar y no hacer nada, se prefiere hacer uso de las sanciones, castigando a un país por el simple hecho de pensar distinto.

De la “lista Clinton” al inicio del bloqueo financiero

Las sanciones impuestas por la Ofac estadounidense también son conocidas como la “lista Clinton”, porque se creó en 1995 bajo el mandato del presidente de los EEUU, Bill Clinton, que gobernó  entre 1993- 2001.

En la lista de Bill Clinton se han incluido, en los últimos años, durante otros mandatos estadounidense, a presidentes y gobernantes de diversos países, como el de Siria,  Bashar al-Ásad, también al de Corea del Norte, Kim Jong-un, entre otros.

Desde finales del 2017, cuando se hizo la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con la participación de más de ocho millones de venezolanos, el 41,53 % del padrón electoral, el número de altos funcionarios incluido en esta lista, ha crecido  a un promedio de 40.

En esta lista y otras resoluciones aparecen sancionados por “violar los derechos humanos” y otros delitos penados internacionalmente, pero que no han sido comprobados por los “acusadores”.

En la lista también aparecen el presidente del Poder Judicial del país, rectoras del Poder Electoral y la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, así como militares y otros funcionarios de seguridad del Estado venezolano.

Estas sanciones, destacó Di Cola, constituyen un ataque en contra de la  estructura jurídica del Estado y de la Constitución Nacional, aprobada en referéndum en 1999 por el pueblo venezolano, así como “en contra de las funciones que cumplen los administradores en estos cargos”, enfatizó el docente.

El ataque a los funcionarios venezolanos “es un esquema de agresión en contra de nuestra soberanía”, un paso previo al inicio de sanciones ya no políticas , sino económicas, que afecten a la industria nacional, que obstaculicen las inversiones internacionales en el país y atentan en contra de la vida del pueblo venezolano, con la complicidad de operadores políticos de la derecha nacional.

¿Qué incluyen las sanciones en términos generales?

Embargo de armas, reducción o corte total de asistencia, limitación de importaciones y exportaciones, congelamiento de activos, aumento de impuestos, revocación de acuerdos en el marco de la cláusula de la nación más favorecida, votos negativos en las Instituciones Financieras Internacionales, corte de relaciones diplomáticas, rechazo de otorgamiento de visas, cancelación de vuelos y vínculos aéreos, prohibición de créditos, financiamiento e inversiones.