Se empieza a caer una denuncia por espionaje al gobierno argentino

La denuncia de Bullrich y Alonso, ambas diputadas nacionales del PRO, partido que encabeza sostiene que desde el gobierno nacional y a través de distintos organismos de inteligencia, se espiaba ilegalmente las conversaciones telefónicas, los chats y los mails de distintas personalidades, políticos y periodistias opositores. A menos de dos días de su presentación, la acusación parece perder su peso.

«El medio que denuncian que sería un grupo de antenas supuestamente instaladas en la zona de Tecnópolis directamente es un absurdo tecnológico», sostuvo Ariel Garbarz, ingeniero en electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a Radio Télam, y agregó: “la única posibilidad física de que podrían ser interceptados todos esos teléfonos celulares de ese listado es que 200 personas hubieran estado todas juntas en esa zona».

Por su parte, uno de los jueces que entiende la causa, Sebastián Casanello, también contradijo hoy lo dicho por las impulsoras de la denuncia. En diálogo con Radio Vorterix, Casanello ratificó que la denuncia llegó a su despacho «sin la documentación correspondiente»

«Eso es una rotunda falsedad, la denuncia llegó al juzgado sin documentación y no se presentó nadie a ratificarla. No quiero abrir una polémica en torno a esto, pero no había persona más interesada que yo en que la denuncia se ratificara», agregó el juez.

Las denuncias judiciales que fueron radicadas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, sostienen que el espionaje se realizó desde dos sedes de la fuerza del ejército, la de San Juan y la de Entre Rios, y también desde el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citefa).

En su denuncia, Laura Alonso cuenta cómo se desarrolló: «El día 19 de Octubre de 2015 recibí un llamado telefónico de una persona, quien procedió a identificarse como miembro de los servicios de inteligencia, sin revelarme su identidad por el peligro cierto que dar a conocer esta información implicaba para él y para su familia, pero que dada la gravedad institucional de la información a entregar y su acceso a la misma, ameritaba enviarla a mi público despacho».

Ahora bien, según Garbarz, esto no es así. “Estoy autorizado por el doctor Arslanian, que es uno de los denunciados en esta lista, y fue uno de los teléfonos que hemos verificado con un software oficial convalidado por la Sala 2 de la Cámara Federal, se llama DBA el software, que su teléfono no estaba intervenido con ningún tipo de equipo digital», explicó.

Dijo también que «esa muestra nos está diciendo que ya la denuncia carece de sentido porque además hubo otros que verificamos y, de todos ellos, el único que me autorizó para darlo a publicidad es Arslanian» y agregó: «Todos estaban limpios, no tenían ninguna intervención digital».

¿En qué terminará esta seria denuncia? ¿Espionaje ilegal o una baja estrategia electoralista?