Nuevo golpe de la comunidad internacional en contra de Venezuela. Este martes el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó el procedimiento para abrir la Carta Democrática del organismo contra Venezuela.
Según informa TeleSUR, en un informe de 132 páginas, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016” para, según él, «atender a la alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta gravemente el orden democrático (del país).
El titular de la OEA “sustenta” su afirmación de que esa supuesta alteración existe, en las denuncias de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, y por sus mismas conclusiones parciales.
El documento describe la guerra económica que vive el país como una «crisis humanitaria que afecta el goce de los derechos sociales» y afirma que la Secretaría General del organismo considera necesario que haya «cambios inmediatos en las acciones del Poder Ejecutivo«.
Por su parte, el embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, aseguró que en el país no hay ninguna situación fáctica que encaje o se subsuma bajo los supuestos de hechos establecidos en la Carta, “porque no existe una ruptura o alteración del orden constitucional».
¿Qué implica la activación de la Carta Democrática?
El mecanismo se aplica en el caso de que se produjera una ruptura del proceso político institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder por un Gobierno democráticamente electo.
Se establece en cualquiera de los Estados miembros de la organización.
Con su activación, se abriría un proceso de reuniones y votaciones que podrían acordar la suspensión temporal del Estado Miembro y del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Para que ello se materialice se requiere del voto de los dos tercios de los Estados que conforman la Organización, es decir, 34 países.
Según voces expertas, la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela sería el primer paso para justificar una intervención militar extranjera o propiciar el apoyo a grupos terroristas en el país suramericano para derrocar al Gobierno.
El antecedente de esta nueva arremetida tuvo lugar en Honduras, tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por un golpe de Estado, el 4 de julio de 2009, con voto favorable de 33 países. Dos años después, en 2011, tras un complejo debate, Honduras volvió a ser miembro de la organización.