La Comisión Chilena de Derechos Humanos alertó sobre impunidad frente a los crímenes cometidos por los funcionarios de seguridad durante el estallido social en 2019.
Las declaraciones de la Comisión se dan en medio del debate que se lleva a cabo sobre la revocación de pensiones de gracia otorgadas a las víctimas.
Mediante un comunicado —publicado por el portal Radio U. Chile—, la Comisión cuestiona las arremetidas que se han realizado contra los fiscales del caso Xavier Armendáriz y Ximena Chong, quienes actualmente están liderando la investigación judicial en contra el Alto Mando de Carabineros de Chile por posibles responsabilidades en violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante el estallido social.
De igual forma, la Comisión acusó al fiscal Nacional, Ángel Valencia de remover de sus funciones dentro de la causa a Armendáriz.
«Diversos sectores políticos de derecha, han arremetido en contra de la labor que han estado realizando el Fiscal Regional, Xavier Armendáriz y la Fiscal, Ximena Chong (…) Lo que buscan estos sectores políticos es que estos fiscales dejen de cumplir con el deber de investigar encomendado», refiere el texto.
Además de la acusación contra el fiscal, tras los hechos registrados contra Armendáriz, la Comisión acusa a Valencia de no respaldar en ningún momento a otros fiscales agredidos.
“Queremos recordar que los diferentes órganos y Poderes del Estado de Chile tienen el deber de cumplir con las obligaciones de esclarecer la Verdad, aplicar la Justicia, otorgar las debidas Reparaciones a las víctimas e implementar Garantías de No Repetición, cuando se producen crisis de derechos humanos como las que vivió nuestro país durante el Estallido Social”, expresan.
Cabe recordar que Amnistía Internacional envío una carta al Fiscal Nacional Ángel Valencia, expresando su preocupación por las «presiones e injerencias indebidas» dirigidas en contra de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong.
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En el texto, la Comisión también se refirió con respeto a un eventual retiro de las pensiones de gracia otorgadas a las víctimas del estallido social.
Al respecto, señalan que «la obligación estatal surge para reparar en parte el daño causado por la acción de agentes del Estado (p.ej. disparos de Carabineros que dejan sin visión de uno de sus ojos a manifestantes), obligación que debe ser cumplida con prescindencia del historial pasado de la víctima».
“Queremos advertir que la eventual revocación de dichas pensiones importaría un grave incumplimiento de la obligación internacional que tiene el Estado de reparar a quienes han sufrido graves vulneraciones a sus derechos humanos”, finalizan.
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