La polémica por la participación de Joaquín Lavín en la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia continúa generando reacciones. Esto porque el senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó una presentación a Contraloría por la eventual vulneración de la ley 18.700 sobre votaciones y escrutinios.
El parlamentario del PRO explicó que “La Moneda entró en la carrera presidencial con la aparición de Lavín en el acto de entrega del IFE. Piñera tiene candidato y ese es Joaquín Lavín. Lamentablemente tengo una mala noticia para el presidente; violó la ley de votaciones y escrutinios pues contravino el principio de probidad en la administración del Estado”.
El senador por la región del Biobío dijo que, con el acto liderado por el alcalde de Las Condes, “se intenta blindar a Joaquín Lavín porque están seguros que él será la carta de la derecha en noviembre, y si llega a ganar, será un blindaje permanente a Piñera frente a las múltiples causas de violaciones a los derechos humanos que hay en su contra”.
El legislador aseguró que “lo que se debe indagar no es solo la evidente falta a la probidad, sino que la existencia de un compromiso de Lavín para resguardar criminalmente a Piñera y a todo su gabinete que deberá responder ante la justicia por delitos de lesa humanidad”.
Según Navarro, “Joaquín Lavín gozó de una situación privilegiada en el evento que entregó la ayuda más grande que ha generado el gobierno en el último tiempo. La política se basa en gestos y los gestos se retribuyen. La moneda de cambio para Piñera sería la impunidad que Lavín comprometió”, dijo citado en nota de prensa.
“La posición de privilegio que mostró La Moneda con Joaquín Lavín, en desmedro de los demás candidatos de Chile Vamos, violó la ley de votaciones y escrutinios, que explica que las autoridades públicas que realicen inauguraciones de obras u otros eventos o ceremonias de carácter público, deberán cursar invitación por escrito a tales eventos a todos los candidatos del respectivo territorio electoral”, mostró Navarro.
“El incumplimiento de esta obligación es considerado como una contravención al principio de probidad contemplado en la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Espero que la Contraloría haga prueba de ello”, concluyó.
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