Lo primero que evidenció este desastre es la incapacidad del estado para dar adecuada respuesta a pesar que su inminente ocurrencia había sido alertada por Conaf y anticipada por otros incendios que asolaron a Valparaíso el último tiempo.
El fuego infernal no sólo fue resultado de factores climáticos que favorecieron su desarrollo. Hubo negligencia y graves errores que propiciaron que éste se gestara y creciera hasta alcanzar dimensiones dantescas. Entre estos factores destaca la existencia de desechos combustibles en las quebradas lo que hizo que se propagara con gran fluidez.
Un informe de Conaf de 2012 alertó sobre el hecho que, en la parte alta de Valparaíso, se daban todas las condiciones para que fuera devorada por las llamas. Como señaló El Mostrador en nota de 15 de abril el citado documento “proponía medidas como cortafuegos y limpieza de microbasurales”. Pero nadie tomó medidas.
Según se cita en el artículo El historial de negligencia y corrupción que hizo arder a Valparaíso (Ciper, 16 de abril), el académico de la Universidad de Chile Miguel Castillo, difundió en 2012 un estudio (Revista Territorium) en el que se informó de la alta cantidad de carga combustible acumulada en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar.
Para empeorar la situación, en febrero de 2011 el gobierno del Presidente Sebastián Piñera suspendió la puesta en marcha del Plan de Control de Microbasurales en la parte alta de Valparaíso, que consideraba fases de educación ambiental, además de la limpieza de las quebradas.
Este programa se había implementado a partir de septiembre de 2009, tras un convenio celebrado entre la CONAF y el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso (PRDUV), dependiente de la Subdere. Este plan contó con 1.179 millones de pesos, pero sólo la mitad de estos fondos alcanzaron a ser ejecutados.
Particularmente perjudicial para la expansión del fuego fue el hecho que los insuficientes grifos (administrados por la privatizada sanitaria Esval) tenían muy poca agua o simplemente estaban secos. Esta situación ya era conocida a raíz de otros incendios, como el de febrero de 2013 que afectó principalmente a Rodelillo. El Municipio de Valparaíso y en particular su alcalde debieron hacer una drástica denuncia de esta situación, pero optó por el silencio.
El incendio se vio también favorecido por la existencia –alrededor de Valparaíso- de miles de hectáreas de pinos y eucaliptos que fueron un feroz combustible que amplificó exponencialmente la gravedad del problema.
Por otra parte, Bomberos y Conaf no cuentan con el equipamiento necesario para responder a estas emergencias.
También es perjudicial para el manejo de grandes incendios el hecho que los brigadistas de la Conaf han sido reducidos en su número y precarizados en sus condiciones laborales. A muchos se les contrata sólo en las estaciones de primavera y verano y no se les brinda la capacitación ni equipamiento adecuado. (http://www.navarro.cl/%E2%80%9Cevitemos-muertes-a-brigadistas-forestales-les-urge-un-contrato-especial%E2%80%9D/ )
Otro aspecto que ha mostrado este incendio es que las fuerzas armadas no aportan a las tareas de sofocamiento del fuego ni de limpieza de las ruinas, reduciéndose su participación a la vigilancia armada de la población civil. ¿Qué es lo que impide que participen del combate del fuego?
La institucionalidad de emergencias está mal diseñada: La Onemi sólo tiene rango de oficina ministerial siendo su infraestructura y orgánica absolutamente insuficiente e inadecuada para lo que Chile hoy necesita.
Un nuevo camino
Como respuesta a lo ocurrido en Valparaíso debemos generar una nueva forma de abordar las cada vez más recurrentes emergencias que como país afrontamos.
Debe crearse un Ministerio de Emergencias Nacionales y catástrofes naturales, que tenga facultades nacionales y adecuado presupuesto. Su rol debe ser preventivo, operativo y su accionar altamente profesionalizado y empoderado.
Es necesario establecer por ley que los informes de los organismos técnicos sean vinculantes. No puede ser que instituciones estatales sigan desoyendo informes que anticipan desgracias como ocurrió con el informe de Conaf sobre riesgos de incendios en Valparaíso.
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Se debe mejorar el equipamiento de Conaf y de Bomberos. Estas deben considerar. Para ser brigadista deben existir requisitos de selección; una adecuada capacitación; que existan protocolos obligatorios para actuar en terreno.
Debe sancionarse severa cualquier negligencia que pueda derivar en graves emergencias y accidentes, como la escasez y fallas en el sistema de grifos.
No se puede seguir entregando al lucro la tan importante responsabilidad de proveer agua a las comunidades humanas por lo que debe estudiarse retornar al estado una participación dominante en las empresas sanitarias.
La reconstrucción de los asentamientos humanos arrasados debe asegurar que habrá provisión adecuada de agua para consumo humano y para el combate de incendios, salvando el hecho que algunos de estos poblamientos eran irregulares.
Por otra parte, es necesario capacitar e incorporar a las fuerzas armadas a las tareas de combate del fuego y de otras emergencias.
Dada la sequedad que provocan y el peligro que suponen, debe ponerse fin a todo estímulo a las plantaciones de pinos y eucaliptos, limitar e impedir su permanencia cerca de zonas pobladas. Esto debe regularse considerando las normas internacionales más exigentes en esta materia.
La reconstrucción debe considerar planes de autoconstrucción los que deben contar con apoyo técnico y económico del Estado; una adecuada planificación urbana la que debe realizarse con la participación de especialistas independientes (arquitectos, geógrafos, ingenieros, etc.); la no bancarización de las posibles deudas que la construcción genere; y el desarrollo de una economía local en el proceso de construcción. Este proceso debe hacerse preservando la historia e intereses de los involucrados y resguardando la valiosísima identidad y patrimonio de Valparaíso.