En el marco de la movilización nacional en rechazo a que Chile sea parte del Trans-Pacific Partnership (TPP), a la que se sumará Concepción hoy desde las 18.00 desde Plaza Perú, el senador Alejandro Navarro denunció que este tratado internacional “en una de sus artículos mete de contrabando la Ley Monsanto, al exigir a Chile ratificar el Convenio UPOV 91, que es la versión internacional de la Ley Monsanto de privatización de las semillas”.
El senador del MAS, quien es miembro de la plataforma Chile Mejor Sin TPP, detalló que “El TPP, en su artículo QQA.O punto 2c, exige a nuestro país ratificar el Convenio UPOV 91, obteniendo con ello lo que no pudieron hacer por la vía del Congreso con la Ley Monsanto”.
El parlamentario recordó que “el año 2011 recurrimos al Tribunal Constitucional y logramos que este señalara que los indígenas son dueños y creadores de las semillas, que su propiedad sobre ellas es ancestral, y que por lo tanto, es nula la inscripción de semillas usurpadas”.
“Luego nos opusimos al UPOV 91 en el Congreso, el que producto de la presión ciudadana, fue retirado de la discusión en marzo de 2014. Sin embargo, hoy las corporaciones biotecnológicas ven una nueva oportunidad en el TPP de introducir su agronegocio”.
Navarro sostuvo que “el UPOV 91, más conocido como Ley Monsanto, atenta con nuestra soberanía agroalimentaria impidiendo el libre intercambio de semillas, y con ello generando las condiciones que necesita la agroindustria para la expansión de los cultivos transgénicos”.
El parlamentario recalcó la peligrosidad de este tratado, “si el Senado llegase a ratificar el TPP, se aplicará un freno para nuevas leyes de protección efectiva de nuestros derechos de semillas. Así Monsanto y las transnacionales lograrían eliminar el peligro de una futura ley de etiquetado de transgénicos o una moratoria a los cultivos transgénicos”.
“Con esto, habrá nuevos estímulos legales para expandir el negocio de los transgénicos al mercado interno ahogando la agricultura familiar campesina y la agroecología. Además permite que las empresas puedan seguir fumigando los campos chilenos con plaguicidas cancerígenos como el glifosato y usando insecticidas neonicotinoides que matan las abejas e insectos benéficos”.
Efectos en internet y Ley Ricarte Soto
Navarro añadió que “a esto se suman las restricciones a la privacidad en Internet, el aumento de la protección de patentes de los medicamentos, y una mayor desregulación financiera”.
Para el legislador “este un tratado que traerá más costos que benéficos para Chile, poniendo en juego, incluso, el cumplimiento de la ley Ricarte Soto, al extender la exclusividad de los fármacos biológicos, al menos por 5 años. El tratado busca extender la exclusividad para los datos clínicos usados en el desarrollo de fármacos biológicos, impidiendo a nuestro país poder bajar los precios de los medicamentos”.
El parlamentario sostuvo que “este es un tratado de sometimiento a las farmacéuticas y al poder corporativo. Ejemplo de esto es que en Estados Unidos –donde las farmacéuticas tienen más poder que en ninguna otra parte del mundo– la población gasta alrededor de 300 billones de dólares al año en medicinas”.
Para el senador Alejandro Navarro “de aprobarse este tratado, estaremos siendo condenados a la dependencia y supeditación de los laboratorios farmacéuticos internacionales que buscan mantener sus millonarias ganancias a costa de la necesidad de salud en el mundo, cercenándoles la capacidad a 792 millones de personas (población combinada de los 12 países) de acceder a medicamentos genéricos, los que son sustancialmente más económicos”.
“Un país en vías de desarrollo como el nuestro estaría firmando la sentencia de muerte de miles de chilenos, incapaces de costear los altos precios de medicamentos de enfermedades tan letales como el cáncer. En consecuencia, el TPP es un ataque frontal contra cualquier política pública que intente ampliar los servicios de salud”.
Finalmente el congresista dijo que “esperamos que muchos parlamentarios rechacen esta iniciativa y desde ya anunciamos nuestro voto en contra. Aquí no está en juego la lealtad con Bachelet ni con el Canciller, aquí lo que hay es un elemento de transparencia, de protección de derechos y de resguardo de nuestra soberanía económica, política y social”.
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