La gran mayoría de los chilenos está hastiada del modelo de injusticia impuesto en dictadura y consagrado en la supuesta “transición a la democracia”, que a la luz de los hechos más parece de consolidación del orden oligárquico.
En este escenario de agotamiento de la población con el modelo neoliberal, la posibilidad de fundar un nuevo orden a través de una nueva constitución, democráticamente generada, gana cada día más y más adeptos.
Sin embargo, no es fácil el camino para llegar a esa nueva carta fundamental, y, en caso que se logre, existen dudas si esta realmente será democrática y por todos construida. Hay muchos que temen, justificadamente, que la elite política y económica intentará dar forma a una nueva carta fundamental con el único objetivo que todo siga igual.
El debate está encendido y una de las voces más autorizadas en esta materia, es la del historiador, académico de la Universidad de Chile y coordinador del Foro por la Asamblea Constituyente, Sergio Grez.
En entrevista éste expresó que el “proceso constituyente” anunciado por la presidenta Michelle Bachelet “confirma lo que muchos ya sospechábamos: que el Gobierno y los sectores hegemónicos de la Nueva Mayoría no tienen la voluntad política de empujar un proceso constituyente democrático, para dotar al país de una constitución vía asamblea constituyente”.
Según Grez –que es Doctor en Historia de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París-, el anuncio de Bachelet “pospone el proceso constituyente con su corolario de nueva constitución, que, como ella misma reconoce, va a quedar como tarea para el próximo gobierno”.
Recordemos que el 3 de octubre, en cadena nacional de radio y televisión, realizada desde La Moneda, la mandataria socialista dio el puntapié al “proceso constituyente”. Sin embargo, de acuerdo a lo anunciado ese día por Bachelet, será el próximo presidente y el nuevo Congreso Nacional, surgidos de las elecciones de noviembre de 2017, los que definirán la nueva constitución.
El proceso constituyente impulsado por Bachelet arrancó en octubre. Comenzó con una –hasta ahora- casi imperceptible campaña de educación cívica, que se extenderá hasta marzo de 2016. En dicho mes iniciarán los “diálogos ciudadanos”, primero a nivel de las comunas, pasando por provincias y regiones, para concluir en una “síntesis a nivel nacional”. Esta síntesis se traducirá en lo que la presidenta definió como “las bases ciudadanas para la nueva Constitución”, que le será entregada a ella en octubre de 2016.
Con la pretendida finalidad que este proceso “sea libre, transparente, sin distorsiones ni presiones de ningún tipo”, será supervisado por un Consejo Ciudadano de Observadores, nombrado por Bachelet e integrado por “ciudadanos de reconocido prestigio”, aseguró ella.
A partir de dicha “síntesis”, la presidenta y sus asesores elaborarán un proyecto de nueva Constitución, que será ingresado al Congreso Nacional el segundo semestre de 2017, en plena campaña presidencial y parlamentaria.
Bachelet sostuvo que este proyecto recogerá “lo mejor de la tradición constitucional chilena” y será coherente “con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”.
En consideración que la actual Constitución no contempla un mecanismo para ser reemplazada, a fines del 2016 el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional en que se propondrá que éste habilite al próximo Congreso para decidir, por una mayoría de tres quintas partes, de entre cuatro alternativas, la forma de aprobación de la nueva Constitución.
Estas opciones son: una Comisión Bicameral de Senadores y Diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; una Asamblea Constituyente; o un plebiscito, para que sea la ciudadanía la que decida entre las anteriores alternativas.
Grez –que es autor de media docena de libros entre los que destaca -Historia del Comunismo en Chile (1912-1924)- estima que el anuncio aparece como una manera de ganar tiempo para que Bachelet termine su mandato “sin mayores sobresaltos”.
Grez asegura que ésta “es una propuesta ambigua y alambicada”, puesto que considera cuatro alternativas para remplazar la Constitución “que satisfacen a todos los componentes de su coalición”. En su parecer el objetivo de esto “es administrar las contradicciones y tensiones existentes –en la Nueva Mayoría- para que nadie quede completamente descontento y de esta forma, esta alianza no se rompa ni se escinda”.
Este historiador asegura que el formato propuesto por Bachelet “siembra ilusiones en sectores poco claros del universo de partidarios por la asamblea constituyente, en orden a que aún es posible, bajo los auspicios del actual Gobierno, el transitar hacia la asamblea constituyente”.
Para Grez la llave del proceso constituyente propuesto por la mandataria “lo tendrá la derecha ya que por los altos quórums autoimpuestos por Bachelet (dos tercios y tres quintos) se requerirá de su concurso para realizar cualquier cambio constitucional. Aquí no hay voluntad política para realizar cambios profundos, a lo sumo existe la disposición de convenir con la derecha nuevas reformas constitucionales”.
“En definitiva, Bachelet levanta la alternativa de la asamblea constituyente para sepultarla”, expresa Grez.
En el ámbito de las propuestas, el coordinador del Foro por la Asamblea Constituyente manifiesta que “la solución democrática pasa por una vía de autonomía de los movimientos sociales y políticos, en un proceso de acumulación de fuerzas largo, que termine por imponer a través de una ruptura democrática, la asamblea constituyente. Por la vía señalada por Bachelet no se llega a eso”.