Sharp altera a actores regionales por revisión de proyecto portuario en Valparaíso

Aunque todavía no asume como alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp ya enfrenta resistencias a su planes para la comuna. El abogado manifestó que se revisarían algunos proyectos urbanísticos proyectados para la ciudad, como el Mall Barón y la expansión portuaria (Terminal 2), debido a su impacto patrimonial en la urbe declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus intenciones generaron reacciones desde la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) e incluso de la Intendencia Regional.

«Si hay que retrasar, replantear o desarrollar otras alternativas para estos proyectos, lo vamos a poner todos arriba de la mesa», expresó el militante del Movimiento Autonomista, quien levantó su candidatura luego de un proceso de primarias ciudadanas junto a otros postulantes, cuyas banderas justamente proclamaban la preservación patrimonial de la ciudad puerto.

Conocida su debilidad por las campañas del terror, El Mercurio del miércoles 26 de octubre tituló una de sus notas de la siguiente forma: “Puerto Valparaíso pide a alcalde electo apegarse a la institucionalidad vigente”. Dicho espacio dio tribuna a Raúl Urzúa, presidente de la EPV, quien sostuvo que espera conversar con Sharp para “entregarle toda la información que requiere y necesita para que se interiorice y conozca en detalle todos y cada uno de los proyectos».

Sin embargo, el directivo de la empresa advirtió que “aquí está operando una institucionalidad que está vigente y esperamos que siga operando».

Gabriel Aldoney

El diario de Agustín Edwards también recogió declaraciones del intendente Gabriel Aldoney. A juicio de la autoridad regional, “el futuro alcalde tiene todos los derechos a decir eso, pero él tiene que entender que Chile tiene una estructura administrativa y normas jurídicas en las cuales se basa el desarrollo de estos proyectos. También, hay ciertas atribuciones del municipio que no son las mismas que tiene el gobierno regional ni las que tiene el nivel central».

TERMINAL 2: “IMPACTO ALTO, PERMANENTE E IRREVERSIBLE”

En mayo de este año, fue el mismo Aldoney quien entregó los resultados de un estudio encargado por el Estado y desarrollado por el experto patrimonial colombiano Juan Isaza. Las conclusiones fueron contundentes, porque el nuevo frente de atraque de 725 metros, licitado por US$500 millones, tendría un “un impacto alto, permanente e irreversible”.

El objetivo de tamaña obra se orienta a satisfacer las necesidades del comercio internacional, a propósito de la ampliación del Canal de Panamá y el consiguiente aumento del flujo de mercancías. De ahí que el puerto necesite más espacio para acopiar más contenedores, asunto que generaría una suerte de muro entre la ciudad y el mar, perjudicando la condición de “anfiteatro natural” que caracteriza a Valparaíso.

ALGO TIENE QUE DECIR LA SOCIEDAD CIVIL

Uno de los que salió al paso de las declaraciones de Raúl Urzúa, fue Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad. “Si ese funcionario público le está diciendo al nuevo alcalde que ‘debe apegarse a la institucionalidad’, le está expresando que su empresa del Estado no aceptará la necesaria revisión de ambos proyectos”, señaló el arquitecto.

Raúl Urzúa

Herman agregó que el 6 de octubre se reunió con Bernardita Escobar, presidenta del Servicio de Empresas Públicas (SEP) para entregarle antecedentes sobre las “ilegalidades en la tramitación del Mall Barón confirmadas por la Contraloría General de la República y una serie de subsidios económicos, vulnerando el artículo 20º de la Ley de Puertos, otorgados por EPV a la empresa Plaza Valparaíso S.A. filial de la influyente y poderosa empresa Falabella S.A. quien, a través de una irregular concesión, intenta levantar una estructura de alta carga de ocupación en un terreno que tiene variados restos arqueológicos”.

Según afirma el arquitecto, el 20 de octubre presentaron un documento a Escobar, suscrito por él y por el abogado Rodrigo Avendaño, en el que detallan que Defendamos la Ciudad ingresó a la Contraloría General de la República “una denuncia por subsidios otorgados al margen de la ley de Puertos (art. 20) que dio origen a la existencia de las empresas portuarias, como el caso de EPV, infracción que habría cometido esa empresa estatal en beneficio de la privada Plaza Valparaíso S.A., en relación al Proyecto Puerto Barón”.

Puedes leer el documento en el siguiente enlace:

Defendamos La Ciudad a Bernardita Escobar, Pdta del SEP by El Ciudadano on Scribd