El proyecto de ley para fortalecer la democracia que envió al Congreso la presidenta Bachelet resultó tener letra chica. En principio el proyecto seguía los consejos de la Comisión Engel y eliminaba la posibilidad de que personas jurídicas, con o sin fines de lucro, realizaran aportes a campañas o a partidos políticos. El objetivo de esta medida era evitar que surgieran «conflictos de interés para los candidatos y sus partidos» como lo ocurrido con el caso Penta o SQM. Pero este proyecto destinado a regular las relaciones entre la política, las empresas y el dinero, fue sigilosamente modificado.
Miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de los Diputados despacharon el proyecto el pasado 9 de junio con una indicación extra en su artículo 33: «El aporte máximo anual en dinero que cada persona natural o jurídica podrá efectuar a partidos políticos, estén o no afiliados a ellos, no podrá exceder de 500 unidades de fomento al año”. Así, con esta indicación aprobada por nueve de los trece diputados miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara, se permite el aporte de empresas a los partidos políticos, lo que ignora los consejos e indicaciones presentados por la Comisión Engel.
Expertos en probidad y transparencia que participaron en las sesiones de la Comisión de Constitución y que redactaron además el informe Engel se han mostrado disconformes con esta «modificación» del proyecto de fortalecimiento de la democracia: «Nosotros no entendemos. Porque en todas las sesiones a las que asistimos había acuerdo en poner fin al aporte de las empresas«, explica para el diario El Dínamo la directora de Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada. «Nos parece que no es correcto. Nosotros estamos de acuerdo con que se prohiba el financiamiento de las empresas. Y si se hace en las campañas, nosotros creemos que si uno quiere evitar la captura de la política, creemos que el mismo principio debiera regir para los partidos políticos«, agregó la directora de la ONG.
La comisión Engel, durante la elaboración del informe solicitado por la presidenta de la República, discutió sobre la posibilidad de diferenciar entre aportes de personalidades jurídicas a campañas y a partidos, pero concluyó por mayoría que es necesario prohibir los aportes privados para ambos casos.
El texto legal se encuentra este miércoles en discusión por la Comisión de Hacienda, que votará en Sala si este proyecto de ley para fortalecer la democracia que permite los aportes de empresas a los partidos políticos seguirá adelante o no. Según el diario La Tercera, integrantes de la Comisión de Hacienda se mostraron sorprendidos con la modificación: «Las mismas razones que nos llevan a terminar con el aporte de personas jurídicas a candidatos valen para los partidos«, comunicó Pepe Auth (PPD), presidente de la Comisión.
Gabriel Boric respondió a través de Twitter a Claudio Fuentes, miembro de la Comisión Engel, quien le informó de la letra pequeña del proyecto: «Es cierto? Osea que las empresas donan a los partidos y los partidos distribuyen. De ser así, no han entendido nada de la crisis«, publicó el diputado por la Región de Magallanes.
La diputada UDI Marisol Turres, miembro de la Comisión de Constitución que se abstuvo en la votación explicó para El Dínamo el por qué de la modificación del proyecto: «Algunos partidos han gestionado su patrimonio de tal forma que tienen empresas propias y de alguna manera reciben recursos de empresas que les son propias. Entonces hubiera sido muy complejo el impedirle percibir la rentabilidad que le dan sus propios bienes«.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto Ferrada, defendió según publica la Tercera, la enmienda y dijo que se trata de aportes fuera de época de campaña. El parlamentario del PS agregó que «si abre espacio a situaciones que nos interesesa erradicar, revisaremos la posibilidad de cambiarla«.