Sobre la crisis política y el modo de superarla

La primera cualidad que deben tener las autoridades es la representatividad, por la cual quienes ejercen la función gubernamental están legitimados por haber sido seleccionados y electos por los ciudadamos para ejercer los cargos. Téngase en cuenta que la representatividad no está dada solamente por el porcentaje de los votos válidamente emitidos, sino por la proporción de los ciudadanos que participan en los eventos electorales, y por la legitimidad del sistema electoral vigente.

La segunda cualidad que debe distinguir a los gobernantes consiste en las competencias y capacidades que demuestren tener para enfrentar y resolver los problemas que afectan a la sociedad y a los ciudadanos. Téngase en cuente, al respecto, que no se trata solamente de que ‘las instituciones funcionen’, sino de que quienes las dirigen posean las capacidades para un buen desempeño en la efectiva solución de los problemas reales y actuales.

La tercera cualidad es de carácter moral, y la podemos expresar haciendo referencia a  la sabiduría que demustren tener en sus discursos, la honestidad en sus acciones, el sentido de justicia de sus decisones, la veracidad en su hablar y en su prometer.

Cuando las autoridades poseen estar tres cualidades o atributos, los ciudadanos las respetan, les creen, les siguen, les escuchan, les obedecen. Y están dispuestas, también, a rendirles honores y a pagar con altas remuneracones sus servicios.

Naturalmente, es cuestión de grados, pues ni la representatividad ni las competencias ni la moralidad pueden ser plenas y perfectas. Además, no siempre quienes poseen la representatividad poseen también las competencias, ni disponen de las cualidades morales, y viceversa. Sucede, en consecuencia, que tampoco las autoridades son siempre respetadas, creídas, escuchadas y obedecidas. Cuánta sea la representatividad, las competencias y la altura moral que posea la autoridad, tanta será la satisfacción de los ciudadanos con ella y su disposición a seguirla y obedecerle. Y a rendirles honores y remunerarla convenientemente.

La separación entre gobernantes y gobernados, resultante de una deficiente representatividad, de una escasa competencia y de problemas éticos que se manifiesten, es constitutiva de lo que puede ser una crisis política, de mayor o menor magnitud.

Las inevitables deficiencias de la autoridad en las tres cualidades o atributos suele ser ocultada mediante el formalismo en el ejercicio de la autoridad, y por los protocolos rigurosos que refuerzan constantemente la idea y la imagen de la superioridad que tienen y detentan los gobernantes respecto de los gobernados.

Cuando la representatividad, las competencias y las cualidades morales de las autoridades son atributos consolidados y reconocidos, las autoridades  puden darse el ‘lujo’ de acercarse a los ciudadanos, de mostrarse como personas iguales a ellos, con los mismos sentimientos, las mismas preocupaciones, las mismas debilidades. Gozan de suficiente autoridad y prestigio como para mostrar que, siendo autoridad, son también personas reales y concretas, similares a los ciudadanos. Esta cercanía no afecta su autoridad, sino que incluso la refuerza y consolida. Como ejemplo de ello tenemos el del presidente José Mujica en Uguguay.

Pero si la cercanía, el ponerse ‘a la altura’ de los ciudadanos, para hacrse queridos por ellos, no está acompañada de una consistente representatividad, de demostradas capacidades y competencias, y de una convincente y creíble moralidad y honestidad, la cercanía viene a jugar en sentido contrario al esperado. Los ciudadanos, obviamente se preguntan: ¿Por qué debemos rendir honores, pagar altas remuneraciones, y seguir y obedeber a estas personas que no son mejores que nosotros mismos, que han sido elegidos por una minoría de votantes, que no nos resuelven los problemas, y que no son sabias ni honestas?

Cuando los ciudadanos se plantean esta interrogante, la crisis de la política y de la democracia es muy, pero muy grave. Y sólo puede ser resuelta mediante procesos reales y convincentes tendientes a reconstruir la representatividad, mejorar consistentemente las competencias, y poner a la cabeza de las instituciones a personas de moralidad garantizada.