Los inmigrantes llegados a Chile en los últimos años temen que un eventual triunfo de Sebastián Piñera en la elección presidencial de noviembre suponga un retroceso en los logros alcanzados en los últimos años, declaró a Efe Tatiana Albuja, presidenta del Movimiento de Acción de Migrantes (MAM).
«Claro que tenemos resquemores con la llegada de Piñera, porque en un nuevo gobierno, los primeros violentados somos las personas que todavía no tenemos todos los derechos por ser extranjeros, y que en Chile ya sumamos 600.000», aseveró Albuja.
Piñera, que fue presidente entre 2010 y 2014 y ahora nuevamente es el candidato de la derecha en los comicios del 19 de noviembre próximo, ya ha planteado la necesidad de reformar las leyes de inmigración para facilitar la expulsión de «indeseables». Chile Vamos, la coalición de partidos conservadores que respalda al ex mandatario, planteó también la necesidad de «modernizar» las leyes sobre inmigración, la última de las cuales fue dictada por el dictador Augusto Pinochet en 1975 y limitaba la llegada de extranjeros por razones ideológicas y políticas.
La titular del MAM recuerda que en el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) se estableció que los inmigrantes con visado de residencia definitiva podían acceder a subsidios para vivienda. «Llegó Piñera y a ese derecho que teníamos le puso cinco años más, es decir, la residencia definitiva más cinco años de estadía para poder acceder a la vivienda», señaló Albuja, de origen ecuatoriano.
Albuja denunció que sobre el tema de la nacionalidad, Bachelet estableció en su primer periodo que todos los niños nacidos en Chile, independientemente de la situación migratoria de los padres, recibían la nacionalidad chilena, medida que fue removida por Piñera cuando llegó al Gobierno en 2010, aunque Bachelet la repuso al regresar al poder en 2014.
«Claro que tenemos resquemores con la llegada de Piñera, aquí hay un tema donde los derechos se han convertido en Chile en bienes de consumo. Las personas no somos personas con dignidad sino que somos parte de una cadena productiva», enfatizó la dirigente.
«Nosotros vemos dos tipos de discriminación: una institucional que viene desde esta falta de ley conforme a los derechos humanos y a los tratados internacionales que Chile ha suscrito y que pone a la comunidad inmigrante en una situación de mucha vulneración de derechos. Y la segunda está en el tema de las cotizaciones de los fondos de pensiones», añadió Albuja, quien destacó la dificultad de los inmigrantes para poder sacar de Chile el dinero de sus cotizaciones en el sistema privado de pensiones.
Consultada por la relación con el actual Gobierno, Albuja la calificó como «un poco esquizofrénica». «Por un lado hacen todo por decretos administrativos para que la situación no se vea tan mal, y por otro lado ciertos sectores del Gobierno no han tenido la valentía política de tratar el tema de las inmigraciones como corresponde», explicó.
Afirmó que Chile es el único país de América Latina que tiene una ley de inmigración de los años 70, ya que Brasil acaba de cambiar la normativa, Ecuador la modificó también este mismo año y lo mismo han hecho Argentina y Uruguay. «Queremos decirle a Chile: los inmigrantes vinimos a contribuir a este país y lo hacemos día a día, que no les venimos a quitar el trabajo, porque solamente el 2 % de la fuerza laboral que ocupa este país corresponde a la población inmigrante», concluyó Albuja.
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