Tras negociación del Gobierno con la derecha, parlamento aprueba reajuste de 3,2% para el sector público

Con la certeza de que, a diferencia de la semana pasada, ahora sí se contaba con los votos, la tarde de este miércoles el Gobierno ingresó al parlamento un nuevo proyecto de ley para establecer el reajuste salarial del sector público, que mantenía el 3,2%, pero aumentaba las cifras en los bonos.

Foto Daniel Labbé

Un reajuste rechazado categóricamente por los trabajadores y trabajadoras movilizados y agrupados en la llamada Mesa del Sector Público, quienes habían bajado su demanda de un 7% a un 4%, y que en las últimas jornadas habían sumado apoyos como el del llamado Frente Judicial y del Colegio Médico de Chile.

Finalmente, la iniciativa fue aprobada primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, por lo que queda lista para convertirse en ley, terminando así el Ejecutivo al menos con la crisis política que generó al interior del parlamento una iniciativa rechazada en un comienzo por un sector de la Nueva Mayoría que ahora se cuadró con la administración Bachelet.

Los bonos

Respecto al aumento en los bonos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló que se incrementa en $5 mil millones los recursos para bonos especiales y también se eleva el número de trabajadores beneficiarios de éstos.

Dicho bono se dividirá en dos tramos. El primero, en el que figuran las remuneraciones líquidas de hasta $550.000, recibirá un bono de $114.000. El segundo tramo, correspondiente a las remuneraciones entre los $550.000 líquidos y los $2.345.060 (excluidas las bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño individual, colectivo o institucional), recibirá un bono de $35.000.

De esta forma, 490 mil trabajadores recibirán el bono de $114 mil, y casi 457 mil el de $35 mil.

Entre los compromisos que Valdés realizó en la Sala, está aquel que plantea que en caso de que la inflación de noviembre «fuera anormalmente alta (sobre 3,3%)», se propondrá un proyecto de ley para otorgar un bono que mitigue el impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores por esa inflación, el que alcanzaría los $15.000 para todos los que reciban reajuste.

«¿Nos gustaría saber qué se negoció?»

La votación en la aprobación en general del nuevo proyecto de ley para el reajuste salarial del sector público enviado por el Ejecutivo fue de 85 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones. En tanto, el artículo primero, que establece el porcentaje de reajuste de 3,2%, recibió 70 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones.

Quienes votaron en favor del proyecto son los UDI Jaime Bellolio, Pedro Álvarez-Salamanca, Ramón Barros, Juan Antonio Coloma, Felipe De Mussy, Sergio Gahona, Javier Hernández, María José Hoffmann, Issa Kort, Joaquín Lavín León, Javier Macaya, Patricio Melero, Andrea Molina, Claudia Nogueira, David Sandoval, Ernesto Silva, Arturo Squella, Renzo Trisotti, Marsiol Turres, Jorge Ulloa, Ignacio Urrutia, Enrique Van Rysselberghe y Felipe Ward; los RN Germán Becker, Gonzalo Fuenzalida, Cristián Monckeberg, Nicolás Monckerberg, Paulina Núñez, Leopoldo Pérez, Marcela Sabat y Germán Verdugo; y los independientes de derecha Rojo Edwards y Felipe Kast.

Cabe destacar que también votó a favor de la aprobación general del proyecto la bancada comunista entera, quienes -no obstante- se abstuvieron en lo que respecta al artículo que fijaba el 3,2% de reajuste.

Esteban Maturana

En la previa de la votación en la Cámara de Diputados, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, cuestionó que el Ejecutivo haya conseguido destrabar el conflicto al interior del parlamento negociando con la derecha.

“El Gobierno va a lograr su propósito con parte del oficialismo y con votos de la derecha. Nos gustaría saber qué se negoció. Como decía Radomiro Tomic, cuando se negocia con la derecha, es la derecha la que gana”, sostuvo el dirigente.

A través de su cuenta de Twitter, Maturana calificó luego como una «bochornosa vuelta de carnero» la aprobación del reajuste, haciendo alusión al rechazo inicial de un sector de la Nueva Mayoría al proyecto.

Cámara de Diputados lista a consumar bochornosa vuelta de carnero aprobando Reajuste 3.2% con votos del oficialismo y de la derecha pic.twitter.com/sJRX3cLAwy

— Esteban Maturana (@ematuranad) 16 de noviembre de 2016

Por su parte, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) rechazó igualmente el visto bueno del parlamento al reajuste, planteando que «el Gobierno y los partidos negociaron a espaldas de los trabajadores».

Desde la organización indicaron, además, que el paro nacional de los trabajadores y trabajadoras del sector público continuará al menos hasta la jornada de este jueves, como se había indicado en el llamado realizado el martes pasado. «Será un repudio masivo a la clase política, que abandonó a los trabajadores», declaró la ANEF.

No a lugar al «Frente Judicial»

Otro de los puntos que se aprobó este miércoles en el parlamento fue el congelamiento para sueldos sobre $4,4 millones. Una medida que significó el rotundo rechazo del llamado Frente Judicial y que movilizó también a través de marchas y pronunciamientos de la Corte Suprema a jueces, fiscales, defensores penales públicos y funcionarios del Poder Judicial.

“Es una medida que atenta absolutamente contra la carrera funcionaria”, aseguró en conversación con El Ciudadano Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales de Chile, quien acusó demagogia de parte del Gobierno, el que justificó este congelamiento argumentando que disminuyendo las rentas más altas se iba a poder favorecer a las más bajas. “Es tan poco, que tú te das cuenta que es una tontería; o sea, lo que se ahorran con los sueldos altos no alcanza en absoluto para mejorar las rentas más bajas. Es pura demagogia”, señaló Uribe.

Foto: @ErikaMaira

Por su parte, a través de una declaración pública realizada el pasado martes, la Corte Suprema manifestó su «preocupación en torno a los temas que pueden afectar al Poder Judicial con motivo de la rebaja de sueldos (por congelamiento) de 1.150 de sus integrantes”, advirtiendo que “la ausencia de una política permanente que garantice la intangibilidad de las remuneraciones de este Poder del Estado, podría constituir una limitación a la necesaria independencia con que debe desempeñar sus funciones”.

Daniel Labbé Yáñez