Tres años del proyecto Puente Chacao: Entre acusaciones de ilegalidad, promesas falsas y corrupción internacional

«Es una vergüenza y un escándalo de proporciones. Lo que se tiene que hacer es investigar lo que está pasando detrás de este proyecto y aprovechar el momento de ponerle fin al contrato». Así de contundente es el diagnóstico que realiza Juan Carlos Viveros, vocero del Movimiento Defendamos Chiloé, a tres años exactos del anuncio del entonces gobierno de Sebastián Piñera de la aprobación de la propuesta para construir un puente sobre el Canal de Chacao. Ese 9 de diciembre de 2013, el consorcio de capitales brasileños, coreanos, franceses y noruegos, OAS, Hyundai, Systra y Aas-Jakobsen se adjudicaba la mega obra a la que originalmente habían postulado ocho conglomerados.

Sin embargo, desde entonces no solo «no se ha construido ni un solo centímetro» de la estructura como apunta Viveros, sino que la iniciativa ha estado marcada por graves denuncias de organismos profesionales pertenecientes al mismo Ministerio de Obras Públicas, por el no cumplimiento de promesas de supuestos beneficios sociales para los habitantes y por la vinculación de las marcas asociadas a casos de corrupción a nivel internacional, las que hasta han significado la caída de dos presidentes. «Para nosotros esto es un total engaño a Chile y Chiloé», sentencia el vocero de Defendamos Chiloé.

El duro diagnóstico de los ingenieros y abogados del MOP

En al menos tres ocasiones la Asociación Nacional de Ingenieros Funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (ANIOP) -en junio de 2014, noviembre de 2015 y agosto de 2016- le ha hecho saber al ministro Alberto Undurraga a través de cartas una serie de reparos a la construcción del Puente Chacao, cuestionando su licitación y continuidad del proyecto. 

«La autorización a la realización de una licitación para la compra de un puente sobre sobre el Canal de Chacao se ha apartado de la normativa y disposiciones legales vigentes», advirtieron en 2014, y este 2016 fueron categóricos al señalar lo siguiente: «El proceso desarrollado tiene falencias desde la génesis de formulación del proyecto, lo que a nuestro juicio hace aconsejable evaluar seriamente la opción de poner término al contrato, asegurando por cierto el debido resguardo de los fondos públicos». 

Luego del envío de la última misiva por parte de los ingenieros del MOP, el mismo mes de agosto pasado vino una de la Asociación de Abogados de Ministerio de Obras Públicas, en donde los profesionales expusieron su “rechazo y preocupación por el actuar administrativo” del ministerio, en las gestiones realizadas entonces respecto del contrato para la construcción del puente sobre el Canal de Chacao. Dichos cambios, aseguraron, “contravienen principios jurídicos que gobiernan la contratación pública”.

Los abogados terminan la carta insistiendo en su preocupación por la disposición de la Dirección de Vialidad del MOP de impulsar “a cualquier costo” la mega obra, “actuando incluso en contrario de nuestra normativa sectorial y la jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República”.

Cabe recordar igualmente que las comunidades indígenas de Chiloé acusaron en su momento un fraude en la consulta aplicada para la aprobación del Puente Chacao, una obligación que debe realizar el Estado chileno luego que ratificara el Convenio 169 de la OIT. «Solo fue aplicada a una de las cerca de 200 comunidades del Archipiélago de Chiloé», explica Juan Carlos Viveros.

Los escándalos de corrupción internacionales

«El otro tema por el cual calificamos como una vergüenza lo ocurrido con el Puente Chacao son los escándalos de corrupción, primero de la empresa OAS en Brasil, que tiene una sentencia ejecutoriada y a sus directivos presos por coimas a políticos, y el escándalo de la empresa Hyudai en Corea del Sur, vinculada a escándalos de corrupción en cinco continentes del planeta», declara el vocero de Defendamos Chiloé.

Por una parte, Viveros se refiera al caso “Lava Jato”, que tuvo lugar en Brasil. En agosto de 2015 el juez de se país Sergio Moro condenó al expresidente de OAS, José Aldemário Pinheiro, a 16 años y 4 meses de prisión por organización criminal, corrupción y lavado de dinero. El exdirector y presidente del área internacional de la compañía, Agenor Medeiros, fue condenado a la misma pena por los mismos delitos. Por su parte, los ejecutivos Mateo Coutinho Oliveira Sá y José Ricardo Nogueira Breghirolli fueron condenados a 11 años de prisión por organización criminal y blanqueo de capitales, y el funcionario Fernando Stremel a cuatro años en una prisión abierta por lavado de activos.

La trama de corrupción consistía en que la empresa estatal Petrobras licitaba sus obras a grandes compañías de ingeniería y construcción de Brasil. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, entre ellas OAS, la petrolera pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, los que iban a parar a manos de políticos y empresarios.

Por otra parte, otra de las empresas que se adjudicó la licitación, Hyundai, está involucrada en el mayor escándalo de corrupción que ha conocido Corea del Sur en las últimas décadas y que este viernes significó que el parlamento de ese país aprobara la destitución de la presidenta, Park Geun-hye. Se presume que importantes empresas como Samsung, Hyundai y LG donaron grandes sumas de dinero a las fundaciones de Choi Soon-sil, amiga de la mandataria y en quien delegó importantes decisiones estatales, a cambio de favores que ayudaran a concretar las aspiraciones de esas compañías.

“Me llama la atención que el ministro esté haciendo un diseño de correr hacia adelante, de ganar tiempo, dividir obras, cuando nosotros no estamos ante la quiebra de una pyme, estamos ante una situación desastrosa públicamente conocida, como es la de la empresa OAS (…) Creo que es mejor transparentar las situaciones”, señalaba en marzo de este año el senador PPD Alfonso De Urresti, frente a este escenario que ya ha significado investigaciones en Argentina, Perú y Uruguay, pero no en Chile.

«Nosotros le hemos dicho a la presidenta Bachelet en su cara lo que decimos ahora; al ministro Undurraga en su cara, en su oficina, con todo su equipo asesor del Puente Chacao en Santiago; se lo hemos dicho a los medios de comunicación; a los diputados, a los senadores. Son acusaciones graves que nadie quiere investigar», señala Juan Carlos Viveros. Y agrega: «Para nosotros lo que está pasando tras esto es que o están todos metidos en el escándalo de corrupción, que nadie quiere hablar, o simplemente les da vergüenza reconocer lo que les llevamos diciendo hace un buen tiempo, que tiene que detenerse y ponerse fin».

La falsa promesa de los empleos

Otro de los cuestionamientos que pesan sobre el proyecto de la construcción del puente sobre el Canal de Chacao es el que tiene que ver con los supuestos puestos de trabajos que éste generaría.

En septiembre de 2015 el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, afirmó que “en la etapa de ejecución de las obras se van a generar más de 2 mil empleos”. Una promesa que dos meses después, en noviembre, quedó solo en eso cuando las autoridades regionales del MOP, en una presentación dada al Consejo Comunal de Ancud , informaron que la mega obra solo contrataría a 200 trabajadores de manera permanente y 300 en el momento de mayor demanda laboral.

«A tres años prácticamente no hay chilotes trabajando en ello, no hay ni un centímetro construido. De esos dos mil empleos ofrecidos por el ministro, fueron confirmados en Ancud por el ingeniero Álvaro Alrruiz, coordinador regional del proyecto, solo 200. Por lo tanto es una farsa y un engaño también tremendo», señala al respecto Viveros.

«Es hora de poner fin al contrato y cobrar las garantías»

El vocero de Defendamos Chiloé suma a a todo este escenario de irregularidades y dudas respecto al proyecto que «no hay estudios de impacto social, de impacto cultural, ni siquiera estudios de impacto económico para nosotros los chilotes», y plantea: «Todo esto se hace impresentable».

Viveros sostiene que la evaluación social del proyecto «fue totalmente mal ejecutada» y que finalmente la iniciativa no daría cuenta de las necesidades reales del archipiélago. «La evaluación correcta que se debió hacer para la conectividad del cruce del Canal Chacao es evaluar modernización de rampas, túnel y puente, todo al mismo tiempo, y adjudicar la licitación del proyecto al que tuviera la mayor rentabilidad social o el mínimo costo. En ese caso, jamás debió licitarse el puente sobre el Canal de Chacao», apunta.

Para Viveros y el Movimiento Defendamos Chiloé no hay ninguna duda en la decisión que se debe tomar considerando todos estos elementos que hacen del estado del proyecto un lamentable escenario: «Es hora de poner fin al contrato y cobrar las garantías». En ese sentido, argumenta que si el cronograma de la iniciativa no se ha cumplido «se puede poner fin al contrato sin ningún costo para Chile». Junto con ello, agrega que «en este momento el gobierno de Chile tiene en sus manos la posibilidad de no perder absolutamente ningún centavo; es más, recuperar 65 millones de dólares», refiriéndose a las multas que se debieran cobrar al conglomerado encargado de la construcción.

Ministro Alberto Undurraga

El MOP «capturado» por las empresas

No obstante todos estos antecedentes, el proyecto del Puente Chacao sigue en pie y el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en su lugar. Frente a esto, Viveros expresa sus dudas. «Nosotros tenemos todo el derecho a especular frente a los escándalos mayores que hemos visto en los últimos años en Chile, y creemos que el MOP es una especie de gran alcancía para todos los gobiernos, una especie de banco», señala. El dirigente cree que «el Ministerio de Obras Públicas está capturado por el lobby de las empresas constructoras y que quizás la gran práctica de esa cartera es el recibo de dineros para campañas políticas». Es una «especulación», añade, «pero resulta que es lo que está pasando en gran parte del mundo, en América Latina en general y en Chile también».

En ese sentido, Viveros cita a Eduardo Engel, el economista que lideró la agenda de probidad del Gobierno, quien en mayo de este año acusó abierta y públicamente en una columna al MOP de estar capturado por el lobby de las constructoras y las concesionarias.

Al igual que el dirigente de Chiloé, Engel menciona que el contrato del puente Chacao contempla multas que ascienden a 65 millones de dólares por los retrasos que lleva. «En lugar de cobrar estas multas, el ministro de Obras Públicas ha optado por premiar a la empresa constructora adelantando los pagos a que tiene derecho», apuntó el economista.

«Es notable el éxito que ha tenido el lobby de la infraestructura para convencer a los líderes chilenos de que sus intereses son los intereses del país», escribió el economista en su columna, y remató: «Dichos lobbies han logrado reclutar el apoyo de líderes políticos muy diversos, incluyendo a tres ex presidentes de la República».

Daniel Labbé Yáñez