De este modo se desestimó la solicitud del Ejecutivo que ayer presentó sus “objeciones procesales” solicitando, en primer término, que no se admita a tramitación el requerimiento.
Según el gobierno “las competencias del Tribunal Constitucional (TC) son taxativas y de derecho estricto. Por ello, pretender que el Tribunal se pronuncie sobre cuestiones que le son ajenas vulnera la supremacía constitucional y la separación de poderes, distorsionando su naturaleza”.
De acuerdo al documento preparado por la Segpres, los alegatos referidos a un supuesto “desacato” por parte de la Presidenta Bachelet, no implica una cuestión de constitucionalidad, “y además constituyen acusaciones falaces, burdas e infundadas”.
A inicios de julio un grupo de 13 senadores y 38 diputados de oposición presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) dos nuevos requerimientos contra la reforma laboral y pidieron revisar 25 artículos aprobados por el Congreso que consagrarían la titularidad sindical, contrario a lo fallado por el TC el 27 de abril, que prohibió darle exclusividad a los sindicatos para negociar colectivamente.
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