El Tribunal Supremo Federal de Brasil (máximo órgano judicial del país) confirmó que el próximo 26 de junio evaluará la petición de libertad presentada por la defensa del expresidente Luis Inácio Lula da Silva (2003-2011).
El magistrado Ricardo Lewandowski informó la fecha en que los magistrados deliberarán sobre la petición de un «efecto suspensivo de la ejecución de la pena» presentada por la defensa de Lula.
Los abogados de Lula alegan que su puesta en libertad «no causará ningún daño a la Justicia Pública o a la sociedad» y que mantenerle en prisión causa una «lesión de difícil reparación».
El líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) está en prisión desde el pasado 7 de abril, cuando empezó a cumplir una condena de 12 años y un mes de cárcel por presuntos delitos de corrupción.
Si el próximo 26 de junio los jueces del Supremo le conceden la libertad, Lula saldría de prisión de forma inmediata y podría presentarse a las elecciones de octubre, para las que parte como favorito en todas las encuestas.
Las fechas de la inscripción se cierran el 15 de agosto y el 17 de septiembre es el plazo para cambiar los candidatos
¿Cómo se debatirá el fallo?
La Sala Constitucional del Tribunal está compuesta por cinco jueces, quienes tendrán que decir si consideran plausible la argumentación de la defensa y autorizar que la Suprema Corte analice el recurso.
En el pedido, la defensa reafirma su convicción de que han ocurrido diversas irregularidades en el proceso que llevó a la condena del expresidente, entre ellas, la incompetencia del juez de primera instancia, Sergio Moro, para juzgar el caso y la falta de imparcialidad del juicio.
Los abogados afirman que Lula ha sido Presidente de la República, nunca ha sido condenado anteriormente, por lo que no representa riesgo para el país.
En caso de aceptar el análisis, la defensa pide que el expresidente responda al proceso en libertad, con miras a obedecer el principio constitucional de la presunción de inocencia.
De los cinco magistrados, tres se han posicionado contra la prisión después de condena en segunda instancia, lo que genera expectativas sobre la posibilidad de liberación. Sin embargo, los expertos piden cuidado en los análisis, pues evalúan que el Supremo Tribunal Federal está contaminado por intereses políticos.
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