El magnate Trump ordena elaborar una lista de políticos corruptos centroamericanos

La Ley del Autorización de Defensa Nacional (NDAA, en inglés) de Estados Unidos, que contempla el presupuesto militar anual más grande de la historia, cobra vigencia después de ser firmada por el presidente Donald Trump. Ésta ordena la elaboración de una lista de funcionarios y particulares corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador, informó la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, en su cuenta de Twitter.

“Orgullosa de anunciar que la provisión bicameral que presenté con el senador Ben Cardin para responsabilizar a los funcionarios corruptos en Centroamérica ha sido firmada en ley por el Presidente. ¡Es hora de ponernos a trabajar contra la corrupción!”, informó la integrante del subcomité sobre el hemisferio occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

La enmienda fue impulsada por Torres y gracias a ella el Congreso tendrá acceso a un informe sobre narcóticos, corrupción y financiamiento de campañas ilícitas en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. El 24 de mayo pasado, por unanimidad, la Cámara de Representantes la aprobó.

Trump impulsa el lawfare en Centroamérica

La sección 1287 de la NDAA indica que el reporte que se debe enviar al Congreso de EE. UU. incluirá los nombres de los altos funcionarios de gobierno de los tres países que hayan cometido o facilitado actos de corrupción o narcotráfico.

También el de los funcionarios electos cuya campaña haya sido financiada con dinero proveniente del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años, y el de los particulares que las hayan financiado.

La página del Congreso divulgó unas declaraciones de Torres en las cuales afirma que, con la sanción de la ley por parte del presidente Trump, «nuestra legislación envía un mensaje claro de que los Estados Unidos habla en serio sobre la lucha contra la corrupción en América Central”.

Torres añadió que “debemos estar dispuestos a dar nombres”. Ahora, el Secretario de Estado tiene 180 días para proporcionar al Congreso una lista de dichos nombres.

Por su parte, el senador Ben Cardin expuso que los abusos contra los derechos humanos y la corrupción se han arraigado en Centroamérica y que eso impacta en la seguridad nacional de EE. UU., por lo cual la ley es una herramienta “para nombrar y avergonzar” a funcionarios corruptos, así como negarles su ingreso al país norteamericano.

“Me complace que esta disposición sea ahora ley y le agradezco a la congresista Torres y a nuestros colegas por sus esfuerzos”, añadió Cardin.

Las personas nombradas en la lista requerida por la legislación podrían estar sujetas a la congelación de activos y la denegación de visas, en virtud de la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global de Derechos Humanos.

Aun cuando la lucha contra la corrupción es deseable, es perturbador que una potencia imperial como Estados Unidos se abrogue la estatura jurídica y moral para combatir el flagelo en países latinoamericanos, en desmedro de su soberanía y autodeterminación.

En el marco de los procesos de Lawfare, cuesta creer que estas prerrogativas de la administración estadounidense no sirvan para socavar la legitimidad de gobiernos alternativos en esa región, como es el caso del gobierno de Salvador Sánchez Cerén en el Salvador.

https://www.elciudadano.cl/mundo/trump-exige-a-paises-de-la-otan-aumentar-presupuesto-militar/07/03/