PUC sigue pataleando por aborto y amenaza con finalizar convenio con Ministerio de Salud

Un nuevo paso ha dado la Universidad Católica en la escalada de boicot a aplicación de la ley de aborto.  Ahora su enemigo es el protocolo de objeción de conciencia en el caso de la interrupción del embarazo en tres causales, cuestión que incluso podría derivar en que la Casa de Estudios pusiera fin al convenio que mantiene vigente con el Ministerio de Salud desde 2003.

El centro educacional del Vaticano ya había presentado un recurso de reposición, luego que la Corte de Apelaciones rechazara su solicitud de no innovar en el recurso de protección contra el Ministerio de Salud, con le objeto de paralizar la aplicación del reglamento.

En el protocolo en que se reglamenta la aplicación de la Ley de Despenalización del Aborto en tres causales se establece que los recintos públicos y privados que son parte del Sistema Nacional de Servicios de Salud y que tienen convenios con el Estado, no pueden invocar la objeción de conciencia si “el objeto de dichos convenios contemple prestaciones de obstetricia y ginecología”.

Ello deja dentro del saco a tres recintos de la UC: los Centros de Salud Familiar Madre Teresa de Calcuta y San Alberto Hurtado, en Puente Alto, y Juan Pablo II en La Pintana.

Según informó La Tercera, el recurso de reposición presentado por la PUC señala que “como el estatuto jurídico del aborto está plenamente en vigor antes de que se resuelva el fondo de esta controversia, según la redacción actual de la normativa- (la UC) no podrá objetar en conciencia. Por ello, estaría obligada a optar entre realizar abortos o a suspender el convenio suscrito con la recurrida”.

La PUC subrayó que una eventual suspensión del convenio con el Minsal dejaría “a una población de más de 70 mil personas sin atención de salud primaria en la zona sur de Santiago y no hacerlo implica que la UC no podría reglamentariamente acceder a la objeción de conciencia institucional”.

Gisela Alarcón, ministra (s) de Salud detalló que “son tres los centros de salud familiar donde las prestaciones que se realizan ni siquiera son de anticoncepción, sino de control ginecológico del embarazo”. Así, “a la UC no le aplica la norma, dado que es un convenio a la atención primaria”.