Por David Celestino
Puebla, Pue. 9 octubre 2021. Al grito de «UDLAP libre» y «Fuera armas, queremos estudiar», más de 400 estudiantes, padres de familia y trabajadores que integran la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) marcharon para exigir la salida de policía estatal del campus, desde hace 104 días.
Desde el pasado 29 de junio, se mantienen ocupadas las instalaciones de la institución, derivado de un pleito judicial que mantiene el patronato de la institución, tras ser denunciado por supuesta malversación de recursos.
Minutos antes del mediodía, un contingente, conformado en su mayoría por jóvenes, se reunió en la entrada de la universidad, en la 14 Oriente de Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, para comenzar una movilización a pie, que se extendió hasta la avenida 5 de Mayo y terminó en la recta a Cholula.
Con vestimenta naranja y verde, colores representativos de la institución, el contingente caminó con pancartas en las que se leía «Somos estudiantes, no somos delincuentes», «Todos a clases, también la UDLAP» y «Devolución del campus», entre otras.
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Estudiantes refirieron que sus clases continúan en modelo virtual, pese a que antes del incidente se había acordado retomar el uso de laboratorios, lo cual ha afectado sus cursos.
«El hecho de que nuestra educación se entorpezca por asuntos ilegales que nada que ver con nosotros, pues sí causa molestia», comentó uno de los jóvenes que asistía.
Por su parte, Mauricio, otro alumno, señaló que las aulas son «escenciales» para la comunidad, en tanto que también pararon las labores de investigadores, docentes e incluso de los equipos deportivos, pues el equipo de fútbol americano -los Aztecas- no competirá, ante la falta de instalaciones.
Comentó que el rectorado interino, encabezado por Cecilia Anaya Berrios, ha dicho al alumnado que se deberá esperar a que se resuelva el conflicto legal, pues el patrimonio de la UDLAP sigue en disputa.
Padres y madres de familia expresan frustración
Por otra parte, una madre de familia comentó que están «frustrados» ante el cierre del campus, pues sostiene que otras instituciones ya han vuelto de manera híbrida; en tanto, aún pagan colegiatura semestral de unos 120 mil pesos.
La mujer indicó que la afectación es «enorme» en cuanto a la calidad de clases que reciben los estudiantes, por lo que «independientemente del proble judicial, la universidad no debió cerrar sus puertas».
«Imagínate la frustración que tenemos los padres de familia por qué tenemos que ver aparte de la pandemia muchas universidades regresan la modelo híbrido, nosotros nos quedamos en línea (…) La universidad le ha dado tanto a Puebla, no merece como la están tratando», mencionó.
Incluso, previó que para el siguiente semestre de enero bajará la inscripción de alumnos, en tanto que afirmó también se han afectado negocios aledaños de la zona, siendo los universidad la principal generadora de derrama económica.
Marchan al campus
Entre consignas de «UDLAP unida jamás será vencida», «Libros sí, armas no» y «Armando, entiende, la UDLAP no te quiere», en alusión a Armando Ríos Piter, quien en un principio fue nombrado frente a la universidad por la Junta para el cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada, cuando se quitó el control a la fundación Mary Street Jenkins.
Los inconformes avanzaron por la 14 Oriente y atravesaron San Andrés a pie para después incorporarse a la recta a Cholula, la cual atravesaron hasta llegar al campus, que se encontraba cerrado.
Todos con cubrebocas, pero algunos sin mantener la sana distancia, los estudiantes llegaron a la entrada del recinto, donde mantuvieron la protesta, además de manifestarse contra el patronato interino, que calificaron como espurio.
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Es importante mencionar que miembros de la familia Jenkins de Landa mantienen un conflicto por el patronato de la fundación de que uno de sus miembros los denunciara por malversación de fondos. El gobierno estatal sostiene que se aseguró el campus el mandato de una orden judicial, en la que se revocó el control de la universidad a la Fundación Jenkins.
De acuerdo al vocero de dicha Fundación, los integrantes del patronato original de la UDLAP (el designado por la Fundación Jenkins) «ya gozan de suspensiones definitivas para no ser removidos de su cargo», además de que cuentan con una orden emitida por un juez de Puebla que ordena al patronato interino devolver el campus a la Fundación UDLAP (Fudlap) controlada por la familia Jenkins.