El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, ha denunciado que los jueces federales se han convertido en los principales obstáculos para las labores del gobierno federal en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En un contexto en el que las autoridades han intensificado esfuerzos por frenar el crimen organizado, la UIF acusa a la judicatura de ser cómplice involuntario de actividades ilícitas.
Véase también: Secretario de Hacienda anuncia prioridad en combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Durante su intervención en la inauguración del Curso Pre-evaluación para la revisión de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el funcionario explicó que, desde la jurisprudencia emitida en 2018, se ha distorsionado el uso del juicio de amparo. Esta figura legal ha sido utilizada de manera indebida por jueces y magistrados, lo que ha permitido que grandes cantidades de dinero, presuntamente relacionadas con actividades ilícitas, sean desbloqueadas antes de un juicio formal.
“Miles de millones de pesos han sido desbloqueados por jueces, protegiendo a personas físicas y morales involucradas en el lavado de dinero derivado de actos de corrupción y narcotráfico”
Pablo Gómez Álvarez
Titular de la UIF
Asimismo, subrayó que esta práctica ha permitido que centenares de procesados sean exonerados de cargos relacionados con el lavado de dinero, incluso antes de que se dicten las resoluciones definitivas.
El titular de la UIF también destacó que este abuso de la figura del amparo se ha vuelto una práctica común, permitiendo que los presuntos responsables de delitos financieros obtengan suspensiones provisionales que los sacan de las listas de personas bloqueadas sin que haya una decisión judicial definitiva.
El combate al lavado de dinero, uno de los pilares de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, se ha visto obstaculizado no solo por la corrupción dentro de la judicatura, sino también por factores externos como la violencia derivada del narcotráfico. En este sentido, Gómez Álvarez apuntó que las administraciones pasadas también han enfrentado dificultades debido a la herencia de una crisis de delincuencia organizada, alimentada por un mercado de drogas globalizado y una creciente pobreza interna exacerbada por el neoliberalismo.
La UIF y otras dependencias del gobierno federal se enfrentan a desafíos tanto internos como externos en su lucha por erradicar el lavado de dinero. Aunque las autoridades federales han logrado avances en el ámbito internacional, la resistencia dentro del sistema judicial continúa siendo uno de los principales frenos a los esfuerzos en el país.
Pablo Gómez Álvarez reiteró que la corrupción dentro del Poder Judicial sigue siendo un obstáculo importante para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la estrategia de seguridad y justicia del gobierno federal. En este contexto, subrayó la importancia de fortalecer las instituciones y garantizar que los procedimientos legales sean aplicados de manera más efectiva en la lucha contra los delitos financieros.
Foto: El Ciudadano
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