El Gobierno de Uruguay se tomará el tiempo que sea necesario para decidir sobre la solicitud de asilo que presentó, el sábado 17 de noviembre, el expresidente peruano (1985-1990 y 2006-2011) Alan García, después de que se le prohibiera salir de su país por 18 meses.
«Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, porque no está estipulado un lapso para que el país que recibe a un refugiado político, la condición actual de Alan García, tenga que tomar la decisión«, explicó este lunes el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, a periodistas.
A García, la justicia peruana lo investiga por colusión agravada y lavado de activos como parte del caso Odebrecht. El exmandatario llegó a Lima desde España el 15 de noviembre solo para declarar como testigo, y el 17, tras conocerse la prohibición de salida, ingresó a la Embajada de Uruguay donde permanece desde entonces.
En una carta que difundió su abogado días después, García denunció una supuesta persecución política y aseguró que no hay pruebas de los delitos por los que se decidió ampliar la investigación e incluirlo en ella.
«Todos los peruanos debemos allanarnos a la justicia, sin excepciones”, respondió el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ante esos señalamientos.
Al exmandatario se le señala de haber cobrado 100.000 dólares a Odebrecht para adjudicarle el contrato de la construcción de la primera línea del metro de Lima, durante su segundo mandato. Para «ocultar» los sobornos, la empresa le entregó el dinero por una conferencia que dictó en 2012 en la Federación de Industrias del estado de Sao Paulo, reseñó BBC Mundo.
El temor de los sectores que piden a Uruguay que no le conceda el beneficio a García es que logre esquivar la justicia, como lo hizo en 1992 cuando pidió asilo en Colombia hasta que prescribieron unas acusaciones por corrupción en su primer gobierno.
La Cancillería uruguaya informó el pasado 22 de noviembre que la solicitud del exmandatario se analiza de conformidad con lo establecido en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954.
Ese texto señala que todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. No obstante, precisa que es ilícito conceder el asilo a quien se encuentre inculpado o procesado ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, refirió La Vanguardia.
La Policía permanece en las inmediaciones de la Embajada de Uruguay en Lima, porque ciudadanos han acudido a manifestar su apoyo o rechazo al exmandatario.
García no es el único a quien se le investiga por la trama de corrupción con la empresa brasileña. También, hay procesos contra los expresidentes Alejandro Toledo, quien está prófugo en los Estados Unidos y enfrenta una solicitud de extradición, Ollanta Humala, que estuvo nueve meses en prisión preventiva junto a su esposa, y la líder opositora Keiko Fujimori, contra quien se dictó prisión preventiva por 36 meses desde el pasado 31 de octubre.
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