Leopoldo López
El gobierno de Venezuela envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile por un comunicado emitido el sábado por esta cartera en el cual pone en duda la objetividad del tribunal que condenó a trece años de prisión al opositor Leopoldo López. Para las autoridades venezolanas, el texto chileno emite “juicios de carácter injerencistas en los asuntos internos de un Estado de Derecho democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana de Venezuela”
La carta señala que ”resulta necesario recordarle a la Cancillería chilena que la no intervención en los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional Público. En ese sentido, cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo.
En un párrafo, el comunicado de la cancillería chilena estableció: “Hemos seguido con atención la situación que afecta al Sr. Leopoldo López y cuatro dirigentes estudiantiles y, ahora, la resolución condenatoria impuesta en primera instancia contra ellos por los Tribunales de Justicia. Reconocemos y respetamos las facultades que tienen los Tribunales de Justicia de un Estado soberano. A la vez, esperamos se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia. Todo ello en consonancia con el pleno respeto de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos y consagrados en diversos tratados internacionales que obligan a nuestros Estados”
Para el gobierno venezolano, “sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales emitir opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos humanos contra el pueblo Mapuche; o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista. Igualmente sería impensable emitir juicios sobre la privatización de la educación en Chile, que vulnera Derechos Humanos de mayorías que no acceden a la educación; o emitir pronunciamientos sobre la vigencia en pleno siglo XXI de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Venezuela jamás ha emitido ni emitirá opiniones sobre estos graves asuntos que vive Chile”
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