[Verdaderos chilenos, Parte 2] Derecha mafiosa: Hermosilla, Longueira, Chadwick y los 19 alcaldes corruptos de la UDI y RN

Por Jorge Molina Araneda

Esta es la segunda parte de la serie “Verdaderos chilenos”, cuya primera exposición fue publicada hace ya algunas semanas: https://www.elciudadano.com/chile/verdaderos-chilenos-parte-1-la-derecha-corrupta-y-facinerosa-los-casos-de-jose-antonio-kast-pinera-y-luksic/11/08/

En esta entrega abordaremos los casos de tres grandes amigos: Luis Hermosilla, Pablo Longueira y Andrés Chadwick; además, revisaremos la cleptocracia de 19 ediles corruptos de derecha, quienes han malversado miles y miles de millones de pesos.

-Luis Hermosilla

Es un abogado penalista de la Pontificia Universidad Católica. En su época universitaria formó una gran amistad con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), y el exministro de Interior, Andrés Chadwick.

Actualmente se encuentra en el ojo del huracán ya que un reportaje de CIPER reveló un audio donde el aludido Luis Hermosilla -socio de Andrés Chadwick y exdefensor del jefe de asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi- discute sobre pagos ilícitos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Se trata de una reunión entre Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos, en junio en el edificio del Grupo Patio en Vitacura. En el audio, proponen crear una “caja negra” para manejar pagos clandestinos, destinados a obtener información privilegiada y favores de estas instituciones.

“Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra (…) porque parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada, porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones, yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos)”, dice Hermosilla.

También el abogado menciona una deuda de $10 millones con un funcionario del SII, y sugiere la necesidad de establecer una caja de fondos para influir en más funcionarios. En esa línea, detalla cómo estos pagos ilegales han sido una práctica común para manipular información y procesos dentro de estas entidades.

“¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, agrega Luis Hermosilla.

La reunión se centró en abordar los problemas legales y financieros de Sauer, cuyas empresas estaban siendo investigadas por operaciones irregulares. En ese sentido, Hermosilla y Villalobos debaten sobre cómo manejar la situación, mencionando pagos y estrategias para controlar la información que emanaba del SII y la CMF.

“Aquí estamos haciendo una hueva que es delito. Esta hueva es delito”, reconoce el abogado, que también fue confirmado por Villalobos: “Esto es un delito”.

La investigación del SII inicialmente se centró en 12 RUT relacionados con STF y luego se expandió a 44, incluyendo a empresarios ligados al Grupo Patio. En el audio, Villalobos revela que tenía acceso a información confidencial del SII, lo cual indica una filtración de datos sensibles y reservados.

Luego de revelarse el audio, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación penal de oficio en contra de Luis Hermosilla. Sumándose con esta misma acción el SII, el cual inició una investigación interna.

Redes y casos polémicos

En abril de 2013, cuando Andrés Chadwick ya era ministro del Interior y aún seguía ligado al estudio “Hermosilla y Chadwick”, pero –según ha explicado- solo bajo el régimen de “comunidad de techo”, Hermosilla se adjudicó $25.900.000 como pago por una asesoría penal, particularmente para tomar causas relacionadas con el conflicto en La Araucanía, por ejemplo, la querella del gobierno contra el machi Celestino Córdova. Este contrato fue firmado por el entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

El contrato fue modificado tres meses después, elevándose el valor de los servicios profesionales de Hermosilla a casi $29 millones, ahora para tramitar causas penales en las que intervenga el ministerio del Interior. Esta modificación de julio de 2013 fue firmada por el propio Andrés Chadwick.

Un tercer contrato, esta vez de $44 millones, se celebró entre Hermosilla y la cartera: su labor consistía en lo mismo del primer contrato, es decir, asesorar al Ministerio del Interior en las causas penales tramitadas en la Región de La Araucanía.

Otro contrato con Hermosilla fue en relación a la causa por sobreprecios en insumos para el plan Frontera Norte de la Subsecretaría del Interior, aunque en ese momento se dijo que los honorarios para el abogado habrían sido pagados personalmente por el subsecretario de entonces, Rodrigo Ubilla.

Cabe recordar que Luis Hermosilla también estuvo vinculado al caso SQM, como asesor de la minera y abogado de uno de los gerentes, Patricio de Solminihac, hermano del exministro de Piñera, Hernán de Solminihac, en el caso cascadas.

No solo ha sido abogado del ministerio del Interior en los casos Luchsinger y Catrillanca, sino que además fue abogado defensor de Claudio Spiniak.

Spiniak fue detenido y acusado el 30 de septiembre de 2003 de integrar una red de pedófilos, a lo que posteriormente se le sumaría la acusación por facilitación a la prostitución y abuso sexual de menores de edad (caso que salpicó a los entonces senadores Carlos Bombal y Jovino Novoa). Spiniak, el principal inculpado, fue condenado por el juez Valderrama —ejerciendo como magistrado del 33º Juzgado del Crimen de Santiago—, el 10 de agosto de 2006, a 5 años de cárcel por cuatro abusos sexuales. El Consejo de Defensa del Estado recurrió de casación en la forma contra la sentencia, y la Corte de Apelaciones de Santiago elevó la condena a siete años y medio. El Servicio Nacional de Menores (Sename) interpuso un recurso de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema, la cual finalmente anuló la sentencia del tribunal de segunda instancia el 7 de agosto de 2008, y dictó una sentencia de reemplazo, donde agregó cargos por abuso a un quinto menor y fijó la pena de Spiniak en 12 años de presidio. Posteriormente, Claudio Spiniak se vio beneficiado con la rebaja de su pena a 10 años, saliendo en libertad el 16 de diciembre de 2013.

Hermosilla es uno de los penalistas más conocidos por la opinión pública. Fue abogado defensor del sacerdote John O’Reilly, rostro emblemático de los Legionarios de Cristo, quien fue condenado por abuso sexual reiterado contra una niña de seis años de edad, alumna del Colegio Cumbres, a 4 años y 1 día -con beneficio de libertad vigilada-. En tanto, la justicia canónica ratificó ese fallo y dejó a firme la sentencia  por pederastia contra “la cara de los Legionarios de Cristo en Chile”.

Profesionalmente es descrito como criterioso y muy buen asesor. Lo fue en el caso Chispas, en el que junto con representar a Marcos Zylberberg cuando fue sometido a proceso por “transacción ficticia” —fallo revocado en segunda instancia— hizo de consejero y prestó oídos a un afligido José Yuraszeck, cuya defensa estuvo a cargo de Hugo Rivera.

En materia de honorarios puede estar entre los más caros. “Por un caso como el del cura O’Reilly puede cobrar, por lo menos, $100 millones además de un premio por resultados”, calcula un litigante. También puede hacerlo gratis como dicen que ocurrió con la defensa de Jaime Guzmán que asumió en 1996. Lo conocía desde la universidad y se lo pidió su amigo Andrés Chadwick.

Fue miembro del Instituto de Derechos Humanos desde enero de 2010. Entró en uno de los dos cupos que le correspondía aprobar al Senado y que fueron consensuados durante el mandato de Michelle Bachelet.

A los 14 años, siendo alumno del Instituto Nacional, se inscribió en el Partido Comunista, según publicó en su oportunidad la revista Capital. Entró a estudiar Derecho en la Universidad Católica en 1974 y formó parte de un cuarteto inseparable con sus compañeros de curso Juan Antonio Coloma, Andrés Chadwick y José Miguel Olivares, quienes serían líderes del gremialismo, presidentes de la FEUC y militantes de la UDI.

A Jaime Guzmán lo conocieron en el segundo semestre del primer año de la carrera y ejerció una influencia gravitante en el giro político de dos de ellos: Olivares, que era simpatizante DC, y Chadwick, exMapu.

A partir de 1977 Hermosilla se distancia. Sus amigos han tomado posiciones cada vez más ajenas a las suyas; Coloma y Chadwick son dos de los 77 jóvenes que suben con antorchas hasta la cima de Chacarillas a jurar lealtad al régimen de Pinochet.

De acuerdo a revista Qué Pasa,  ha mantenido una amistad permanente con Fernando Paulsen, el panelista de Tolerancia Cero, por quien se bautizó católico para poder ser padrino de uno de sus hijos. Otro hombre de la prensa cercano a Hermosilla es el director de Ex-Ante, Cristián Bofill. Es también cercano a Gloria Stanley, cuyo yerno, el periodista Andrés Velasco, asesoraba comunicacionalmente a los Legionarios en el caso del sacerdote O’Reilly.

Héctor Salazar, exabogado de la Vicaría de la Solidaridad, quien tomó después de Hermosilla la defensa del sociólogo José Manuel Parada, degollado por la dictadura en 1985, es sumamente crítico de su excompañero de ruta por haber apoyado públicamente a Joaquín Lavín en su primera campaña presidencial. “El personaje deja de ser creíble, para nuestro mundo fue una desilusión. Tú tienes derecho a cambiar, lo que llama la atención es que sea de blanco a negro. Recuerdo que le mandamos una carta pidiéndole explicaciones, la firmamos cuatro o cinco abogados de la Vicaría. Se enojó mucho y conmigo la distancia se alargó tanto que no me saluda. Lo atribuyo a que él tiene conciencia de que yo tengo la convicción del tipo de personaje que es”, sostiene el profesional.

Merced a su defensa en el cado de Jaime Guzmán, forjó un lazo indestructible con la UDI.

Asumió causas que provocaron gran conmoción pública: el asesinato del pequeño Víctor Zamorano Jones en la que colaboró con su padre Nurieldín Hermosilla; la responsabilidad jerárquica del exgerente de ventas de Codelco, Owen Guerrini, en las operaciones de futuros de cobre del operador Juan Pablo Dávila, y como defensor de Jorge Tocornal, acusado por haber violado y abusado de sus dos hijos y en la que éste fue condenado a 13 años de cárcel. Esta última fue su segunda representación en una causa sobre hechos de connotación sexual después del caso Spiniak.

En 1999, a la par que Hermosilla se sumaba a la campaña lavinista y declaraba “votar por Lavín no es votar por Pinochet” la Universidad Andrés Bello buscaba su acreditación. Pensando en nombres que le dieran prestigio y, a la vez, pudieran atraer académicos influyentes los entonces socios de esa casa de estudios, Luis Cordero y Miguel Ángel Poduje, fallecido exministro de Vivienda de Pinochet, invitan a Hermosilla a ser decano de la Escuela de Derecho.

Cuando él tuvo que designar al vicedecano escuchó las recomendaciones de dos cercanos: Rodrigo Hinzpeter, su socio en la oficina de abogados que armó junto a Andrés Jana y Arturo Vergara; y Andrés Chadwick. Ambos le propusieron a Patricio Zapata, un abogado de la DC, que había trabajado en la Secretaría General de la Presidencia y que, por cierto, ampliaba el arcoíris político de la Facultad.

El nuevo decano reclutó a dos ministros de la Suprema y a uno de la Corte de Apelaciones para hacer clases: Milton Juica, Domingo Kokisch y Alfredo Pfeiffer -estos dos últimos ya fallecidos- quienes representaban distintas posturas dentro del Poder Judicial. Uno progresista y pro derechos humanos; otro de derecha, pero respetado por sus fallos, y el tercero (Pfeiffer), partidario de la Ley de Amnistía y cuestionado por los abogados de derechos humanos.

En la época fue muy criticado que, siendo un penalista activo, contratara a altos representantes de la justicia. Igualmente, que los ministros aceptaran.

En otro terreno, en 2020, las operaciones sospechosas de la empresa Ramaja Inversiones Ltda. –de propiedad del empresario Alberto Scuncio–, que se encontraban bajo investigación de parte de la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, por el delito de lavado de activos, según el informe reservado de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) –conocido por la Subsecretaría del Interior y Seguridad Pública en agosto de 2019–, no solo se remitirían a la exportación a sobreprecio de cajas de alimentos a Venezuela, sino que parte importante también de las sospechas de la ANI recaían en sus actividades de importación de miles de toneladas de urea, un derivado del petróleo que se utiliza de fertilizante, como insumo para la fabricación de explosivos y como precursor químico para la elaboración de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a la informado por la División de Inteligencia de la ANI el 8 de agosto de 2019 la empresa Ramaja importó desde Venezuela, entre fines de 2017 y 2018, más 32 mil toneladas del producto, por un valor de US$9.739.000.

Si bien para las empresas ligadas al rubro, el enorme volumen de importación de este producto no es algo inusual, pues cada lote de urea que ingresa al país oscila entre las 15 mil y 35 mil toneladas, el informe de inteligencia centra su atención en que la sociedad de Alberto Scuncio, sin tener mayor trayectoria en este rubro, se convirtió desde mediados de la década pasada y, solo en un par de años, en el único proveedor de urea en Chile, situación que hizo experimentar a la empresa un estallido comercial con más de 757 operaciones de comercio exterior solo el año 2016.

Según consta en el informe, los cargamentos de urea fueron adquiridos fundamentalmente por la empresa nacional Agrogestión Vitra S.A. Una de estas importaciones tuvo su recalado en el puerto de Penco el 01 de enero de 2018 y alcanzó un volumen de 14 mil 299 toneladas. Desde el mismo puerto de descarga, Ramaja vendió a Vitra 8 mil 700 toneladas por un valor cercano a los 2 mil millones de pesos.

Luego que el informe de la ANI ingresara al despacho del entonces subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, muy pocas personas tomaron conocimiento de la gravedad de la información y tampoco se derivaron instrucciones explícitas de investigación, pese a lo detallado del informe que relacionaba a la empresa Ramaja con exportación a sobreprecio de cajas de alimentos a Venezuela, investigaciones vigentes de lavado de dinero en Estados Unidos contra empresarios ligados al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en el que aparece la sociedad de Scuncio, además de sospechosas importaciones de urea. De hecho, la investigación vigente en el Ministerio Público provino de la Unidad de Inteligencia Financiera, que de manera autónoma elevó un Reporte de Operación Sospechosa, debido a los movimientos financieros de Ramaja.

Según fuentes conocedoras del trabajo de la subsecretaría, la información no pasó inadvertida para el abogado Luis Hermosilla, quien gozaba por entonces de plena libertad en el Ministerio del Interior, debido a su rol de asesor en materias criminales del exministro de la cartera, Andrés Chadwick.

Y no pasó inadvertida para producto de que la empresa Agrogestión Vitra S.A. –que le compraba la urea a Ramaja– es una de las compañías de propiedad de Gonzalo Vial Concha, hijo del controlador de empresas Agrosuper, Gonzalo Vial Vial, y que se vio envuelto en el escándalo Caval, que tuvo como protagonistas al hijo y a la exnuera de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.

En ese litigio, quien defiende a Gonzalo Vial Concha es precisamente el penalista Luis Hermosilla, quien, siendo el abogado del dueño de Vitra, habría tomado conocimiento del informe de inteligencia en que aparecía mencionada esta empresa, en su doble calidad de abogado privado y asesor del Ministerio del Interior, para la presentación de querellas criminales.

Antes de Ramaja, el principal proveedor de la sustancia era la compañía de petróleos PDVSA, investigada por delitos de corrupción por más de US$ 4.500 millones en Estados Unidos.

“Durante años la urea llegó a Chile a través de la empresa estatal de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Pero luego dejó de ofrecer el producto y muchos en el mercado chileno le compraron a la empresa Ramaja. Así lo hizo Vitra en 2016, 2017, 2018”, puntualizó Vitra de manera oficial.

La compra de los insumos a la empresa de Scuncio coincidió con el estallido comercial que esta experimentó precisamente el 2016 y que la llevó de la nada a tener más de 700 operaciones de comercio exterior, en solo un año.

El abrupto cese de la importación de la empresa petrolera de Venezuela coincidió con dos hechos. Por una parte, la investigación por corrupción que comenzó en Estados Unidos y, por otra, la condena a más de 20 años de cárcel por el delito de narcotráfico de Walid Makled, principal distribuidor internacional de urea de la empresa estatal venezolana Pequiven, filial de la estatal  PDVSA. Según autoridades de Colombia –que fue el país donde cayó detenido–, Makled está vinculado a una organización que enviaba más de 10 toneladas mensuales de cocaína a EE.UU.

Esta firma, creada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas, es la sociedad madre de la empresa International Petrochemical Holding Limited, la que a través de su gerente de asuntos legales y representante también de Pequiven, Fabián Sánchez Girón, constituyó en Chile en el año 2016 la compañía Suministros del Sur, Susuca, en sociedad con la empresa Ramaja, de propiedad de Alberto y Martín Scuncio.

Fuentes cercanas a las empresas que trabajan con la urea admiten que desde el 2016 existían fuertes rumores de actividades sospechosas de Ramaja con la importación de la sustancia y, que por esa razón, habrían dejado de comprarle el 2018. En mayo de ese año, un informe de la Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudc), presentado en Panamá, señaló que la urea y el amoniaco estaban siendo utilizados en los laboratorios de cocaína en Bolivia como precursores para la elaboración de la pasta base y la cristalización del clorhidrato.

No obstante que un axioma jurídico señala: “A confesión de parte, relevo de pruebas”, es de esperar que el caso revelado por CIPER sea investigado a fondo y que los responsables sean castigados con severidad. Ya basta y agota que en este país por las redes de influencia y el poder económico los peces gordos salgan incólumes en hechos totalmente punibles… esto último es uno de los gatillantes de la desafección de la ciudadanía en el Poder Judicial.

-Pablo Longueira

Ingeniero industrial de la Universidad de Chile, fue presidente designado de la Fecech en 1981 (Federación con que la dictadura reemplazo a la Fech en 1973), también fue asesor en el Ministerio de Vivienda durante la década de 1980. Con el regreso a la democracia ejerció como diputado (1990-2002 y 2002-2006), senador (2006-2011) y ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera.

En abril de 2013 renunció a su cargo de ministro para ser candidato presidencial por la UDI en reemplazo de Laurence Golborne. Después de ganar a Andrés Allamand las primarias de la derecha, abandonó su candidatura (julio 2013) por sufrir de depresión.

Tras la fallida sociedad con Hermosilla y Chadwick, Longueira se concentró en diferentes proyectos propios. El más querido y que lo frustró es el Parque Austral. Este contemplaba una idea de turismo sustentable en el borde costero de Campo de Hielo Norte. Trabajó por años para formar un fondo de 750 mil UF (más de $ 20.388 millones) para viabilizar el proyecto, pero su investigación en casos de corrupción terminaron por alejar a los posibles inversores.

El primer caso de corrupción en salir a la luz fue Corpesca y la llamada Ley Longueira (Ley de Pesca), donde el exsenador UDI Jaime Orpis fue condenado por 6 delitos de fraude al Fisco y cohecho y la exdiputada Marta Isasi por el delito de cohecho. La investigación también involucró a los exparlamentarios Carlos Bianchi, Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath y Hosain Sabag, sobre quienes la Fiscalía desestimó insistir en las pericias.

El caso se relaciona con la controversial Ley de Pesca o Ley Longueira, que incorporó un artículo mediante el cual por tres años la pesquera del Grupo Angelini (Corpesca) se benefició de un “techo” al pago de impuestos que le ahorró $4.670 millones. El artículo fue propuesto por los senadores Jaime Orpis y Fulvio Rossi. Respecto a este último, la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación.

En ese contexto, Corpesca financió campañas de políticos y la emisión de múltiples facturas ideológicamente falsas. En 2019 Longueira fue sobreseído. Y en enero pasado se publicó la nueva Ley General de Pesca y Acuicultura.

Longueira estaba en este proceso, cuando en 2016 se revelaron correos electrónicos de 2010, relativos al proyecto de ley de royalty minero. En uno de ellos, Longueira senador, recibía indicaciones para el texto de parte del entonces gerente general de Soquimich (SQM), Patricio Contesse. Por este “trámite” Longueira habría recibido $730 millones.

A fines de 2013 había creado junto a su señora, Cecilia Brinkmann, la sociedad Asesorías e Inversiones LB SpA, dedicada al corretaje de propiedades y las asesorías empresariales, pero Brinkmann —paisajista de profesión— se concentró en el vivero que instalaron en su casa en Villarrica y en la sociedad Paisajismo Cuatro Estaciones SpA, creada en 2016. Longueira transformó a LB en su principal actividad y vehículo de inversión. Cuando estalló el Caso Soquimich, aparecieron pagos desde la empresa liderada por Julio Ponce hacia esta sociedad.

Tras la investigación, el 2 de abril de 2019, Pablo Longueira fue sobreseído definitivamente por el caso SQM en relación a los delitos tributarios imputados. Pero aún quedaba pendiente el financiamiento político.

El pasado 13 de febrero, comenzó el juicio oral por el financiamiento ilegal de la política en el mismo Caso SQM. En este proceso, que puede demorar varios años, el expresidente UDI está acusado de cohecho. De ser encontrado culpable arriesga 818 días de cárcel más multas.

El otrora coronel UDI, no ha participado directamente en política en los últimos años, sin embargo, se ha manifestado en los procesos constitucionales. La última fue hace unas semanas señalando que Jaime Guzmán es el ganador.

-Andrés Chadwick Piñera

Presidente de la Feuc (1979 -1980) cuando estudiaba Derecho. Con Luis Hermosilla fundaron una sociedad que solo fue suspendida mientras Piñera fue presidente. Según han explicado, actualmente solo mantenían una “comunidad de techo”, o sea compartían oficina.

Fue diputado (1990- 1998) y senador (1998-2011). Ingresó al primer gobierno de su primo Sebastián Piñera en julio de 2011, como reemplazante de Ena Von Baer en la Secretaría General de Gobierno. Al año siguiente asumió como ministro del Interior, en reemplazo de Rodrigo Hinzpeter.

Terminado el período de Piñera, Chadwick intentó, entre otras cosas, la sociedad con Hermosilla y Longueira, pero tras el fracaso, se mudó a la Fundación Avanza Chile, sostén político de Piñera en su regreso a La Moneda.

Chadwick se vio salpicado por la investigación de la Fiscalía en el Caso SQM en febrero de 2018, luego de que la secretaria de Longueira, Carmen Luz Valdivieso, declarara que se pagaron dineros para campañas de la UDI desde la sociedad Copra S.A., entre cuyos socios originales estuvo Chadwick Piñera (y al salir éste, siguió su señora), y que hoy pertenece mayoritariamente a Luis Cordero Barrera, otro de los fundadores de la UDI y actualmente uno de los propietarios de la Universidad San Sebastián.

En 2019 fue acusado constitucionalmente —tomó su defensa Luis Hermosilla— por no haber impedido las violaciones a los derechos humanos en el marco del Estallido Social y por sus acciones y decisiones durante el Estado de emergencia. Quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta diciembre de 2024.

Hoy ejerce como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián.

-Alcaldes corruptos de la derecha

-José Luis Yáñez (UDI): ingeniero comercial, concejal por 8 años y alcalde de Algarrobo desde 2017. En marzo del 2020, entró a la UDI de la mano de la diputada María José Hoffman.

En su primera declaración de probidad del año 2017, no declaró ni actividades, ni bienes inmuebles ni sociedades, sin embargo, en la última disponible, de este año, cuenta con departamento en Concón y una parcela en Algarrobo, con un avalúo fiscal de 62 y 30 millones de pesos respectivamente.

Además, tiene pasivos por 241 millones de pesos y participación en dos sociedades, ambas con montos menores, sin embargo, una de ellas, Sociedad El Almendral, obtuvo utilidades por 243 mil millones de pesos el año pasado.

En agosto de este año la PDI comenzó a investigar traspasos aparentemente irregulares desde el municipio a cuentas corrientes personales entre marzo de 2022 y noviembre del 2023. Se encontró la cuenta de un sobrino y un primo del ahora exalcalde Yáñez.

Otras dos cuentas eran de parientes de Belén Carrasco, tesorera municipal y expareja de Yáñez. Ninguno de los titulares de estas 4 cuentas estaba relacionado directamente con la municipalidad.

Así surgió al interior del municipio una denuncia contra ambos por malversación de fondos públicos por 200 millones de pesos, los que finalmente se transformaron en $1.069 millones luego de los datos entregados por el director de Administración y Finanzas de la municipalidad.

La PDI pudo asegurar luego de entrar a la municipalidad y revisar computadores y celulares que Belén Carrasco, la tesorera del municipio, es la autora material de los delitos de malversación de fondos públicos. Se comprobó que a través de una clave, a la que ella no tendría porqué tener acceso, realizó una serie de transferencias a terceros vía boletas a honorarios.

Paralelamente hay una investigación iniciada en agosto de 2022 por un convenio entre la municipalidad de Algarrobo y la automotora ICAR para la tramitación de permisos de circulación de autos cero kilómetro. Este generó ingresos por 6 mil millones en un año, divididos entre el municipio de Yáñez y el Fondo Común de Municipalidades.

700 millones de pesos gastó la municipalidad de Algarrobo en un software para el procesamiento de estos permisos, lo que contradice lo indicado por Contraloría de que estos convenios no deben significar ningún gasto para los municipios. La investigación se encuentra en manos del Ministerio Público.

-Rodolfo Carter (exUDI): alcalde de La Florida. La Contraloría General de la República entregó un lapidario informe sobre su desempeño en el período que abarca desde el 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2017. En líneas generales, el informe determinó que, al 30 de junio de 2017 la Municipalidad de La Florida tenía un déficit de caja que ascendía a los 20 mil millones de pesos.

Las conclusiones del informe parten consignando una serie de cheques protestados por falta de fondos. Se efectuó un cruce de información, considerando aquellos documentos girados y pendientes de cobro registrados en las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017, proporcionadas por la Corporación Municipal de Educación, Salud, Cultura y Recreación de La Florida (Comudef).

Se constató que, para el área de Educación, 57 de los cheques se encontraban protestados por falta de fondos, por un monto total de $ 356.735.882, y que, en el ámbito de la Salud, otros 195 documentos bancarios estaban en la misma condición, por un valor de 701.617.878. Además, se detectaron 102 instrumentos financieros protestados y rendidos a la Municipalidad de La Florida por $ 363.504.644, detalla el informe.

En sus conclusiones, el informe establece que “se determinó que la Corporación Municipal para las áreas de Educación y Salud presentó un déficit presupuestario por $1.345.709.875 y $ 2.818.098.488, al 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, respectivamente; y un déficit de caja, de a lo menos, $ 11.646.878.711, y $ 20.026.931.838, para iguales periodos”.

En detalle, la investigación consigna que, por ejemplo, en el lapso auditado un total de $735.050.000 correspondientes a recursos de salud no fueron ingresados a la cuenta corriente municipal dispuesta para tal efecto y lo mismo ocurrió con $2.223.944.792, correspondientes a dinero que proviene del Ministerio de Educación, específicamente del Fondo de Ayuda para la Educación Pública (FAEP).

Además, la auditoría confirmó la deuda previsional. Se constató el no pago oportuno de las cotizaciones previsionales, generando intereses, reajustes, recargos y gastos de cobranza en el año 2016 y de los meses de enero a junio de 2017 por un monto total de $559.431.202.

Ahora, en 2023, hay un distanciamiento entre Carter y su mujer de confianza, Janett Fernández Pizarro, quien además debe responder a un juicio de cuentas en Contraloría.

Según El Mostrador, Carter le dio otro voto de confianza al nombrarla a cargo de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef). Se trata de la corporación de derecho privado sin fines de lucro que gestiona la salud y la educación de la comuna, y que el alcalde legalmente preside. La misma entidad fue objeto de un informe de Contraloría que encontró inconsistencias financieras por $4.600 millones, en el manejo de recursos públicos destinados a subvenciones para educación. Eso fue durante el periodo 2018-2020, en que Fernández aún no asumía en la corporación, pues llegó allí en abril de 2022.

El 3 de enero de este año, en el primer Concejo Municipal de 2023, luego de los saludos, comenzó la ronda para aprobar los presupuestos de este año. Todos fueron votados sin discusión, salvo el de la Comudef, por un total de $9.240 millones.

Antes de votar este presupuesto, el Concejo transversalmente cuestionó la gestión de Janett Fernández. El alcalde, una de las figuras mejor evaluadas en la derecha, según las encuestas Cadem y UDD –aunque reaccionaría molesto al otro día de llevarse a cabo dicho Concejo, al enterarse de que no apareció en la encuesta del CEP–, venía llegando de la “zona cero” afectada por los incendios en Viña del Mar, donde fue a donar viviendas de emergencia. Carter escuchó las críticas y, cuando intervino, se desmarcó de su amiga, que estaba presente en la sala.

Sobre Fernández, efectivamente hay recelo y desconfianza. Al mes de ser nombrada en su actual puesto, fue notificada de un juicio de cuentas que sigue la Contraloría por $148 millones, cuyo gasto durante su gestión como administradora municipal debe aclarar, y la entrega de cajas durante la pandemia a personas fallecidas o con cédulas de identidad inválidas. Sin embargo, el principal cuestionamiento, tanto en la sesión del 3 de enero del Concejo Municipal como en una de la Comisión de Hacienda realizada días antes, fue el uso de $2.520 millones del presupuesto total de la Comudef.

Para mayor abundamiento, según datos del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la Municipalidad de La Florida es la entidad municipal, dentro de la Región Metropolitana, que ha enfrentado la mayor cantidad de indagaciones por diversos delitos asociados a corrupción. Así, por ejemplo, se encuentran cinco investigaciones (RUC 1900125929-9 / 1801102235-5 / 1800156495-8 / 1710028192-9 / 1700911819-5) por el delito de malversación de caudales públicos, que en otras palabras implica inversión ilícita o el empleo indebido, a través de actos de apropiación o alteración de bienes públicos, por parte de quien los tiene a su cargo en virtud de una función también. Las otras causas son por los delitos de estafa, fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.

-Fernando Paredes (UDI): exalcalde de Puerto Natales. El 23 de enero de 2023 la Fiscalía formalizó a Paredes y al exfuncionario público, Andrés Matulich como autores de los delitos consumados de cohecho y de violación de secreto del artículo 246 del Código Penal, asimismo, les comunicó a los imputados León Lefort, Ricardo Rodríguez, Cristian Ureta, Pedro Guerra y Cristian Seit, que se sigue una investigación en contra ellos, por el delito de soborno.

En la oportunidad, el Fiscal Sebastián González y la Fiscal Paulina Valdebenito solicitaron la prisión preventiva para Paredes y Matulich, medida cautelar aprobada por la Magistrada Marianela Chacur, otorgando un plazo de investigación de 90 días. Para Ureta , Seit, Lefort Rodriguez y Guerra, en tanto, se fijó arresto domiciliario.

El representante de la Fiscalía detalló que los delitos se perpetraron a partir del año 2019, luego de que la División de Presupuesto e Integración Regional del Gobierno Regional de Magallanes, visó el convenio celebrado con la Municipalidad de Puerto Natales, relativo al financiamiento del proyecto de reposición de luminarias públicas por la suma de $1.673.754.000 de pesos, luego del cual la Municipalidad aprobó el llamado a licitación pública para la ejecución del proyecto, identificándose las bases administrativas, en una publicación realizada en la página web de Mercado Público, comenzado a partir de allí, diversos ofrecimientos de dinero de las empresas licitantes a los funcionarios de la municipalidad, con la finalidad de favorecerlos, siendo aceptados estos sobornos por un monto aproximado de 50 millones de pesos.

Cabe indicar que el proyecto fue adjudicado a la unión temporal de proveedores conformada por las empresas ITELECOM HOLDING CHILE SPA, ITELECOM EFICIENCIA ENERGÉTICA TRES Spa y GO+ NEGOCIOS PÚBLICOS, mediante Decreto Alcaldicio N° 0698, de fecha 22 de abril de 2020, el que fue firmado directamente por el alcalde titular.

-Rodrigo Delgado (UDI): exalcalde de Estación Central y exministro del interior. En 2015, cuando la PDI hacía pesquisas por el «caso basura» se toparon con una red de corrupción que involucraba al partido de calle Suecia. El entonces alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, habría pedido $10 millones por otorgarle la licitación por unas canchas deportivas a un imputado en la causa anteriormente mencionada.

El polémico diputado UDI, Gustavo Hasbún, fue el encargado esta vez de poner en problemas a su partido ya que el parlamentario se habría visto envuelto en una red de corrupción, cohecho y soborno.

La PDI intervino una serie de conversaciones telefónicas entre la jefa de prensa de la UDI, Claudia Vera, quien intervino en 2014 a favor del empresario Lorenzo Pérez (imputado en el «caso basura»), para obtener la licitación para la construcción de canchas deportivas en Estación Central. La mujer de confianza de la presidencia gremialista las hacía de nexo entre el hombre de negocios con el diputado Hasbún, para que él lograra que el alcalde le diera el contrato de construcción. En las grabaciones Hasbún accedió a reunirse con Pérez para concretar la obtención del contrato municipal. Vera, en paralelo, le aseguró al empresario que el alcalde Delgado estaba dispuesto a darle la licitación, a cambio de $10 millones. Los «pinchazos» telefónicos no acreditan que se concretara la reunión, pero lo que sí es real es que, finalmente, la licitación quedó desierta.

Por otra parte, la municipalidad de Estación Central otorgó permisos de edificación a la inmobiliaria Placilla SpA, que fueron declarados ilegales por el Tribunal Constitucional (Tricel), ya que contravienen la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que imposibilita la «edificación continua» en una zona que no tiene límite de altura.

Tras una investigación de cinco años, la Contraloría General de la República concluyó en 2021 que Delgado había incurrido en irregularidades durante su periodo como alcalde de Estación Central, dando por establecida su responsabilidad administrativa. El informe se basó en los viajes que dos concejales hicieron a Europa en 2016 para supuestamente realizar capacitaciones, los que según la institución no tuvieron justificación. Contraloría también cuestionó la contratación por trato directo de un proveedor que realizó piezas gráficas para el municipio en 2016, las que resaltaban el nombre y rostro del alcalde en época de campaña electoral.

-Karen Rojo (IND-UDI): exalcaldesa de Antofagasta. El 15 de junio de 2018, Rojo fue formalizada por el delito de fraude al Fisco a raíz de la contratación, a través de la Corporación de Desarrollo Social, de la Consultora Main Comunicación Estratégica, entre los años 2015 y 2016, a la cual supuestamente se le habría pagado no por realizar los trabajos oficialmente comunicados, sino más bien por asesorar a la alcaldesa en su campaña por la reelección. Junto a ella también fueron formalizados el director de la consultora José Miguel Izquierdo, el exsecretario de la CMDS, Edgardo Vergara, y el administrador municipal, Héctor Gómez. El 22 de octubre de 2018, la Fiscalía solicitó extender el plazo de la investigación del denominado “Caso Main” por tres meses más, situación que volvería a repetirse en enero y abril de 2019. El 4 de julio de 2019, Rojo fue reformalizada por delito de negociación incompatible por el mismo caso, y el cierre de la investigación nuevamente se pospuso, y una vez más en octubre de 2019. Finalmente, el 12 de junio de 2020, la investigación fue cerrada para poder dar paso al juicio oral, cuya audiencia de preparación se realizó el 13 de julio. Posteriormente quedó notificado que el juicio tendría lugar el 15 de septiembre de 2020. A raíz de esto último -el auto de apertura del juicio oral- el Consejo de Defensa del Estado afirmó que la por entonces alcaldesa se encontraba suspendida de su cargo.

El 31 de diciembre de 2020, Rojo fue condenada por el delito de fraude al Fisco, en relación con los servicios que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta contrató con la empresa Main. La condena fue informada por el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta el 18 de enero de 2021, y consiste en una pena de 5 años y un día de presidio efectivo, el pago de una multa de $4.344.485 e inhabilitación perpetua para derechos políticos. Su defensa interpuso un recurso de nulidad en contra de la sentencia, el que fue rechazado por la Corte Suprema el 23 de marzo de 2022; al día siguiente se informó que Rojo había huido del país en dirección a Países Bajos en un vuelo de KLM.

En paralelo a la causa penal, cuatro concejales denunciaron a Rojo ante el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes e infringir de manera grave las normas de probidad. A mediados de 2020, el organismo la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años. Rojo apeló la decisión, pero el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó la resolución en mayo de 2021. Aunque su defensa intentó revertir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, el recurso fue declarado inadmisible.

-Luis Reyes y Carolina Silva (ambos UDI): exalcalde y actual alcaldesa de Río Bueno. De acuerdo al Diario de Valdivia (2023), graves acusaciones contra el municipio de Río Bueno se emitieron a través de redes sociales, debido a documentación que demostraría en un proceso judicial en curso, una serie de irregularidades con fondos públicos, en las que habría incurrido el mandato del exalcalde Luis Reyes y la actual administración de Carolina Silva.

A través de las cuentas de Twitter de @aquiradiomoscu y @BotCheckerCL, se dio cuenta de la malversación de fondos por parte de la municipalidad, la cual superaría los 1.100 millones de pesos en cuentas corrientes, a ellas tienen acceso la alcaldesa Silva, empleados de confianza y una empresa externa.

El exadministrador municipal de Río Bueno, Helmuth Palma, asegura que dio cuenta a la alcaldía sobre algunas de estas irregularidades, sugiriendo que los antecedentes fueran presentados a la Contraloría.

“A mi me llamó la atención que la alcaldesa no me respondiera las representaciones por escrito y cuando llegan los resultados de la auditoría en noviembre, arrojan peores resultados de lo que pensé había detectado”, indica Palma.

En aquellas auditorías e informe de Contraloría, se daba cuenta de diferencias en los saldos de las cuentas, confirmando la existencia de dos cuentas corrientes en el Banco Santander, arriendos de manera irregular de edificios municipales y concentraciones de millones de pesos a proveedores.

“En octubre le presento esto a la alcaldesa, que me sacó de las reuniones de auditoría pese a ser la contraparte, resolviendo de manera privada con el abogado, o sea siendo el administrador municipal no tenía acceso a las cuentas corrientes, no podía firmar cheques por no contar con la autorización de la alcaldesa en el banco”, aclara el exadministrador.

Esto afirma Palma, se vincula de forma directa con el Caso Cuentas Corrientes, tras la licitación del municipio de Río Bueno a la empresa Gestión Global SPA, donde firman un contrato entre ambos estamentos el 29 de diciembre de 2017, bajo la administración del exalcalde Luis Reyes Álvarez.

Gestión Global SPA es la empresa propiedad de Rodrigo Carmona, quien en la actualidad se encuentra en prisión preventiva acusado de orquestar un esquema de sobornos para conseguir contratos municipales y que implicó a varios municipios del país.

En diciembre de 2022, concejales de la comuna presentaron una querella contra el municipio, en base a que anteriormente en abril, la contraloría había presentado cargos contra el antiguo alcalde.

Tras presentar la querella en la Fiscalía de Río Bueno, el fiscal a cargo se inhabilita, trasladando el caso a La Unión, donde el nuevo fiscal también se inhabilita, llegando finalmente el caso a Valdivia bajo la jurisdicción de la fiscal Tatiana Esquivel.

El 10 de diciembre, la Empresa Ingeniería Verde SPA, se adjudicó la licitación por 1.500 millones de pesos para llevar a cabo la obra de “Mejoramiento y Estabilización del Talud calle Beauchef” en la comuna de Río Bueno.

Lo curioso del caso, es que inicialmente se aprobó el proyecto en agosto de 2022 por un monto de $953 millones, los cuales fueron solicitados al Gobierno Regional, quien los aprobó a través del FNDR.

En abril de 2023 se solicita al Gobierno Regional los 1.500 millones de pesos para llevar a cabo el proyecto, lo que llamó la atención de los concejales de la comuna por el aumento de fondos para la obra.

Al revisar la documentación, se da cuenta de que la empresa había sido creada en enero de este año, pagó su primera patente municipal en marzo en Valdivia, no contaba con obras previas y su capital inicial era de un millón de pesos.

Palma explicó que esta empresa, cuyo gerente general es José Luis Accardi, exseremi de Minería de Sebastián Piñera, entregó una boleta de garantía de 85 millones de pesos, lo cual resulta sospechoso para las autoridades comunales sobre cómo el banco les otorga ese monto, ya que su capital inicial era de un millón.

“Cuando una empresa se va a quiebra, las empresas solo responden por la boleta de garantía, o sea se adjudican 1.500 millones, se declaran en quiebra y sólo les pueden cobrar 85 y para efectos de querellas, la empresa vale un millón de pesos”, declaró el otrora administrador municipal de la comuna.

-Felipe Alessandri (RN): exalcalde de Santiago. En 2021 la Contraloría General de la República constató millonarias irregularidades, omisiones de registros de asistencias y pagos en exceso por horas extraordinarias durante la gestión del exedil.

La situación se detalla en el informe de la Contraloría General de la República, con irregularidades en los libros de control de asistencia, además de comprobar que funcionarios que gozaban de vacaciones, licencias médicas o se encontraban en teletrabajo registraban presencia en sus puestos de trabajo y el cobro de horas extraordinarias.

En octubre de 2020, la municipalidad presentó una querella en contra de exfuncionarios donde se señala que hubo un perjuicio para las arcas municipales por $147 millones en pagos de horas extraordinarias. A esto se añade que el organismo contralor detectó pagos de honorarios sin respaldo un monto de $41.127.892.

-Graciela Ortúzar Novoa (RN): exalcaldesa de Lampa. El miércoles 25 de mayo de 2022 se conoció la sentencia del Tribunal Calificador de Elecciones, contra la exedil Graciela Ortúzar por el abandono de deberes, tras dejar de pagar en forma reiterada las cotizaciones previsionales de trabajadores. La Municipalidad de Lampa interpuso una querella en contra de la exedil, quien ejerció como jefa comunal desde el 2008 hasta el 2021. La razón es una deuda de 1.500 millones de pesos por no pago de las cotizaciones a profesores y funcionarios de la salud, la cual habría aumentado a seis mil millones debido a los impuestos. Desde la actual administración se descubrió esta deuda por cotizaciones impagas, en las que se vería involucrada la exjefa comunal, la cual fue acusada por los delitos de malversación de fondos y apropiación indebida. Serían cerca de mil profesores y funcionarios de la salud a quienes se les descontó el dinero correspondiente a sus cotizaciones entre los años 2008 y 2021, pero ni en sus fondos de pensiones ni cotizaciones aparecían los depósitos que debía hacer el municipio. El Tribunal Calificador de Elecciones anunció la sentencia que acogió el requerimiento de cesación en el cargo en contra de la exalcaldesa, pero como no es posible aplicar la medida, ya que terminó su periodo edilicio, se determinó aplicar la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.

-Felipe Guevara (RN): exalcalde de Lo Barnechea y exintendente de la Región Metropolitana. Domingo Prieto se ha convertido en el testigo clave del caso en contra del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien es acusado de recibir sobres con millones de pesos en efectivo desviados desde la municipalidad de la que estuvo a cargo.

Prieto fue el representante de las corporaciones Vita Salud, Vita Emprende y Vita Deportes, todas sin fines de lucro, las que funcionaban por el financiamiento de la municipalidad. Quien informó de movimientos financieros fuera de norma a la nueva alcaldesa, Camila Merino.

El exfuncionario, ahora sindicado como testigo clave de la investigación, señaló que el sistema que se habría utilizado en esa comuna para triangular fondos estatales hacia supuestamente las arcas particulares del exedil, tiene su génesis en Felipe Guevara, quien durante los años 90 ocupó el cargo de director de Desarrollo Comunitario de Vitacura, publicó La Tercera.

Guevara, que posteriormente a trabajar en Vitacura fue electo alcalde de Lo Barnechea, y posteriormente fue designado como Intendente de la región Metropolitana en el segundo mandato de Sebastián Piñera.

“Le señalé que esto lo inventó Felipe Guevara, una vez que comenzaron a funcionar las organizaciones comunitarias funcionales. Él fue director de desarrollo comunitario en Vitacura, luego ese cargo lo ejerció Renato Sepúlveda y luego Antonia Larraín. Todos sabían y consentían en este mecanismo“, dijo Prieto a la fiscalía. “Cuando dejó el cargo de director de desarrollo comunitario (Decom) de la Municipalidad de Vitacura, Felipe Guevara Stephens, aproximadamente el año 2007-2008, por instrucción de Renato Sepúlveda, se le debía pagar $2.000.000 mensuales, suma que salía de Vita Deportes y que se respaldaba con una boleta o factura que emitía un familiar de Felipe Guevara (…). Esta solicitud venía directamente por instrucción del alcalde Raúl Torrealba a Renato Sepúlveda”, fue parte de la declaración de Prieto ante los persecutores.

Prieto también reveló que se desviaron dineros desde actividades como la semana de la chilenidad, además de las corporaciones sin findes de lucro. Además, relató como los funcionarios exigían sacar ese dinero para entregarlo al exedil.

-Pedro Sabat (RN): exalcalde de Ñuñoa. El Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago entregó la lectura de sentencia contra Pedro Sabat Pietracaprina, quien fue condenado el 25 de mayo como autor de dos delitos de negociación incompatible. La jueza María Inés González Moraga leyó el fallo donde se sentenció a Sabat a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de cargos públicos por 2 años y 1 día y al pago de una multa de $675.000.

Así las cosas, Sabat no irá a la cárcel y tampoco tendrá una reclusión domiciliaria. La jueza señaló que debe informar de cualquier cambio de domicilio.

La sentencia es bastante menor a lo que solicitaba el Ministerio Público. La Fiscalía pedía que se condenara a Sabat a la pena de 4 años de reclusión menor en su grado máximo, 7 años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en su grado máximo, y multa de 218 Unidades Tributarias Mensuales.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, entre noviembre de 2013 y septiembre de 2015, mientras Sabat se desempeñaba como máxima autoridad en Ñuñoa, suscribió contratos, en representación del municipio, con un tercero que era socio de su hijo, Pedro Sabat Fernández. Así, se afirma que dicho sujeto, identificado como Alain Goffard Rodríguez, obtuvo réditos económicos ascendentes a $15.700.000.

En la acusación se señalaba: “El imputado, actuando en operaciones en las que debía intervenir en razón de su cargo, dio interés a un tercero que mantenía, y mantiene hasta la actualidad, vínculos societarios con su hijo, Pedro Sabat Fernández, mediante la suscripción de decretos alcaldicios y contratos”.

“El tribunal acreditó nuestra tesis de que se había efectivamente cometido este delito, como también de las circunstancias que nosotros señalamos tanto en la acusación como durante el juicio, esto es que Sabat había contratado en la municipalidad de Ñuñoa mientras él era alcalde a un socio de su hijo, vínculo contractual que no está permitido por ley”, destacó el fiscal Jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, en relación a la sentencia.

-Juan Castro (IND-RN): exalcalde de Talca. Fue formalizado por el Ministerio Público, por delitos de malversación de caudales públicos y negociación incompatible, relacionado con la investigación del llamado caso CTS, empresa encargada del aseo y ornato de la ciudad.

Una de las nuevas aristas en su currículum judicial, es por la construcción de un galpón que una empresa de Castro hizo a la otra firma en Linares. El exalcalde mantenía contacto como autoridad edilicia con una empresa denominada CTS, y sin embargo, una de sus empresas aparece negociando un contrato de construcción de un galpón, a la par que realizaba negociaciones para mejorar las vigencias y la relación contractual con esta misma empresa como autoridad; por tanto, negociaba él como autoridad y sus empresas negociaban de manera privada el otorgamiento de negocios que le redituaban dividendos económicos a ambos y eso está prohibido por ley y no importa el monto o si efectivamente generó o no enriquecimiento para uno u otro.

Por su parte, el abogado querellante, Fernando Leal, explicó que al exedil en esta causa se le ha formalizado por cuatro delitos.

Luego del terremoto del 27/F, específicamente en abril de 2010, el entonces alcalde de Talca desechó una propuesta del Colegio de Arquitectos para hacer un plan de reconstrucción participativo, que además se preocupaba por la recuperación de los barrios. A cambio, entregó la reconstrucción a una gran empresa inmobiliaria santiaguina, El Bosque S.A. de Hurtado Vicuña. En Talca, a febrero de 2011, el nivel de avance de la reconstrucción era solo de 2% (considerando las obras materializadas).

En esto, el cambio de lugar de la escuela patrimonial Las Concentradas fue uno de los casos más conflictivos, contrastando su defensa por el interés de la ciudad frente al interés de la comunidad escolar.

El 14 de mayo de 2023, Radio Biobío develó en su sitio web un reportaje en que el hijo de Castro, el tiktoker Matías Castro, conocido en dicha red social como El Castrinho, habría utilizado particularmente un Jeep modelo Grand Cherokee, el cual se encuentra inscrito desde agosto de 2018 a su nombre en la Corporación de la Cámara de Diputados, que solo puede ser utilizado por él como por personal que forma parte de su trabajo, para la realización de contenido para redes sociales, como también en las vacaciones durante el verano 2023 en la ciudad de Pucón. Además, se le acusó de contratar a personas con las cuales mantiene vínculos familiares, a la madre de uno de sus hijos como asesora legislativa, además de su cuñado como jefe de gabinete.

-Germán Codina (RN): alcalde de Puente Alto. En relación al gasto de dinero en redes sociales, en 2017 El Desconcierto informaba: “[…] La encargada de gestionar las redes sociales del alcalde Codina era Marietta Parra, socióloga y actual jefa de redes sociales de la marca telefónica WOM (según escribe en su LinkedIn, donde omite su paso por el servicio público). Y ese posicionamiento de las redes sociales del sucesor de Manuel José Ossandón -y no de la municipalidad- significó un gasto de cerca de $25 millones para el municipio”.

Además, en lo tocante a la contratación de una lobbista, “la arquitecta Iris Vergara Flores trabajó en la municipalidad de Puente Alto desde enero de 2017 hasta agosto de 2018. Su función fue implementar la ley 20.958, de aportes al espacio público, vinculado al desarrollo inmobiliario y el impacto en las calles y barrios. Su sueldo bruto mensual era de $2.711.125. Pero además de esa labor pública, Contraloría encontró dos momentos en los que su cargo chocó con intereses de privados. En el periodo que prestó servicios a honorarios en la municipalidad de Puente Alto, participó como gestora de interés en dos audiencias de lobby efectuadas el 14 de marzo de 2017 y el 11 de enero de 2018, con la señora María Constanza Dyvinetz Pattillo, directora de Obras Municipales de dicho municipio, abordando las materias relacionadas a la recepción del Mall Plaza Puente y Aguas Andinas las Vizcachas, respectivamente, a pesar de estar contratada a honorarios por esa entidad edilicia”.

En 2018 salen a la luz los sobresueldos. El Mostrador señalaba: “El pago de sobresueldos y horas extras infladas en la Municipalidad de Puente Alto es un secreto a voces en la comuna, una de las más populosas del país, que lleva años siendo administrada por la derecha y en particular ahora por el alcalde de RN Germán Codina, otrora delfín del senador Manuel José Ossandón. Ya en el 2013, la Contraloría General de la República realizó un sumario administrativo contra el municipio, tras identificar una serie de pagos por dobles sueldos a funcionarios de planta que también eran contratados a honorarios, y estos mismos aparecen hoy con millonarios pagos por horas extras, que llegan a doblar su renta líquida. A mediados de noviembre, la Escuela de Formación y Observatorio Municipal (EFOM) –organización social que agrupa a vecinos de la comuna– ingresó un requerimiento a la Contraloría tras realizar un análisis a las horas extras que se han pagado a los funcionarios de la municipalidad durante este año, en el que destacaron que existen casi 45 funcionarios municipales de planta, que ganan más de 900 mil pesos de forma mensual, incluso llegando a superar los 3 millones de pesos. La denuncia es revisada en estos momentos por la Contraloría Regional Metropolitana II. Se revisaron las horas extras registradas entre enero y septiembre de 2018 en el portal de Transparencia del municipio que dirige Codina (RN), donde se han pagado más de $1.173 millones equivalentes a 206.986 horas extras a los 245 funcionarios de planta contratados en la comuna”.

Fue, asimismo, bajo su administración que la empresa Cicam obtuvo una licitación para hacerse cargo de las áreas verdes de la comuna. Lo que la Fiscalía aún no se explica es por qué los mismos funcionarios que recibieron pagos figuran depositando a la empresa otros $240 millones. Una de las hipótesis que maneja el Ministerio Público es que se trata de un negocio vinculado a licencias de conducir fraudulentas. Ya se levantó el secreto de varias cuentas bancarias.

Por otro lado, en 2023, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció una nueva querella en el caso llamado Luminarias Led y que ya cuenta con más de 12 municipalidades investigadas por soborno y cohecho a lo largo del país. Esta vez, la acción penal apunta a uno de los hombres de confianza del alcalde Codina, el abogado Christian Gore Escalante, exadministrador municipal de esa comuna y varias veces alcalde subrogante.

Según el escrito la Fiscalía cuenta con dos antecedentes que determinaron que el CDE interpusiera la querella: una declaración que el dueño de Itelecom, Marcelo Lefort, entregó en 2021, poco antes de cambiar su medida cautelar de prisión preventiva por la de arresto domiciliario total; y el levantamiento de cuentas de Gore donde se detectaron 66 pagos en efectivo por un monto de $203 millones que figuran en su cuenta corriente del Banco Security.

-Joaquín Lavín Infante (UDI): exalcalde de Las Condes. La Contraloría General de la República emitió un informe donde constata millonarias irregularidades en la Municipalidad de Las Condes entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, período en el que Joaquín Lavín era alcalde de esta comuna. En el informe final del ente contraloral sobre una auditoría a la Municipalidad de Las Condes, la institución da cuenta de la cantidad de $59.595.096 en gastos ilegales. Esta cifra se divide en boletas improcedentes dirigidas a dos funcionarios municipales, por servicios que ya están considerados dentro de sus labores en contrato. La contraloría también constató que el municipio autorizó trabajos extraordinarios diurnos sobre 40 horas por un total de $17.108.700 y que según detalla en el documento «cuyo fundamento no hace alusión a cometidos de carácter imprevisto, motivado por fenómenos naturales o calamidades públicas, que hagan imprescindible trabajar un número superior al indicado«.

El municipio desembolsó un monto total bruto anual de $27.834.240 por la prestación de servicios a honorarios de un funcionario de la planta municipal, quien desempeña el cargo de jefe (S) de eventos y recreación. El servicio tenía por objetivo «realizar un estudio para la elaboración y preparación de nuevos circuitos turísticos, que beneficien a los vecinos de la comuna de Las Condes, tarea que está implícita en las labores propias de su empleo en el Departamento de Eventos y recreación«, explica la contraloría.

Además, este organismo confirmó que el jefe (S) del departamento de finanzas fue contratado a honorarios, percibiendo el pago de un monto bruto total anual de $31.760.856. El servicio consistía en prestar apoyo técnico en la planificación, elaboración, formulación y análisis mensual del presupuesto «Subtítulo 21 Gastos en Personal» de la Municipalidad de Las Condes. Sin embargo, según precisa la contraloría, esa labor «es inherente a las funciones propias de su cargo», por lo que el pago sería irregular.

También el órgano contralor detectó que tres funcionarios percibieron pago por horas extraordinarias diurnas no realizadas durante los meses de enero y febrero de 2020, por un monto total de $420.618. Asimismo, dieron cuenta de inconsistencias entre el libro de asistencia y el sistema de asistencia municipal, mostrando diferencias entre la cantidad total de horas extraordinarias diurnas y/o nocturnas efectuadas por los funcionarios. Esto generó pagos entre $689.970 y $237.082, lo que según el documento son «situaciones que vulneran lo previsto en el dictamen N°41.111, de 2008, de esta Entidad de Control«.

Otra irregularidad detectada fue en la etapa 1 del proyecto de paisajismo en el Parque Municipal de los Dominicos, con una boleta de honorarios por un monto de $12.435.758 por los servicios prestados. Esta etapa consistía en preparar y entregar un plano de plantación que señalara la totalidad de especies que se incorporan al parque y aquellas que se retiran, incluyendo un set de fotografías de terreno con las especies existentes.

Es necesario recordar que la gestión de Joaquín Lavín como alcalde de Las Condes ha estado bajo la lupa por situaciones similares. En septiembre de 2021, América Transparente tuvo acceso a la nómina de remuneraciones de la Corporación Cultural de Las Condes de los años 2019 y 2020, revelando millonarias remuneraciones a funcionarios de dicha corporación con vínculos políticos y de parentesco familiar. Uno de los casos que menciona la denuncia es el del licenciado en Artes Francisco Court Silva, quien se desempeña como director de la Corporación, cuya remuneración es de $8.409.850 quien contrató a su hijo Maximiliano Court Rivera, como encargado de difusión y redes del Centro Artesanal Los Dominicos, dependiente de la corporación. En cuanto a nexos políticos, Gonzalo Müller, quien fuese uno de los estrategas de la tercera campaña presidencial de Joaquín Lavín y esposo de la exdiputada y secretaria general de la UDI María José Hoffmann, «asesoró» a la Corporación Cultural de Las Condes en el “desarrollo de nuevos proyectos” por casi $2,5 millones mensuales. En total, La Corporación Cultural de Las Condes se encuentra en la polémica a raíz de una denuncia de América Transparente, la que reveló que entre los años 2019 y 2020, se pagaron más $2.000 millones en remuneraciones a funcionarios con nexos familiares y otros con nexos políticos con la UDI y RN.

-Cathy Barriga (UDI): exalcaldesa de Maipú. Corre agosto de 2022 y la Contraloría General de la República entregó nuevos antecedentes sobre la auditoría realizada a la municipalidad de Maipú durante la administración de la exalcaldesa Cathy Barriga.

Según lo que se indica en este nuevo informe, “se verificó que el presupuesto final ajustado al 31 de diciembre de 2020, se cifró en $119.313.870.947, monto inferior a los ingresos devengados en el período, que totalizaron $147.033.720.684, y superior a los percibidos que ascendieron a $115.390.042.891. Un saldo por percibir de $31.643.677.793, hecho que afecta la contabilidad patrimonial, toda vez que representa, eventualmente, ingresos que no serán efectivos, resultado que, además, incide en el saldo por percibir determinado en la ejecución presupuestaria” agrega el documento.

Asimismo, el órgano contralor mandató que el municipio deberá realiza un “sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran asistirles a los funcionarios involucrados en las situaciones representadas“.

-Virginia Reginato (UDI): exalcaldesa de Viña del Mar. Una auditoría forense a los estados financieros de la Municipalidad de Viña del Mar, de junio 2016 a junio de 2021, dio cuenta de millonarias irregularidades en la administración a cargo de Reginato, revelando 63 observaciones correspondientes al pago de horas extras injustificadas, pérdida de más de mil bienes del inventario y el pago excesivo por motivo de arriendos, entre otras anomalías, que generaron “pérdidas” para la municipalidad por más de 100 mil millones de pesos.

“Entre horas extras y los ingresos no recaudados, por no hacer una recaudación efectiva, son cerca de 100 mil millones de pesos”, aseguró la actual jefa comunal Macarena Ripamonti.

Dentro de los activos faltantes, la auditoría reveló un incremento injustificado de montos por arriendo de inmuebles destinados a Seguridad Ciudadana y la administración Deporte y Recreación, respaldados con decretos alcaldicios, pero sin una justificación concreta del incremento.

Además, el informe decretó la falta de más de 1.000 bienes del inventario municipal, entre ellos tres camiones, una motoniveladora y un cargador frontal.

Por otro lado, se descubrió que el municipio pagó un monto total de $22.979 millones en horas extraordinarias (cerca de $4.600 millones anuales), con una altísima frecuencia.

Asimismo, respecto a la gestión de cobranzas, se halló que hubo una baja en la recaudación en los años 2018 y 2019, por la falta de eficiencia y eficacia de las acciones de cobranza aplicadas, lo que impacta en una masa importante de acreencias que el municipio no ha podido ingresar a las arcas, por un total aproximado de $65.699.800.

-Raúl Torrealba (RN): exalcalde de Vitacura. Esta semana se concretó la formalización del emblemático exjefe comunal. La Fiscalía por primera vez detalló en una audiencia pública siete mecanismos que habría liderado durante una década para defraudar en más de $766 millones al Fisco.

El lavado de activos es uno de los principales delitos por los que se imputó a la exautoridad, y para lograr acreditarlo ante el tribunal, las pericias realizadas por detectives de la PDI resultaron esenciales, tal como lo relevó la jueza María Carolina Herrera antes de ordenar la prisión preventiva del imputado Torrealba.

Y es que tras acceder al detalle de las cuentas bancarias de Torrealba y de su esposa, María Soledad Simonetti, y con indicio de que había un delito base de fraude al Fisco, la Unidad Investigadora de Lavado de Activos realizó un minucioso análisis de los movimientos, advirtiendo que había cientos de depósitos en efectivo de “usuarios” que se repetían y que incluso se realizaban por caja o por cajeros automáticos en un mismo día.

Así, por ejemplo, un informe evacuado por la PDI el 1 de junio evidenció que choferes contratados por el municipio habían realizado, entre 2015 y 2021, depósitos consecutivos por un total de $85.600.000. De esta forma los investigadores pudieron concluir que parte del monto total defraudado -$766 millones- era ocultado mediante la descrita maniobra.

Pudieron dilucidar, asimismo, que Simonetti era utilizada como una suerte de “testaferro”, tal como lo expresó el persecutor Jacir en la formalización.

Conforme a aquello, en todo caso, Jacir adelantó que ahora se profundizará en esa línea investigativa para esclarecer fehacientemente el grado de participación de la mujer.

-Jorge Castro (UDI): exalcalde de Valparaíso. En abril de 2018 el Poder Judicial -en su sitio web- informó que fue declarada admisible la querella criminal presentada el jueves 5 de abril de aquel año por el Consejo de Defensa del Estado en contra de quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de fraude al Fisco reiterados y malversación de caudales públicos en el municipio de Valparaíso durante la administración de Jorge Castro.

La acción se realizó a partir de los antecedentes que acumuló la auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso, y donde se cifró un perjuicio patrimonial estimado en $289.350.646. El documento somete a cuestionamiento el pago de arriendo de vehículos no operativos con la empresa Total Transport S.A, la mantención millonaria de equipamiento inexistente, seguros de inmuebles y vehículos sobrevalorados y 129 casos de pago por remuneraciones, en los cuales no existe documento ni antecedente donde se acrediten trabajos realizados, entre otros.

-Nora Cuevas (UDI): exalcaldesa de San Bernardo. El alcalde de San Bernardo, Cristopher White, presentó una querella criminal contra la exjefa comunal y exdiputada UDI, Nora Cuevas, por los delitos de fraude al Fisco, malversación de recursos públicos y desfalco.

Según la acusación presentada ante la Fiscalía local, la entonces jefa comunal y el funcionario de Viñaspre Parvex, Jorge Antonio Ruiz, no utilizaron más de $9 mil millones de fondos destinados a la Subvención Escolar Preferencial (SEP), montos cuyo destino no han detallado ni han reintegrado.

El presunto delito apunta a Cuevas y a Ruiz por su calidad de expresidenta y de secretario general de la Corporación Municipal de Educación y Salud de la comuna respectivamente.

La acción judicial denuncia que el dinero fue utilizado con fines distintos al que estaba destinado originalmente, delitos por los que las otrora autoridades municipales arriesgan 15 años de cárcel.

El documento presentado ante el Ministerio Público está basado en el Informe de Investigación Especial N° 904 de 21 de septiembre de 2017, emitido por la Contraloría General de la República y la Querella del Consejo de Defensa del Estado.

Este reportaje continuará.

Jorge Molina Araneda (@JorgeMolina375)

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