La Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kristi Noem, se encuentra en El Salvador en el marco de una gira por América Latina. En su primera escala, la funcionaria visitó una de las cárceles más grandes y vigiladas del continente, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que alberga a miles de presos, incluidos más de 200 venezolanos deportados recientemente desde Estados Unidos.
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Este grupo de deportados fue trasladado a El Salvador en marzo pasado, como parte de un acuerdo de colaboración entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos. Washington sostiene que los venezolanos están relacionados con actividades criminales, en particular con una banda transnacional de origen venezolano. No obstante, tanto los familiares de los detenidos como el gobierno de Venezuela han desmentido estas acusaciones, asegurando que los deportados son simplemente migrantes indocumentados.
La megacárcel, ubicada en una zona rural del país, es conocida por su alto nivel de seguridad y su capacidad para albergar hasta 40,000 prisioneros. Actualmente, dentro de sus muros se encuentran principalmente miembros de las pandillas locales más peligrosas, como la MS-13 y Barrio 18. Sin embargo, la reciente llegada de los deportados venezolanos ha desatado una controversia, ya que se cuestiona si realmente forman parte de estas organizaciones criminales o si son simplemente víctimas de un proceso de deportación irregular.
La visita de Noem a la prisión forma parte de un recorrido por la región, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación en materia de seguridad, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el crimen organizado y la migración irregular. La funcionaria estadounidense expresó su interés por conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran los detenidos en este centro de máxima seguridad.
Además de su visita a la prisión, Noem tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele, con quien discutirá el aumento de las deportaciones y el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para enfrentar el crimen y la violencia en la región.
El gobierno de El Salvador ha recibido críticas internacionales debido a su estrategia de encarcelamiento masivo y su enfoque autoritario para combatir a las pandillas. A pesar de los elogios que ha recibido de algunos sectores en EE.UU. por su lucha contra la violencia, organizaciones de derechos humanos han señalado que el país se ha convertido en un ejemplo de un modelo de seguridad basado en la represión y la criminalización de comunidades vulnerables. En particular, se ha denunciado que muchas de las personas detenidas en El Salvador son inocentes y han sido enviadas a cárceles sin un debido proceso, lo que aumenta las violaciones a los derechos humanos.
Además, esta colaboración con el gobierno estadounidense ha generado un debate sobre las consecuencias a largo plazo para El Salvador. Si bien la relación con EE.UU. es estratégica para el país, especialmente debido a la importancia de las remesas enviadas por los salvadoreños que viven en ese país, algunos analistas advierten que este acuerdo podría tener efectos negativos si futuras administraciones estadounidenses consideran que las prácticas de Bukele violan los derechos humanos o afectan la cooperación bilateral.
El contexto de esta cooperación también se enmarca en el aumento de las tensiones sobre la política migratoria de Estados Unidos, que incluye la deportación de miles de personas, incluidas muchas que provienen de El Salvador. La administración de Bukele, al mostrar su apoyo a las políticas de Trump, busca evitar que más salvadoreños sean deportados y reforzar los lazos con el gobierno estadounidense.
Mientras tanto, las críticas no cesan, y organizaciones internacionales siguen advirtiendo sobre los peligros de la criminalización masiva de la población y las posibles repercusiones de esta alianza entre El Salvador y Estados Unidos. Aunque el gobierno salvadoreño asegura que su estrategia de seguridad ha sido eficaz en la reducción de la violencia, sigue siendo un tema altamente debatido, tanto dentro del país como a nivel internacional.
Foto: El Ciudadano
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