El pasado 14 de mayo apareció en tabla en el Senado la discusión de la llamada Ley corta de TVN, la que busca ampliar el giro comercial del canal público. El año pasado cuando se aprobó en la comisión la ley corta de TVN, el Observatorio de Medios FUCATEL advirtió sobre la inconveniencia de postergar el estudio de la ley de TVN (ley larga) aprobaba por la Cámara de Diputados que busca precisar la función del canal público, y donde el tema de los medios para que pueda cumplir este rol debería ser tratado inminentemente puesto que resulta claro que el autofinanciamiento obliga a la red estatal a una oferta muy poco diversa de la que ofrecen los canales comerciales. Los senadores presentes en la comisión se comprometieron a ponerla en tabla en un corto plazo. Esto no ha ocurrido y se buscará aprobar la llamada ley corta que, lejos de restablecer su carácter de canal público, iguala a TVN en derechos y obligaciones a la TV comercial.
Resulta lamentable la premura y urgencia que solicitó a los parlamentarios el Ministro Chadwick en el momento de su incorporación siendo Ministro Secretario General de Gobierno puesto que los temas de fondo de la función del canal estatal están asociados a la ley de TV digital. Es absurdo que los senadores tengan que votar beneficios para la TV estatal si no se ha definido su función social. Por ejemplo, en la ley larga se especifica el rol de servicio público para la TV estatal junto con asignársele un segundo multiplex para servir a las TV regionales y la prestación de servicios a terceros. Si no hay una misión de servicio público precisa asociada a este segundo múltiplex, puede prestarse esta asignación para usos comerciales de acuerdo a la definición de la ley corta.
También la ley larga contempla el perfeccionamiento del gobierno corporativo de TVN: la profesionalización del directorio y una mayor representatividad de las diferentes sensibilidades nacionales y sectores sociales, ya no respondiendo a un mero cuoteo político. Este punto es particularmente central si queremos de verdad tener un canal de TV que haga un contrapeso de la TV comercial ofreciendo una real diversidad en su oferta y libre del poder de equilibrios políticos hoy claramente superados .
El Observatorio cree necesario que, conjuntamente con votar la ley corta, se debiera establecer garantías para la tramitación de una ley de TV pública que de coherencia y sentido a lo que se propone en la ley de TV digital. Una TV estatal como la que se consagraría con la ley corta permite a la red pública contratar créditos y acceder a un canal multiplataforma, es decir, adquirir radios, medios de prensa escritos y plataforma de internet, sin que ninguna de estas nuevas adquisiciones quede sujeta a una obligación especial de contribuir al pluralismo, diversidad, y al mejoramiento de la calidad de la TV, radio o prensa.
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