Por: Jorge Molina Araneda
La campaña del terror, la inconsecuencia y la falta de ética ha sido una constante histórica de la derecha en su propaganda para engañar a la ciudadanía. A modo de ejemplo podemos recordar:
En los meses previos al golpe de Estado de 1973, la derecha difundió que el gobierno había paralizado la producción en el país y al día siguiente del golpe los negocios aparecieron con las estanterías llenas de productos que ellos mismos habían escondido.
Dijeron que el golpe de Estado lo daban por el bien de Chile y la resultante fue que un grupo pequeño de empresarios se quedó con las riquezas del país.
Dijeron que los detenidos desaparecidos en Chile no existían, hasta que la verdad comenzó a brotar desde el fondo de la tierra en forma de cadáveres.
Dijeron que la libertad estaba amenazada y ellos la secuestraron por muchos años.
Dijeron que las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos eran producto de la campaña del comunismo internacional, cuando el 98% de las naciones condenaba al gobierno de Chile por esos crímenes en la Asamblea General de Naciones Unidas durante todo el periodo de la dictadura.
Se dijo que si ganaba el NO en el plebiscito de 1988 se desataría el caos y no fue así. Al menos no para los dueños de Chile. Al contrario, los empresarios nunca ganaron tanto dinero como entonces.
La gran mayoría de los derechistas se opone al aborto. Están por la vida, afirman. Al igual que frente al divorcio, pero terminan haciendo lo contrario.
Se declararon defensores de la vida, mientras felicitaban a Pinochet por aniquilarla.
En medio de la explosión social, la derecha acorralada aceptó convocar a un plebiscito para el 26 de abril de 2020. En menos de 40 días ya se habían arrepentido y comenzaron a crear un clima de terror ante la posibilidad de cambios.
De nuevo volvieron los anuncios apocalípticos para Chile, en caso de tener una Nueva Constitución. Regresó el fantasma de “Chilezuela”, mientras miles de venezolanos vuelven a su vilipendiado país. Al parecer, Chile tampoco era tan bueno.
La derecha sostenía que una Nueva Constitución equivalía a “un salto al vacío”, mientras ellos nos impusieron la Constitución de la dictadura a sangre y fuego.
La derecha manifestaba el pretérito año que no era necesaria una Nueva Constitución. Se olvidaron que ellos reemplazaron la de 1925 por la propia. La afirmación se desploma por el peso de la prueba.
La derecha afirma que la Constitución no cambiará la situación de vida de los chilenos. La pregunta entonces es: ¿por qué les preocupa tanto este tema, entonces?
La Constitución de Guzmán y Pinochet le aseguró a la derecha el saqueo de las riquezas del país y le permitió instaurar un sistema económico que toleró la instalación de la maquinaria del despojo ciudadano.
Votar este domingo 7 de mayo por la derecha, implicaría avalar a colectividades políticas que están en la cima de los parámetros de corrupción… Para muestra:
RENOVACIÓN NACIONAL
Sebastián Piñera: https://www.elciudadano.com/chile/prision-para-el-imputado-pinera-38-cargos-contra-el-sanguinario-especulador/04/13/
Raúl Torrealba: El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizará el 6 de junio al exalcalde de Vitacura, a quien la fiscalía le imputará los cargos de fraude al Fisco y de ser el líder de una asociación ilícita que operó en la comuna del sector oriente de la Región Metropolitana.
Quien fuera alcalde de Vitacura entre 1996 y 2021, cuando no pudo repostular al cargo, es investigado por defraudar al municipio durante al menos siete años, los últimos de su mandato.
La investigación que lleva adelante el Ministerio Público reveló que Torrealba mantenía una cuenta en el banco con más de 2.300 millones de pesos y en una segunda propiedad, en la Región de La Araucanía, se encontraron fajos de billetes escondidos en las paredes. Una de las funcionarias municipales de aquella época denunció el caso, asegurando que el exjefe comunal recibía dinero en efectivo de parte del representante legal del Consejo Local de Deportes, Vita Salud y Vita Deportes, Domingo Prieto, quien se transformó en uno de los testigos clave del caso. El pasado jueves, la Contraloría General de la República se sumó a los cargos en contra del exmilitante de Renovación Nacional (RN) y consideró que en su actuar hubo “infracción grave al principio de probidad”.
El ente fiscalizador detectó responsabilidades administrativas en el otorgamiento, pago y rendición de recursos entregados por la Municipalidad de Vitacura a tres organizaciones funcionales: Vita Emprende, Vita Deportes y el Consejo Local de Deportes.
Otros involucrados en casos delictuales son:
Karim Chahuán (Concejal): Robo en lugar no habitado (mall Open Plaza en 2021).
Claudio Eguiluz (Presidente regional Biobío): Emisión de boletas ideológicamente falsas de SQM por 465 millones de pesos en 2017.
Wladimir Pizzaro (Supervisor operador de Drones de la subsecre del delito): Tráfico ilegal de estupefacientes y tenencia ilegal de arma en 2022.
Marcelo Torres (Exconcejal de Maipú): Cohecho y lavado de activos en 2021.
Katherine Martorell (Exsubsecretaria de prevención del delito): La actual comisionada experta por Renovación Nacional enfrenta desde 2020 una investigación por delitos de corrupción en la Fiscalía Centro Norte. Esto, por la adquisición de cámaras personales Motorola para Carabineros, cuando se desempeñaba como subsecretaria de Prevención del Delito en el segundo mandato de Sebastián Piñera, cuya licitación fue declarada ilegal por el Tribunal de Contratación Pública (TCP).
En ese contexto, la exsubsecretaria prestó declaración el pasado 17 de marzo en calidad de imputada ante el fiscal Francisco Ledesma. En el testimonio, de 35 páginas y 111 preguntas, la abogada culpó a la institución policial de los problemas tecnológicos que presentaron los aparatos. Acto seguido, aseguró que la empresa no tuvo ninguna responsabilidad en la implementación.
Los hechos materia de la indagatoria se remontan al 11 de marzo de 2020, cuando Katherine Martorell, como jefa superior del servicio, adjudicó a Motorola la compra de 300 cámaras por $378 millones.
En dicho concurso participaron –además de Motorola– las empresas Axon y Pegasus, las que quedaron fuera de la licitación. Fue precisamente esta última compañía la que reclamó, ya que Motorola no cumplía con la función de pre y postgrabado, requisito ineludible contenido en las bases de licitación. Por esta razón, nunca debió ser elegida, se detalla en la querella que tramita hoy el Ministerio Público. La decisión firmada por Martorell derivó en la presentación de dos recursos –los que fueron rechazados–, aludiendo a que todo estaba en regla. En su versión ante el fiscal, Martorell reiteró que no existió un ilícito en el concurso.
Respecto de su patrimonio, según Martorell, al momento de los hechos investigados, mantenía un departamento, un auto marca Rover y una moto Harley-Davidson.
“A esa época no tenía inversiones. Tenía participación en una sociedad inmobiliaria de mi mamá, que no recuerdo el nombre, pero está en mi Declaración de Intereses, pero no recibía renta de estas. Además, tenía veinte acciones en el Club Sirio, que valen como $200.000”, aclaró.
A mediados de 2022, Martorell se casó con Claudio Pontillo, estudiante mediocre de la Universidad Andrés Bello, exjefe de avanzada del último gobierno de Sebastián Piñera y uno de los coordinadores de la sociedad civil para la campaña del Rechazo en el plebiscito de salida de septiembre de 2022. Junto con él adquirió una casa cuyo valor supera los $450 millones y que mostró en el programa “La Divina Comida”, de CHV. Para la adquisición –a medias con su marido– recibió $50 millones de su mamá como regalo.
UNIÓN DEMÓCRATA INDEPENDIENTE (UDI)
Colectivo que agrupa a doce personas que fueron condenadas u obtuvieron una salida alternativa por emitir boletas ideológicamente falsas o por financiamiento irregular de campañas políticas. Destacan figuras tan visibles como el senador Iván Moreira por financiamiento irregular de la política, o el exsenador Jaime Orpis, quien fue condenado por fraude al Fisco. Además encontramos a:
Pablo Zalaquett (Exalcalde de Santiago): Financiamiento ilegal de campaña política (Sobreseido el año 2019).
Pablo Wagner (Exsubsecretario de Minería): Delitos tributarios y enriquecimiento ilícito en el Caso Penta en 2018.
Giorgio Carrillo (Asesor): Involcrado en caso Corpesca por emisión de boletas en 2019.
Carolina Gazitúa Larenas: Fraude al Fisco reiterado desde 2009 a 2015.
Marianella Ovalle (Jefa de gabinete de la senadora Esperberger): Lavado de dinero en 2018.
Cristian Alvarado (Exalcalde de alcalde de Guaitecas): Malversación de caudales públicos en 2021.
Marta Isasi (Exdiputada): Lavado de dinero y facilitación de boletas de honorarios falsas en 2018.
Pablo José Jansana Soto: Cohecho en 2018.
Manuel Óscar Rodríguez Campillay (Candidato a consejero regional): Delitos tributarios, no se especifican cuales (2017).
Cristián Leay (Exdiputado): fraude al Fisco en 2017.
Gustavo Alessandri Bascuñán (Exconcejal de Puente Alto): Facilitación de boletas ideológicamente falsas en 2018.
Enrique Javier Oscar Gillmore Carmona: Fraude al Fisco en 2017.
De acuerdo a El Mostrador (2023), la UDI lidera el ranking de corrupción de partidos políticos en Chile.
Además de ser una organización adherente al terrorismo de Estado dictatorial perpetrado a partir del 11 de septiembre de 1973, podemos colegir que esta colectividad tiene un historial de perfecta sinonimia con los conceptos de delito, crimen y corrupción:
Colonia Dignidad
“Yo sé que Jaime Guzmán le dio clases a Pablo Longueira, Luis Cordero y Andrés Chadwick en el interior de la Colonia Dignidad. [Ellos] eran adoctrinados en ese lugar, ahí se les formó políticamente, les hacían clases. Jaime Guzmán los instruía y les daba charlas, lo hacía al estilo platónico, se paseaba por los campos dictando clases. Todos ellos sacaron un gran provecho de Colonia Dignidad. Ahora no dicen nada”.
Mónica Madariaga, en entrevista a La Tercera (1997)
Desde la dictadura militar y los primeros años de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán junto con otros futuros políticos como Andrés Chadwick, Pablo Longueira, Hernán Larraín, entre otros, realizaron constantes visitas en la controvertida Colonia Dignidad, organización donde se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, había posesión de armas ilegales, se cometían torturas y desapariciones de opositores al régimen de Augusto Pinochet, junto con el hecho de que Paul Schäfer, era un enfermero de las Wehrmacht quien en juicios posteriores, sería culpable de numerosos abusos sexuales de menores y de ser una figura casi mesiánica en el asentamiento.
Tras el retorno a la democracia, el Presidente Patricio Aylwin presentó un decreto en marzo de 1991 para eliminar la personalidad jurídica que Colonia Dignidad poseía, en calidad de »Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad». Ante esta iniciativa, un total de 17 senadores (todos vinculados con la dictadura militar), entre ellos los UDI Jaime Guzmán y Beltrán Urenda, decidieron recurrir ante el Tribunal Constitucional dado a que consideraban el decreto como inconstitucional; Urenda declaró: »Temo que en este momento no estemos perdiendo la Colonia Dignidad, sino que nuestra dignidad como país”. El recurso presentado por los senadores fue criticado por la Concertación, en la que los diputados Sergio Aguiló y Jaime Naranjo, manifestaron que a la luz de las conclusiones del Informe Rettig, los senadores no podían ocultar las vinculaciones de Colonia Dignidad con las violaciones a los derechos humanos. Aun así, tres meses después, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por estos senadores. Durante ese período, se dio paso a la creación de un »grupo de amigos» a favor de la escuela y el hospital de Villa Baviera, entre los que se encontraban políticos como Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma Correa, Evelyn Matthei, Jaime Orpis, Carlos Bombal, entre otros, quienes evitaron el cierre de ambos edificios en 1994 por parte del gobierno.
En 1996, los senadores Hernán Larraín y Sergio Fernández reaccionaron de forma negativa ante los allanamientos policiales hacia Colonia Dignidad que buscaban arrestar Schäfer; la oposición de los senadores hacia el operativo policial se debía ante una supuesta inconstitucionalidad (la cual fue rechazada por el Tribunal Constitucional) y por los recursos que se gastaban en la persecución del jerarca alemán.
En 1997 Schäfer huyó del país, por lo que se realizaron nuevos operativos policiales en el asentamiento, donde no solo se detuvieron a los colaboradores de este criminal, sino que también se reveló la presencia de numerosas armas de fuego. En cuanto a los colonos alemanes, quienes muchos fueron víctimas de maltratos y violaciones, fueron convencidos de abandonar el enclave, por lo que muchos de ellos se radicaron tanto en diversas partes de Chile como en Alemania. En 1998, y a pesar de todos los allanamientos y descubrimientos de otros crímenes realizados en el lugar, el senador Hernán Larraín junto con numerosos políticos de derecha siguieron negando tales crímenes, acusando los operativos policiales como un »montaje» que buscaba desprestigiar la imagen de Colonia Dignidad.
Sin embargo, cuando finalmente Paul Schäfer fue detenido en 2005 en Argentina, y posteriormente extraditado y encarcelado en Chile, Larraín manifestó su alegría ante la detención del líder de Colonia Dignidad, bajo el argumento de que era necesario detener a un sujeto que había cometido delitos gravísimos, que no era su amigo, y que el hecho de defender la mantención del hospital del enclave era porque en el edificio se atendía a mucha gente de la región. En el mismo período en que Schäfer fue detenido, el exSubsecretario del Interior Belisario Velasco, declaró en una entrevista en The Clinic, que había una inmensa red de protección elucubrada tanto por la derecha chilena como parte de la Iglesia Católica, para evitar que la investigación no llegase a la opinión pública o develara más delitos de los cometidos en Colonia Dignidad. Junto con ello, Velasco sostuvo que esa red de protección continuaba vigente, y que quizás ocultara un enorme anillo de pedofilia, negocios ilícitos y otras violaciones de derechos humanos que aún no se han resuelto en la actualidad.
Caso Penta
A fines de 2014 se hizo público este escándalo por el cual se investigaron financiamientos irregulares a varios políticos de la UDI por parte de Empresas Penta, cuyo dinero de origen dudoso era utilizado especialmente para financiar campañas parlamentarias en las elecciones de 2013. Entre los miembros acusados estaban: Jovino Novoa, Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, José Antonio Kast, Pablo Zalaquett y Ernesto Silva Méndez. Se dictó sentencia sobre Jovino Novoa, quien ya condenado por delitos tributarios a una pena de tres años de pena remitida y suspensión legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, tuvo que pagar además una multa equivalente al 50% de los impuestos defraudados, y el pago de 5 Unidades Tributarias Anuales.
Corpesca
La empresa fue investigada por el financiamiento ilícito que realizó a varios parlamentarios, mediante boletas ideológicamente falsas gestionadas por su gerente general, Francisco Mujica, entre 2009 y 2013, para que los intereses de la empresa se reflejaran en la Ley de Pesca que se estaba tramitando en el Congreso Nacional. Luego del estallido del escándalo, a mediados de 2013, Mujica renunció a su cargo en la empresa. En mayo de 2016, Mujica fue formalizado por la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ana Emilia Ethit, por los delitos de soborno y delitos tributarios reiterados.
La primera de las políticas que fue públicamente acusada de recibir pagos de Corpesca, fue la entonces diputada por Iquique Marta Isasi, quien recibió 25 millones de pesos antes de que la Cámara de Diputados votara la actual Ley de Pesca. En noviembre de 2015, se filtró un intercambio de correos electrónicos entre Mujica e Isasi que confirmó la relación entre la exdiputada —ya que finalizó su mandato en marzo de 2014— y la empresa. En marzo de 2016 Isasi fue citada a declarar a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y posteriormente se fijó audiencia para formalizarla por cohecho y delitos tributarios para el 24 de mayo del año en cuestión, aunque ésta fue suspendida para el 2 de junio por supuesta enfermedad de la acusada. El 2 de diciembre de 2020 fue declarada culpable junto al exsenador Jaime Orpis por el delito de cohecho, siendo este el resultado del primer juicio oral realizado en Chile por financiamiento ilegal de la política. Fue condenada a 50 días de prisión- que ya había cumplido, debido al tiempo que pasó con arresto domiciliario- y el pago de una multa de $20 millones. Además, quedó impedida de ejercer cargos públicos durante un año y cinco meses.
El por entonces senador Jaime Orpis, por su parte, emitió boletas ideológicamente falsas por un monto total de $233 millones. El parlamentario fue desaforado en primera instancia el 14 de enero de 2016, acusado de cuatro delitos: cohecho, fraude al Fisco, delitos tributarios y lavado de activos; días antes había renunciado a la UDI, junto con reconocer el financiamiento irregular de sus campañas políticas. El 29 de abril de 2016, el pleno de la Corte Suprema ratificó el desafuero tras confirmar tres de los cuatro delitos antes mencionados: cohecho, fraude al Fisco y delitos tributarios; fue formalizado el 25 de mayo. En mayo de 2017, la Corte de Apelaciones decidió ampliar su desafuero parlamentario, y continuar con su arresto domiciliario. Tres años más tarde, el 2 de diciembre de 2020, fue declarado culpable junto a la exdiputada Marta Isasi por seis delitos de fraude al Fisco y cohecho. Finalmente, el 16 de abril de 2021, Orpis fue condenado a 5 años y un día de prisión efectiva.
Canchas
En 2015, cuando la PDI hacía pesquisas por el «caso basura» se toparon con una red de corrupción que involucraba al partido de calle Suecia. El entonces alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, habría pedido $10 millones por otorgarle la licitación por unas canchas deportivas a un imputado en la causa anteriormente mencionada.
El polémico diputado UDI, Gustavo Hasbún, fue el encargado esta vez de poner en problemas a su partido ya que el parlamentario se habría visto envuelto en una red de corrupción, cohecho y soborno.
La PDI intervino una serie de conversaciones telefónicas entre la jefa de prensa de la UDI, Claudia Vera, quien intervino en 2014 a favor del empresario Lorenzo Pérez (imputado en el «caso basura»), para obtener la licitación para la construcción de canchas deportivas en Estación Central. La mujer de confianza de la presidencia gremialista las hacía de nexo entre el hombre de negocios con el diputado Hasbún, para que él lograra que el alcalde le diera el contrato de construcción. En las grabaciones Hasbún accedió a reunirse con Pérez para concretar la obtención del contrato municipal. Vera, en paralelo, le aseguró al empresario que el alcalde Delgado estaba dispuesto a darle la licitación, a cambio de $10 millones. Los «pinchazos» telefónicos no acreditan que se concretara la reunión, pero lo que sí es real es que, finalmente, la licitación quedó desierta.
Caso SQM
A comienzos de 2015, mientras se estaba llevando a cabo la investigación sobre el Caso Penta, se descubrió una serie de boletas ideológicamente falsas por $7.5 millones de pesos emitidas por la cuñada del exSubsecretario de Minería Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, cuyo destino era supuestamente SQM, pero terminaron siendo utilizadas para financiar la campaña senatorial de 2009 de Joaquín Lavín. En medio de la investigación se revelaron más financiamientos ilegales a campañas parlamentarias de los años 2009 y 2013, tanto para políticos de la Nueva Mayoría como de la Alianza por Chile. En la Fiscalía de Alta Complejidad, de la Cerda declaró que todo comenzó a comienzos de 2009, cuando Wagner comenzó a solicitarle boletas de honorarios para campañas electorales de la Unión Demócrata Independiente, siendo uno de los paraderos de estas boletas una empresa dirigida por el economista William Díaz, el actor Vasco Moulian, y los UDI Ernesto Silva y Pablo Wagner.
En enero de 2016, la UDI bajo la presidencia del senador Hernán Larraín, se negó a dar declaraciones ante un informe estadounidense contratado por SQM, en el que se constató que el 45% de los pagos investigados en el caso fueron recibidos por el partido. Larraín solo declaró que todo quedará en manos de los tribunales de justicia y que no hay que sacar conclusiones apresuradas, mientras que por otro lado, culpó a la entonces Presidenta Michelle Bachelet por lo que ellos consideraron su falta de gestión en la solución de estos escándalos en la clase política y otros asuntos.
En marzo de 2016 los fiscales Pablo Gómez y Eduardo Fajardo ordenaron la formalización de la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres, bajo los cargos de delitos tributarios por facilitación y emisión de boletas ideológicamente falsas. En el juicio se reveló que entre 2009 y 2013, Cavieres emitió 65 boletas falsas a SQM, bajo un monto total de $271 millones, bajo la solicitud de trece personas ligadas a la UDI. Ese mismo mes, se hicieron públicos unos correos electrónicos donde el entonces senador Pablo Longueira gestionaba una ley redactada por los directivos de la empresa Minera SQM, por la cual le habrían pagado la cifra de $730 millones.
El 23 de septiembre de 2016 un informe realizado por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones logró revelar 42 emisores de boletas ideológicamente falsas de SQM vinculadas con la Unión Demócrata Independiente, las cuales estuvieron ligadas con la secretaria de diversas directivas del partido, Marisol Cavieres, a quien, durante su procesamiento judicial, se demostró que en su agenda habían registros de encuentros y correos electrónicos entre los expresidentes de la UDI Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma Correa, con el exgerente general de SQM Patricio Contesse entre los años 2009 y 2013, y en la que el informe señala »existen registros en la carpeta investigativa de declaraciones de imputados que afirmaron que Marisol Cavieres les solicitó emitir boletas falsas de honorarios de Soquimich. Lo anterior se verificó con los imputados Daniela Cabrera, Marcelo Rivera, Maximiliano Bellolio y Katherine González”. Entre las figuras de la UDI vinculadas en este informe por emisión de boletas falsas y complicidad con los fraudes, además de Novoa y Coloma, se encuentra los exdiputados Felipe Salaberry y Manuel Rojas, los militantes históricos del partido Gonzalo Molina y Andrés Serrano, el exalcalde de Colina Mario Olavarría y el exconcejal de Antofagasta Robert Araya Alquinta.
En octubre de 2016, la exjefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga, autodenunciante por el caso SQM, lanzó el libro Imputada, la historia de la negra tatuada en la UDI, en el que denuncia malas prácticas del partido, así como frecuentes casos de abuso de poder, racismo, clasismo y acoso sexual.
Asipes
El 23 de enero de 2017, una investigación publicada en CIPER hizo pública una conversación vía correo electrónico entablada en 2014 entre Jacqueline Van Rysselberghe y Luis Felipe Moncada, presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), mientras la primera dirigía la Comisión de Pesca y se discutía una ley que beneficiaba al sector de la pesca artesanal, rechazada por Asipes. En estos correos, Moncada le daba indicaciones a la entonces senadora sobre la manera de desenvolverse en dicha Comisión. El antiguo asesor de la senadora, Joel Chávez, en una declaración ante la fiscalía el 4 de agosto de 2016, mientras se investigaba el financiamiento político ilegal facilitado por pesqueras, afirmó además que Van Rysselberghe había estado recibiendo dinero de Asipes desde las elecciones municipales de 2000, en las que salió elegida por primera vez alcaldesa de Concepción. Al día siguiente de la publicación de CIPER, la senadora confirmó la correspondencia con Asipes y Moncada, pero declaró que ésta “no influyó en la labor legislativa”. El 9 de septiembre de 2020 se notificó la decisión de no perseverar respecto de Van Rysselberghe en el Caso Asipes, denunciada por los delitos de cohecho y soborno, la investigación se cerró después de cuatro años sin formalizaciones.
Sede Fantasma
En 2020, Bulnes 80 fue el epicentro de la polémica, luego que el ultraderechista Sebastián Izquierdo publicara un video en donde elabora, en el lugar, escudos y otros elementos violentistas para usar en la marcha del “Rechazo”.
Desde un inicio, la presidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe buscó desmarcarse definitivamente del lugar y de la polémica. “Nunca hubo un contrato de arriendo, nunca hemos pagado un contrato de arriendo nosotros, desconozco quién es el propietario (…). No tenemos ninguna vinculación con la administración de ese lugar”, fueron sus primeras declaraciones.
Sin embargo, el lugar sí era usado por la UDI como sede y oficina comunal. De hecho, la oficina 21 de Bulnes 80 es propiedad de Jaime Gallegos Costa, ingeniero eléctrico y exprofesor del Inacap. El hombre heredó la propiedad en 1992 de parte de Ramón Gallegos Muñoz, su padre. A su vez, la propiedad había sido comprada a Carabineros de Chile en 1962.
Gallegos indicó que comenzó a arrendar el inmueble a Jovino Novoa, alrededor del año 2013, cuando este era senador. Novoa hizo de Bulnes 80 su sede parlamentaria, por lo que el arriendo era pagado por el Congreso Nacional. Una vez finalizado el período de Novoa, el pago y la situación se irregularizó.
Sin contrato y solo con acuerdos verbales, Gallegos le arrendó la oficina a la directiva comunal de la UDI en Santiago. Ellos tenían que pagar $280.000 mensuales. El problema es que, según Gallegos, pidió posteriormente un contrato para formalizar el arriendo, pero eso no ocurrió. Es más, a veces solo le pagaban una parte del arriendo o los atrasos en los pagos constantemente superaban el mes.
Los pagos y el contacto directo de Gallegos con la UDI eran a través de Juan Arce, secretario del comunal de la UDI en Santiago; y Julio Salinas, abogado de la Universidad de Las Américas, exseremi de Bienes Nacionales de la Región Metropolitana. Los pagos eran muy irregulares, pues rara vez se repetían, y no siempre correspondían a la cifra acordada. “Son unos pésimos arrendatarios. Pagan cuando quieren, lo que se les antoja y no siempre el canon de arriendo”, expresaba Gallegos.
El mismo año 2020 parecía cambiar la suerte de Gallegos, ya que la misma Jacqueline Van Rysselberghe se contactó para regularizar el arriendo. En rigor, lo hizo una mujer a nombre suyo, según contó Gallegos, quien le dijo que “quería regularizar el asunto de la oficina. Me dijo que me iba a contactar con un abogado que tenía listo un contrato de arrendamiento. Yo le dije que no tenía ningún problema con eso, pero que se supone que el arrendador es el que pone los términos del contrato, no el arrendatario. Finalmente, no pasó nada”, reconoció.
A esta altura, y con la cantidad de fechorías traídas a colación, no es tan curioso que la inspiración” de este gansteril partido político obedezca, solo de fachada, a un orden moral objetivo inscrito por Dios en la naturaleza humana, que es fundamento de toda civilización.
PARTIDO REPUBLICANO
Tal como planteaba su líder José Antonio Kast en la última campaña presidencial, votar republicano significa estar:
-En contra de la creación de una nueva Constitución Política de la República.
-En contra de la gratuidad de la enseñanza universitaria.
-En contra del matrimonio igualitario.
-En contra del aborto libre.
-En contra de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito).
-En contra de la Ley Antidiscriminación (Ley Zamudio).
-En contra de la identidad de género.
-En contra del feminismo.
-En contra de la educación sexual en los colegios.
-A favor de aumentar la edad de jubilación a 85 años.
-A favor de derogar la ley de aborto por tres causales.
-A favor de eliminar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
-A favor de eliminar el trámite de toma de razón de la Contraloría General de la República.
-A favor de entregar incentivos solamente a parejas casadas, en materias como: herencias, planes de salud, pago de impuestos, etc.
-A favor que Religión sea una asignatura obligatoria.
-A favor de construir una zanja en la zona norte para regular la crisis migratoria.
-A favor de que los servicios relativos al arte e industria cultural junto con los servicios relacionados a la organización de conciertos e interpretaciones culturales, distribución o exhibición de películas, radiodifusión pública, transmisión satelital y por cable quedarán completamente supeditados a las normativas internacionales, privatizando – aún más- la cultura y el acceso a ésta.
-A favor de aumentar las pensiones de las Fuerzas Armadas.
-A favor de indultar a presos de Punta Peuco que tienen ingentes condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico- militar.
Por otra parte, no debemos olvidar sobre José Antonio Kast que las sociedades panameñas Foods & Merchandising Investments Inc y Latin America Real Estate Investments Co. S.A. fueron firmas constituidas el 28 de agosto de 2003 por el abogado panameño Rolando Candanedo Navarro, socio fundador del Bufete Candanedo. En tanto, Austral Inversiones S.A. fue creada días después, el 1 de septiembre, por el mismo abogado. Todas con un capital de US$ 10.000 divido en 100 acciones al portador con un valor de US$ 100 cada una.
Candanedo, quien estudió Derecho en la Universidad de Chile, es un reconocido profesional para varios empresarios locales, quienes suelen contratarlo para constituir sociedades en Panamá. Un reportaje de The Clinic de 2017 informó que el estudio de Candanedo ha creado varias firmas que posteriormente terminaron en manos de empresarios chilenos.
La declaración de patrimonio e intereses que realizó José Antonio Kast después de las tres juntas extraordinarias de accionistas de las firmas panameñas, según la información proporcionada vía solicitud de transparencia a la Cámara de Diputados, data del 8 de octubre de 2013, siete años después. En esa declaración el exparlamentario publicó participación como socio o accionista de 14 sociedades, en las cuales no figura ninguna de las panameñas. La siguiente declaración que realizó el entonces parlamentario tiene fecha de 9 de julio de 2014 y en ella informó tener participación como socio o accionista en 27 sociedades. Varias firmas se repiten en la declaración de 2013. Aquí tampoco hay rastro de las firmas en el extranjero.
Ni José Antonio Kast ni otros miembros de su familia recuerdan cuándo vendieron su participación en Panamá, pero aseguran que el exdiputado no tiene participación en esas firmas. Sin embargo, los papeles en Chile permiten suponer que fue accionista hasta al menos 2014. Ello porque en sus declaraciones de patrimonio de 2013 y 2014 Kast declaraba tener el 10% de Empresas e Inversiones Bavaria Limitada; el 10% de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y el 40% de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada. Pero en esa fecha, y desde 2007, según el historial de esas sociedades que se pueden revisar en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, esas empresas eran controladas por las sociedades panameñas en un 98%.
Kast no era accionista directo de esas empresas, como detallaron sus declaraciones de patrimonio. Y si lo era en términos indirectos, lo era necesariamente a través de las sociedades panameñas. Kast no ha explicado cómo era, según esas declaraciones de patrimonio, dueño de porcentajes que en realidad pertenecían a las sociedades panameñas. A saber, Foods & Merchandising Investments Inc. era la controladora de Bavaria; Austral Inversiones S.A. era la controladora de Linderos; y Latin America Real Estate Investments Co. S.A. era la dueña de San Miguel.
Asimismo, votar por los republicanos es avalar las declaraciones lesivas a la moral y a la ilustración del conocimiento emitidas por el infumable diputado Kaiser, a saber:
Inserto en El Mercurio
En 2019, previo al aniversario del golpe de Estado de 1973, Johannes Kaiser reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas en un inserto pagado en el diario El Mercurio titulado “El 11/9/1973 Chile se salvó de ser como hoy es Venezuela”, generando polémica y controversia ante familiares de detenidos desaparecidos y torturados durante la dictadura.
Pisagua
En videos viralizados se recoge la opinión de Kaiser sobre los fusilados en Pisagua durante la dictadura cívico-miltar, indicando: “Que lo escuchen bien en la Suprema. Estaba bien fusilada esa gente en Pisagua. Bien fusilados (..) Esto no es cualquier cosa, porque les voy a decir una cosa: de toda esa gente que fue fusilada en Pisagua, que las mandó a fusilar tras el Consejo de Guerra el general Forestier, la inmensa mayoría o estaba metida en grupos subversivos o era parte de los carteles de droga que tenían los laboratorios en el norte. O sea, o eran narcos, o eran izquierdistas o eran una mezcla entre las dos cosas”. Ante sus dichos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua emitió un comunicado de prensa cuestionando sus dichos, además de anunciar el derecho a reservarse el emprender acciones legales en contra de Kaiser.
Afiche antiinmigrante
Durante su candidatura a diputado en 2021, Kaiser presentó un afiche antiinmigrante con la frase “el que no aporta se deporta”. Este cartel fue tachado de racista y, además, considerado un plagio a un afiche del Partido Popular Suizo, calificado de xenófobo y de extrema derecha.
Cuestionamiento del sufragio femenino y dichos misóginos y xenófobos
Durante el 23 de noviembre de 2021, días después de las elecciones parlamentarias donde resultó electo, se viralizó un registro audiovisual de una transmisión en vivo por YouTube del año 2016, en donde Kaiser, dentro del contexto de las agresiones sexuales perpetradas en Alemania, realizó declaraciones xenófobas tratando a los inmigrantes de “violadores”; además de cuestionar el derecho a sufragio femenino, argumentando que “lo que pasa es que tienen una especie de esquizofrenia, las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto [a las mujeres] fue una buena idea”. Horas después, resurgieron tweets de Kaiser descritos como misóginos en su cuenta personal, indicando que “por mujeres como usted, no les querían dar el derecho a voto”; “me preguntan por qué no tengo pareja y la respuesta es obvia, ya casi no existen mujeres que quieran quedarse en la casa para servir y dar placer al marido, y para mantener a una weona empoderada prefiero volverme maricón”; “un 62% de las mujeres tiene la fantasía de ser violada”; o “la única razón por la que las feministas querían derecho a voto, es porque como no tenían marido, no podían obligarlos a votar como ellas querían”.
Existe un registro donde Kaiser declara: “Chile está pagando el precio de que le hayan contado a generaciones de chilenos que Chile es el país más desigual y más terrible del mundo, donde todas las mujeres están siendo oprimidas de una forma brutal y bestial – (interrumpido por su interlocutor) y violadas – claro, y violadas, sobre todo las más feas (…) Porque si te habrás dado cuenta ahí hay un grupo de mujeres especialmente feas donde yo realmente diría que si el violador eres tú entonces prácticamente mereces una medalla de honor del Congreso de los EE.UU. por valor ante el enemigo”.
Dichos transfóbicos
Durante una emisión de su programa en YouTube, mientras Kaiser compartía emisión con la diputada electa Gloria Naveillán y la excandidata a diputada Verónica Welkner, ambas en ese momento militantes del Partido Republicano; Naveillán instó a la audiencia a adivinar con quién le tocaría compartir oficina en el Congreso, ante lo cual un usuario respondió “Tú y Joe (Kaiser)”. Ante esto, Kaiser interrumpe a Naveillán indicándole que “pero, ¿sabes cuál va a ser la gracia?, tú vas a tener que compartir baño con Emilia Schneider”, quien es actualmente la primera congresista transexual de la historia de Chile, lo que generó las carcajadas en sus invitadas, inclusive Welkner agregó “yo exigiría baño de mujeres”.
Tras la viralización de los dichos, la propia Schneider indicó en su cuenta de Twitter que “repudio transfobia que exudan representantes de ultraderecha de Kast en este video. No porque se refieran a mí, sino porque humillan a la comunidad. Mofarse de personas trans por ir al baño es infame. Ojalá el candidato diga algo #LaCarasDeLaMoneda. Nuestros derechos peligran!”.
Declaraciones sobre las vacunas
En marzo de 2021, a través de su cuenta de Twitter, Kaiser insinuó que la inoculación con la vacuna Coronavac (del laboratorio Sinovac), sería el factor de aumento de casos de COVID-19, al hacerse un examen PCR, el que saldría positivo, lo cual fue determinado como falso, puesto que el mecanismo de la vacuna funciona con el virus inactivado, por lo tanto, este no se mueve, reproduce ni infecta el cuerpo bajo ninguna circunstancia. En enero de 2022, nuevamente a través de su cuenta de Twitter, expresó “vacuna no reduce transmisión (de Sars-Cov-2)”, lo cual fue desmentido mediante diferentes estudios científicos que han demostrado que el porcentaje de transmisibilidad se reduce merced a las inoculaciones.
En el mes de marzo de 2022 refrendó su ignorancia manifestando que no se pondría las dosis de refuerzo de la vacuna por falta de debate científico y técnico; todo lo anterior a pesar de que la evidencia científica expresa lo contrario.
Fabiola Campillai
Kaiser seguró en un registro audiovisual que la senadora Fabiola Campillai merecía quedar ciega, diciendo literalmente, “la lacrimógena está bien recibida”.
EVÓPOLI
Irregularidades en gastos fiscales y emisión de boletas
El 26 de marzo de 2019, el Servicio Electoral de Chile (Servel) congeló un aporte fiscal de más de $161 millones que iba dirigido al partido, luego de nueve observaciones realizadas desde 2017, en donde se reveló que el partido gastó más de $25 millones en donde no se advierte su relación hacia las actividades del partido, más el cuestionamiento al gasto de un aproximado de $300 mil en comidas (específicamente, tortas, papas fritas, doritos y maní salado), bebidas alcohólicas y cigarrillos. Tras ello, la directiva de Evópoli declaró su versión de los hechos, en donde afirmó que el 90% de aquellos gastos fueron subsanados, pero aun así, Servel no ha confirmado oficialmente si el partido ha cumplido con aquel reparo.
Junto con los gastos ya mencionados, Servel también cuestionó la emisión de boletas de honorarios en 2017, avaluadas en más de $55 millones por actividades que no fueron identificadas por el partido. Entre los destinatarios de estas boletas se encontraban la exministra de Transportes Gloria Hutt (actual postulante a consejera constiticional), el director de Extranjería y Migración Álvaro Bellolio, y la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren.
Apoyo a José Antonio Kast
Tras la derrota del candidato del partido Ignacio Briones en las primarias presidenciales de Chile Vamos, y la posterior derrota del ganador de esta, Sebastián Sichel, en la primera vuelta de la elección presidencial de 2021, se llamó a un Consejo Extraordinario de partido para establecer qué postura tomaría éste de cara a la segunda vuelta. Los consejeros regionales no pertenecientes a la Región Metropolitana, en su mayoría no otorgarían el apoyo total a Kast. Además, se reveló una dura carta escrita por las directivas de las juventudes del partido, donde señalaban su disconformidad de pactar con el Partido Republicano, indicando que “¿Cómo le explicaremos a simpatizantes, militantes y a todos aquellos que ven en Evópoli la forma correcta de hacer política, que quiera formar un pacto con aquellos que se ríen de la diversidad y la denigran? (…) ¿Dónde queda, por ejemplo, nuestro principio número 15 de defender los derechos humanos siempre y sin importar los matices si estamos dispuestos a ir con quienes no son capaces de hablar de dictadura militar”, señalaron en su misiva.
Finalmente, en el consejo, se determinó el apoyo a José Antonio Kast, llamando a votar por él .
Finalmente, este es el epítome y sinonimia de la derecha chilena… Un conjunto de inconsecuencia, delitos e inmoralidad que pretende continuar saqueando el país, mantener las diferencias socioeconómicas y continuar gobernando, cual gatopardismo, con una Carta Magna, matices más, matices menos, ilegítima de origen.
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