Detecta Conagua 116 pozos clandestinos en Puebla; sólo sanciona por 52

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), detectó 116 “pozos clandestinos” de agua en el estado de Puebla entre los años 2014 y 2021; pero sancionó sólo 52 extracciones ilegales que no pagan ningún derecho por usufructuar el líquido propiedad tanto de particulares como de personas morales. De acuerdo con el registro oficial, inmobiliarias y los grandes corporativos quedaron exentos de multas o sanciones, tras registrar el cierre de sus expedientes.

Por ser uno de los delitos contra el medio ambiente más graves cometidos en México, el robo de agua tiene un precio para la Conagua:

• La multa por la construcción u operación ilegal de una perforación, noria o pozo profundo, podría ir de 130 mil 320 hasta 1 millón 738 mil pesos.

En Puebla, la multa más alta registrada alcanza los 169 mil pesos; en siete años, se han recaudado 5 millones 203 mil pesos por sanciones económicas.

Las multas en el estado por pozos clandestinos han sido impuestas a personas físicas y morales concentradas en sociedades de Producción Rural, Comités de Aguas municipales, Unidades de Riego y ayuntamientos, además de sanciones como confiscaciones y clausuras por la sustracción de un bien público y el abuso de un recurso escaso al no pagar los permisos correspondientes.

No así para personas morales: Acabados Internacionales Jaor; Bacardí y Compañía, S.A. de C.V., Desarrolladora Residencial La Serenísima, Elektra de Milenium S.A. de C.V., Forjadores Inmobiliaria, Fraccionamiento Residencial Los Cipreses Azules o Gas Sólido S.A. de C.V.

Tampoco para Harinera La Moderna, Inmuebles Feliz S.A. de C.V., Mercatus Inmobiliaria, Promotora Sadasi, Prosid de México, S.A. de C.V., Servicios Técnicos Metalúrgicos del Sur, Stone Blue, S.A. de C.V. y Técnica Administrativa Estelar, cuyos cierres de expedientes se registraron luego de la visita de inspección y la firme convicción de “que no había nada irregular”.

Carpetazo a 62 usuarios irregulares

De acuerdo con la información pública con los folios 1610100193521; 1610100108221; 1610100193621 la Conagua tiene “debidamente registradas” 116 visitas de inspección a usuarios de aguas nacionales que al momento de la visita no presentaron título de concesión.

De las 116 visitas de inspección sólo en 52 se decretó “Resolución Administrativa con Sanción”, y en un único caso se instruyó la “Resolución Administrativa sin Sanción” para una persona física con un pozo clandestino ubicado en San Pedro Cholula.

En 62 casos se concluyó la visita fiscalizadora con el “cierre de expediente” para 24 personas morales y 38 personas físicas, sin que la Conagua expusiera las razones del carpetazo.

A la fecha se registra un caso pendiente de resolución en un pozo de agua irregular en el municipio de Libres, cuya visita de inspección se realizó el 5 de noviembre de 2020.

Multas concentradas en personas físicas

De 52 pozos clandestinos sancionados no todos se hicieron acreedores a una multa, sólo en 43 casos se impuso una y únicamente 33 fueron clausurados.

• Entre las sanciones se advierte que en cinco casos se registró “Clausura de obra”, y en tres casos hubo “aseguramiento de maquinaria”.

La Comisión Nacional del Agua advierte que la multa por la construcción u operación ilegal de una perforación; noria o pozo profundo, podría ir de 130 mil 320 pesos hasta 1 millón 738 mil pesos (es decir, de 1 mil 502 a 20 mil Unidades de Medida y Actualización), en Puebla la mayor sanción económica registrada ha sido de 169 mil pesos.

Documentos en esta casa editorial dan cuenta de que las 43 multas impuestas en Puebla van de los 86 mil hasta los 169 mil 416 pesos registradas de 2014 a 2021. Se registra un único caso con una sanción económica de 15 mil pesos para un pozo clandestino en Cuautlancingo.

En siete años se ha recaudado 5 millones 203 mil pesos que han sido pagados por 31 personas físicas —con un monto total de 3 millones 840 pesos—, y 12 personas morales, concentradas en sociedades de Producción Rural, Comités de Aguas municipales, Unidades de Riego y obras de ayuntamientos, con 1 millón 363 mil pesos.

• Ninguna empresa o corporación registra sanción alguna.

El mayor delito y el menos perseguido

Integrantes de colectivos y organizaciones como La Asamblea Social del Agua y Agua Para Todos, Agua para la Vida, coincidieron al señalar el desgobierno que en la gestión del agua se tiene en el país como constante histórica. Afirman que las tomas clandestinas y extracciones ilegales, pese a su gravedad, son uno de los fenómenos más desconocidos y poco documentados en México.

Especialistas y defensores del derecho humano al agua aseguraron que en Puebla, como en el resto del país, el delito contra el medio ambiente más cometido, paradójicamente, es el menos perseguido por las autoridades que debieran tener una vigilancia feroz.

Prueba de ello es que la Conagua ha realizado en promedio 16 inspecciones al año a extracciones ilegales en los últimos siete años; una cifra irrisoria si se compara con miles que se estima que podrían existir.

De acuerdo con el registro:

• En 2014 hubo dos visitas de inspección
• En 2015 fueron 8
• En 2016 se registraron 18 fiscalizaciones
• En 2017 se realizaron 36
• En  2018 la cifra cayó a 29
• En 2019 fueron 12
• En 2020 se inspeccionaron 10
• En 2021 apenas se registra una visita.

Llama la atención que la Conagua concentrara sus inspecciones en la zona de cuenca del Balsas, dejando fuera las otras tres regiones hidrológicas de Pánuco al noroeste; Tuxpan-Nautla al norte; Papaloapan al este y sureste.

La región del Balsas en el centro del territorio poblano registró 116 visitas de inspección, según la estadística de la Conagua; los municipios más afectados por extracciones ilegales de agua y tomas clandestinas son Puebla con 28 casos; seguido de Tecali de Herrera con 10, San Andrés Cholula con 8; Santa Isabel Cholula con 5; San Pedro Cholula con 5; y Tehuacán con 5.

Siguen en la lista Acatzingo con 3; Cuapiaxtla de Madero con 6, Cuautlancingo con 6; Huejotzingo con 4; Ocoyucan con 3; y Tepeyahualco con 2, entre una veintena de municipios más.

El agua subterránea: la vida

Esther Galicia Hernández, académica investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), especialista en sistemas de flujos de agua subterránea en la subcuenca Puebla-Tlaxcala, integrante de Agua para Todos, Agua para la Vida y participante activa de la iniciativa ciudadana “Ley General de Aguas”, señaló la falta de seguimiento y monitoreo de las extracciones de agua subterránea en Puebla.

“La gestión de Conagua deja mucho qué desear y se debe pensar en cambiar la estructura de organización-administración actual y sus relaciones con otras instancias de gobierno. La idea apuntaría a fortalecer formas de cogobierno en donde la participación ciudadana sea efectiva, con poder real en la toma de decisiones»

“Para ello será fundamental contar con sistemas de monitoreo en tiempo real y cuya información esté en un formato accesible para el seguimiento, la planeación y toma de decisiones. El monitoreo es sólo para pozos, se tiene que abrir a un observatorio de cuenca en donde se tenga la perspectiva de integralidad del agua subterránea-superficial, funcionamiento de ecosistemas y actividades sociales-económicas prioritarias”

Esther Galicia Hernández
Académica investigadora de la BUAP

Explicó que el agua subterránea es vital porque supone la mayor reserva de agua potable. Puede aparecer en la superficie en forma de manantiales, o puede ser extraída mediante pozos; además de no estar contaminada por residuos o microorganismos como el agua superficial, por lo que debe cuidarse su extracción y gestionar un aprovechamiento responsable.

Refirió que en este momento se desconoce el nivel real de extracción del agua subterránea, y calificó la situación como “delicada”, pues su explotación no tiene efectos visibles, como el agua superficial y no hay dimensión de la circunstancia que se vive al respecto.

Lamentó que a esta incertidumbre se sume la ausencia de información pública y la falta de transparencia, provocando que la carencia de datos detallados impida cuantificar daños que hasta ahora han sido ‘muy conservadores’.

Aseguró que es necesaria una política de regularización y seguimiento de extracciones. “No pensada para sanciones y reducida a multas, sino una verdadera política de cuidado de los acuíferos, un cambio de gestión del agua y con ello un cambio de mirada al agua subterránea”.

Fotos: Agencia Enfoque

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