El colapso del Río Atoyac: crimen ambiental en curso que amenaza la salud pública

El Río Atoyac, que atraviesa Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, es uno de los cuerpos de agua más contaminados del país. Esta situación, lejos de mejorar, parece estar empeorando debido a la inacción y la negligencia de empresas y autoridades. En el centro de la polémica, la concesionaria Agua de Puebla destaca como uno de los principales actores en este desastre ambiental. No solo incumple con su obligación de tratar las descargas domésticas, sino que, a pesar de cobrar a los ciudadanos por un servicio de saneamiento que no cumple, continúa vertiendo desechos sin tratamiento alguno al río.

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Los niveles de contaminantes en el río superan hasta 12 veces los límites permitidos por la ley. A pesar de que se facturan servicios de saneamiento, el afluente sigue recibiendo descargas de aguas residuales sin tratamiento, sumando al río más patógenos y materia orgánica de la que su ecosistema puede manejar.

A esta crisis se suman otras fuentes de contaminación: la industria textil, la química, la alimentaria, e incluso la agricultura. Todas ellas vierten productos tóxicos al río, creando un cóctel letal para el medio ambiente y la salud humana. La situación es tan crítica que estudios demuestran cómo los habitantes cercanos al río sufren graves daños a su salud, entre ellos, el incremento de enfermedades renales, leucemia en niños y adolescentes, y trastornos gastrointestinales.

Puebla es el mayor contribuyente a la contaminación del Atoyac, liberando miles de litros de desechos contaminados por segundo. Si bien otras regiones como Tlaxcala han comenzado a tratar sus aguas residuales, los esfuerzos son insuficientes frente al volumen de contaminación que genera Puebla.

El desastre ambiental del Río Atoyac no es solo un asunto local; es un reflejo del fracaso sistemático de las políticas ambientales en México. Son necesarias políticas públicas más eficaces, que combinen restauración ambiental con prevención, así como normativas ambientales y monitoreo de la calidad del agua mediante un sistema público sin barreras burocráticas.

Este escenario es un grito de auxilio que exige una estrategia interinstitucional seria y eficaz. Sin embargo, la pasividad de las autoridades, sumada a la irresponsabilidad de empresas como Agua de Puebla, no solo perpetúa este daño ambiental, sino que pone en peligro a las comunidades que dependen del río para su subsistencia. La necesidad de un ente coordinador que asegure la participación de la sociedad civil y de las comunidades afectadas es evidente. Sin la participación activa de los afectados y una verdadera voluntad política, los planes de saneamiento serán promesas vacías, condenando al Río Atoyac a un colapso irreversible.

La contaminación del Río Atoyac no es un accidente: es un crimen que se perpetra a la vista de todos. Y mientras las autoridades locales y federales continúan mirando hacia otro lado, las víctimas siguen acumulándose, tanto en la naturaleza como entre los seres humanos que dependen de ella.

Foto: Agencia Enfoque

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