Este jueves 10 de abril, el Tribunal Colegiado de Apelación tomará una decisión crucial sobre la situación del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres. La audiencia, que se celebrará a las 11:30 horas, tiene como objetivo resolver el amparo indirecto 25/2025, interpuesto por la defensa del exmandatario. La cuestión principal que se debate es si Marín debe seguir recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Altiplano o si se le permitirá regresar a su hogar bajo la figura de arraigo domiciliario.
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Este nuevo desarrollo surge a raíz de una decisión judicial tomada en agosto de 2024, cuando un juez modificó la medida cautelar que mantenía a Marín en prisión, permitiéndole salir del penal. Sin embargo, la periodista Lydia Cacho impugnó esa resolución, manifestando su preocupación por el riesgo de fuga del exgobernador. En respuesta a este recurso, el Tribunal del Vigésimo Séptimo Circuito revirtió la decisión, ordenando el regreso de Marín a la prisión de máxima seguridad.
El Cefereso Altiplano, situado en el Estado de México, es conocido por sus estrictas medidas de seguridad. En sus instalaciones, Marín comparte espacio con otros reclusos de alto perfil, y se encuentra aislado de la comunicación con el exterior debido a los rigurosos protocolos del centro.
Por su parte, los abogados de Mario Marín han argumentado que el delito por el que se le acusa, tortura, no justifica la prisión preventiva oficiosa, y que las condiciones de su encierro no son proporcionales a la naturaleza de la acusación. Sin embargo, las autoridades judiciales han señalado que los vínculos políticos del exgobernador podrían representar un riesgo, pues existen preocupaciones sobre su posible evasión. Fuentes cercanas al proceso han mencionado que algunos visitantes que lo han tenido en su poder podrían facilitar su fuga, lo que refuerza la postura de que su permanencia en prisión sigue siendo una medida necesaria para garantizar su comparecencia.
Así, hoy se definirá el futuro inmediato de Mario Marín, y con ello, una nueva página en un proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública y a los actores políticos de la región.
Foto: El Ciudadano
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