La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido intervenir para resolver un conflicto que, más allá de lo jurídico, evidencia la férrea oposición del Poder Judicial a los cambios estructurales impulsados desde otros poderes del Estado. La Corte aceptó ejercer su facultad de atracción para determinar el rumbo del proceso de selección de ministros, jueces y magistrados programado para el próximo 1 de junio, actualmente paralizado por órdenes judiciales contradictorias.
En este escenario, la presidenta de la SCJN, ministra Norma Piña Hernández, firmó un acuerdo que pone de manifiesto el papel del máximo tribunal como árbitro entre las resoluciones de distintos órganos judiciales. Mientras juzgados de distrito han dictado suspensiones para detener el procedimiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sostiene que dichas decisiones no deben ser acatadas por los comités encargados del proceso. Esta tensión refleja una disputa interna que trasciende lo técnico y se adentra en la arena política.
El argumento oficial de la SCJN se centra en resolver lo que denomina una “controversia que impide el ejercicio de las atribuciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF)”. Sin embargo, detrás de este discurso se percibe un aparente afán de proteger sus propios márgenes de operación y autonomía frente a una reforma judicial que busca, según sus impulsores, democratizar un sistema percibido como elitista y desconectado de las necesidades de la sociedad.
La petición de atracción, presentada por el magistrado Wilfrido Castañón León, solicita que la Corte defina cuestiones clave, como la forma en que los comités deben proceder en sus funciones o si las suspensiones dictadas por jueces de amparo son compatibles con el principio de supremacía constitucional. No obstante, esta solicitud también podría interpretarse como un intento de ganar tiempo y perpetuar un statu quo que beneficia a ciertos sectores dentro del Poder Judicial.
Resulta revelador que la ministra Piña Hernández haya designado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para analizar este caso, dado que ya tiene bajo su responsabilidad otras tres solicitudes relacionadas. Mientras tanto, el Comité de Evaluación del PJF acumula 19 días sin operar, alegando acatamiento a las resoluciones judiciales que han frenado el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial para el periodo 2024-2025.
En el fondo, la disputa pone sobre la mesa un debate más amplio: ¿es esta resistencia del Poder Judicial un acto legítimo de defensa de la Constitución o una estrategia para evitar una reforma que amenaza su estructura interna y sus privilegios? La aparente incapacidad del propio Poder Judicial para resolver con rapidez y eficacia los conflictos internos es, en sí misma, un reflejo de la urgencia de cambios estructurales.
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La SCJN ahora tiene en sus manos la tarea de dirimir una contradicción que trasciende los términos legales y afecta directamente la percepción ciudadana sobre un poder que, por años, ha operado en un terreno de autonomía que muchas veces raya en la opacidad. ¿Podrá la Corte garantizar que sus decisiones prioricen los intereses de la justicia y no los de quienes detentan el poder dentro del propio sistema?
La respuesta, más que jurídica, será un mensaje político sobre el rumbo que tomará el Poder Judicial en un momento de transformación histórica.
Foto: Redes
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