La presidenta de México ha confirmado que se presentarán modificaciones a las leyes secundarias sobre desapariciones con el objetivo de establecer de manera clara las responsabilidades de las distintas instituciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas. Estas reformas incluirán una serie de cambios que buscan garantizar que las fiscalías, por primera vez, estén obligadas a alertar sobre desapariciones de forma inmediata, un proceso que hasta ahora no estaba regulado de manera formal. Además, se impondrán sanciones para aquellos funcionarios que incumplan con esta obligación.
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En paralelo, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) recibirá un aumento en su presupuesto, con el fin de fortalecer su capacidad operativa y mejorar la coordinación con las comisiones estatales de búsqueda. Para ello, se pondrán a disposición de todo el país diversas herramientas y recursos, entre los que se destaca un centro especializado en identificación de ADN, que actualmente se encuentra en la Ciudad de México, y que será utilizado en el contexto de la búsqueda de desaparecidos. Este centro, que cuenta con la certificación necesaria, también se utiliza para investigaciones relacionadas con agresiones sexuales.
Una de las principales metas de esta iniciativa es asegurar que las instituciones de investigación nacionales, como las de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puedan colaborar en la implementación de un sistema de búsqueda más eficiente. Además, se fomentará la colaboración entre las autoridades federales y locales para maximizar los esfuerzos conjuntos en la identificación y localización de personas desaparecidas.
Con respecto al presupuesto de la CNB, se indicó que la cifra actual de mil millones de pesos será ajustada para que se asignen los recursos necesarios a las comisiones estatales, permitiendo una búsqueda más especializada y eficiente. A su vez, se contempla la creación de una base de datos única a nivel nacional, que permita integrar toda la información relacionada con las desapariciones y facilitar el acceso a las autoridades encargadas de la investigación.
Otro de los puntos clave de las reformas es la obligación de las fiscalías y otros organismos, como los Servicios Médicos Forenses, de informar de manera inmediata cuando no se logre identificar a una persona fallecida. Esta medida tiene como fin agilizar el proceso de identificación y evitar que personas no identificadas queden fuera de los registros oficiales.
Aunque se había anunciado que las reformas se presentarían de manera inmediata, se explicó que el proceso de revisión y consulta con las víctimas y sus familias ha requerido más tiempo. Sin embargo, se aseguró que las modificaciones serán presentadas el próximo lunes, con la intención de establecer un marco legal que brinde claridad sobre las tareas de cada institución y garantice que se actúe de manera más coordinada y efectiva frente a la crisis de desapariciones en el país.
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