La última semana ha estado marcada por el debate y la incertidumbre respecto al destino del TPP-11 en Chile. En esta línea, se han levantado distintas iniciativas desde diversos sectores de la sociedad para pronunciarse sobre el Acuerdo Transpacífico.
Esta vez, 568 organizaciones ecologistas, sindicales, campesinas y de otros ámbitos de la sociedad firmaron una carta en la que solicitan al Presidente de la República y al Senado que no prosiga la tramitación de este acuerdo, que se enuncia con un tratado de libre comercio, pero que en la práctica beneficia principalmente a las trasnacionales.
En la carta, se señala que el TPP-11 «entrega la soberanía nacional a las empresas transnacionales, estancando nuestra economía, destruyendo nuestra producción nacional y, por tanto, obstaculiza el desarrollo de Chile y limita la garantía estatal de los derechos sociales y de la naturaleza».
Los firmantes de la carta argumentan también que la firma de Chile no sería necesaria, pues este ya tiene tratado con los países que integran el acuerdo. «Con el TPP-11 no se van a reducir significativamente los aranceles para nuestras actuales exportaciones ni va a aumentar el producto interno bruto. Según los estudios de la propia Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile, en el largo plazo tendríamos un crecimiento económico adicional de apenas un 0,12%», señalaron.
El texto continúa señalando que «la aprobación de este tratado (…) limita la acción del Estado respecto de sus empresas públicas (…) la economía chilena quedaría estancada en el modelo neoliberal que se encuentra en crisis, impidiendo la generación de un nuevo modelo económico que dé solución a las problemáticas sociales».
«Otro elemento que limita la soberanía nacional consiste en que las reglas de este tratado se hacen cumplir a través de tribunales de arbitraje internacional, y les da una jurisdicción por sobre los tribunales nacionales. Así, una empresa transnacional que ha invertido acá puede demandar al Estado chileno en el extranjero, si es que implementa una regulación pública que afecta sus expectativas de ganancias. Ello genera una garantía jurídica para las inversiones transnacionales a través de acuerdos que superan el marco legal y el poder de decisión de los países», señalan las organizaciones.
A su vez, los firmantes problematizan que si Chile se integra al acuerdo el país se alejaría, por ejemplo, del derecho a tener un medio ambiente libre de contaminación y del derecho a pensiones dignas. «Creemos que este tratado terminará finalmente empoderando a estos sistemas arbitrales pro-empresas transnacionales en desmedro de los intereses de los pueblos y también de sus intereses nacionales. En este sentido, la estrategia de las cartas bilaterales (side letters) respecto de los sistemas de arbitraje que el Gobierno impulsa resultan insuficientes».
En relación al largo proceso de tramitación del TPP, la carta recuerda que “fuimos miles quienes nos movilizamos a lo largo del territorio nacional, ya que el tratado es tan amplio que toca sensibilidades de miles de habitantes. Hoy miles estamos unidos y en todo Chile exigimos a los senadores y senadoras que escuchen a su pueblo que está alerta. Así, como organizaciones no olvidamos que en todo el proceso el Estado nunca ha levantado información fidedigna relacionada a los perjuicios del TPP-11, es más, toda la tramitación ha sido a espaldas de la ciudadanía, a pesar de haber presentado varios recursos de protección”.
Finalmente, señala que “por todo lo anterior y por el futuro del país, es que las organizaciones aquí firmantes demandamos al presidente Gabriel Boric el retiro del TPP-11 del Congreso y solicitamos a los senadores y senadoras que rechacen continuar con el proceso de tramitación del tratado, para resguardar la soberanía nacional y los derechos de los pueblos, ya que a quienes deben representar es a las comunidades y a las millones de personas que votaron creyendo en sus promesas electorales”.
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