Este sábado se cumplen seis años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la comunidad rural de Ayotzinapa, en el estado mexicano de Guerrero, y los padres y familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia.
Durante una manifestación realizada el viernes frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para reclamar sanciones a los jueces que liberaron a los implicados en esos hechos, Felipe Cruz, vocero de los familiares de los 43, expresó que «no permitiremos que los jueces abusen de su poder».
«Nuestro caso sigue estando en la impunidad. Y aunque hay una nueva voluntad política de este Gobierno, muchas instituciones no parecen caminar en la misma dirección, una de ellas es el poder Judicial, el cual en fechas recientes más que una institución del Estado mexicano que ayude al esclarecimiento, se ha convertido en un verdadero obstáculo para lograr los avances requeridos en la investigación», afirmó.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos confían en que los avances que tiene previsto presentar el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador este sábado junto a su Gabinete, sean detenciones de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello.
“Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, dijo a AP Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, agregó, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.
A su juicio, “no hay duda de que eran parte del esquema» criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los alumnos de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, destacó que existe un avance del 70 por ciento de las peticiones hechas por los familiares de los alumnos desaparecidos, entre las cuales sobresalen la exigencia de la detención de al menos cuatro militares del 27 Batallón de Infantería que habrían estado involucrados en los sucesos desarrollados el 26 y 27 de septiembre de 2014.
«Estamos satisfechos porque hay resultados tangibles, resultado concretos (…) No puedo entrar en detalles, pero puedo decir que hay avances en la línea (de investigación) del Ejército Mexicano”, dijo Rosales.
Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 alumnos desaparecidos, reconoció por su parte que el mandatario mexicano, quien asumió la jefatura de Estado en diciembre de 2018, sí ha escuchado sus peticiones y que se ha avanzado en el caso.
“Esperamos que pronto alcancemos la verdad, saber dónde están nuestros hijos y qué pasó la noche del 26 de septiembre«, subrayó.
El Gobierno Enrique Peña Nieto realizó una controvertida investigación sobre la desaparición de los jóvenes, de la que surgió la llamada ‘verdad histórica’.
La versión oficial indicaba que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales corruptos y entregados a integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero en Cocula, tras acusarlos de pertenecer a Los Rojos, un grupo rival.
La ‘verdad histórica’ había recibido fuertes críticas nacionales e internacionales y en septiembre de 2018 fue rechazada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y tras una orden judicial, se creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, con el fin de encontrar el paradero de los jóvenes.
El Gobierno mexicano asegura tener «nuevas luces» a seis años del caso.
«Contamos con información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche«, indicó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
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